Yahoo Noticias Brazo del "Cártel del Despojo" en Oaxaca alcanza a dueños en CDMX
OAXACA, Oax., enero 22 (EL UNIVERSAL).- El 14 de noviembre de 2019 los dueños de una propiedad en la Ciudad de México y quienes vivían ahí fueron desalojados tras la aparición sorpresiva de un presunto nuevo dueño con una orden judicial de lanzamiento.
En el desalojo participaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, una actuaria del Juzgado Quincuagésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia y un grupo de cargadores contratados por Roberto López Zagal, quien se asumió como el nuevo propietario del edificio ubicado en la avenida Miguel Alemán número 914, colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, valuado en más de 20 millones de pesos.
Las víctimas y sus abogados, tras una serie de investigaciones y demandas, descubrieron que fueron despojadas de su propiedad a través de un notario público ubicado en Oaxaca.
En el estado, tal como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe un Cártel del Despojo que involucra a notarios, actuarios y servidores públicos, quienes incluso están relacionados con homicidios con el fin de despojar de sus casas y predios a ciudadanos, mediante el uso de documentos falsos, supresión y suplantación de identidades, entre otras.
En el despojo participó el notario público número 19, Rodolfo Morales Toledo, en la ciudad de Oaxaca, quien protocolizó en 2018 la escritura pública de una compraventa celebrada entre Tomás Gómez Torres —en calidad de vendedor— y Alberto Patiño Hidalgo, comprador; sin embargo, Tomás Gómez murió el 8 de noviembre de 1962.
Lucha por justicia
Son las 7:00 horas del 14 de noviembre de 2019 y tanto los policías de la Secretaría de Seguridad Pública como la actuaria del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informan a las víctimas que la orden de lanzamiento es contra Celia María Martínez Cruz, una de las poseedoras del predio.
Es entonces cuando se percatan que Roberto López Zagal promovió una controversia de arrendamiento en contra de Martínez Cruz, desconociendo el número de expediente y cuya ejecución versaba precisamente en el lanzamiento efectuado.
Por ello, dos de los afectados, Javier y Lucila Sánchez Gómez, presentaron un amparo indirecto, mismo que les fue concedido el 8 de abril de 2021 por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión número 18/2021. También se les concedió la protección de la justicia para que se restituya la posesión de las fracciones del predio del que fueron despojados.
El Tribunal Colegiado también otorgó un amparo y protección de la justicia en el recurso de revisión 217/2020 a favor de Beatriz Adriana Sánchez Ontiveros y Román Sánchez Ontiveros, habitantes del predio.
Las víctimas sostuvieron que el desalojo fue injusto, porque en escritura del 1 de febrero de 1952, ante la fe del notario Alfredo del Valle Gómez, Tomás Gómez Torres, abuelo de Javier y Lucila Sánchez Gómez, adquirió por medio de una cesión la propiedad de la fracción "A" del terreno ubicado en la que entonces se llamaba avenida del Rosal.
A la fecha de la adquisición, Gómez Torres tenía 60 años.
A raíz del desalojo, iniciaron una investigación para conocer la situación jurídica del inmueble. Por ello, acudieron al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para solicitar la expedición del folio real número 1400876, del predio.
Ahí descubrieron que el 25 de abril de 2018 se protocolizó en Oaxaca la escritura pública número 42,776, tirada ante la fe del notario Rodolfo Morales Moreno, de la supuesta compraventa entre Tomás Gómez Torres, quien llevaba 46 años muerto, y Alberto Patiño Hidalgo en calidad de comprador, lo cual es imposible por obvias razones, por tanto, la anotación registral de esa nueva escritura es ilegal.
De CDMX a Oaxaca
Por esa razón decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Oaxaca, por la cual se abrió la carpeta de investigación 24694/FVCE/OAXACA/2020 CONTROL.- 263/2020. Otro de los hallazgos realizados por la Fiscalía de Oaxaca es que la credencial de elector utilizada como identificación de Tomás Gómez (en su calidad de vendedor) es apócrifa porque no tiene registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ni ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
Sin embargo, el problema para las víctimas no acaba ahí. En octubre de 2020, el comprador Alberto Patiño Hidalgo transmitió la propiedad por donación, a título gratuito, a la persona moral denominada Cachaldora Grupo Jurídico, S.R.L. DE C.V., en escritura pública número 11407 que contiene el supuesto "contrato de donación", tirada por el notario número 198 de la Ciudad de México, Enrique Alemán Pedraza, de fecha 1 de marzo de 2019.
Para las víctimas, es claro que el notario que protocolizó la primera transmisión de la propiedad por compraventa, es decir, el notario de la ciudad de Oaxaca, Rodolfo Morales Moreno, tenía conocimiento que quien decía ser Tomás Gómez Torres no era en realidad esa persona, porque en la foja uno del folio real número 1400876 expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, claramente se señala que al momento de adquirir el predio (en el año 1952) tenía la edad de 60 años.
"Por tanto, a la fecha de la supuesta compraventa el vendedor ya rebasaba los 120 años, situación absurda y fuera de la realidad", indicaron las víctimas.
