Bovo pide a tribunal que desestime demanda en su contra. Calvo vaticina larga disputa legal

En un nuevo episodio sobre el conflicto político y ahora judicial entre el concejal Bryan Calvo y el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo Jr., los abogados que representan al administrador de la ciudad piden que se desestime la demanda que pesa en su contra por falta de méritos.

La demanda del concejal Calvo contra Bovo, presentada el 23 de octubre, alega que el alcalde ha estado “abusando sistemáticamente de su poder”.

De acuerdo con la respuesta oficial de Bovo “la génesis de esta demanda parece ser una diferencia de política respecto a los esfuerzos reformar la división de respuesta a emergencias del 911”.

Una disputa que lleva meses en la palestra pública luego de que el Nuevo Herald revelara deficiencias en el servicio de emergencia.

Los abogados del alcalde aseguran que se abordó el asunto con la asignación adicional de $1 millón al 911.

Sin embargo, esos fondos no han evitado que la perdida de personal avance. Durante el 2023 el Departamento de Emergencia ha perdido siete empleados, según registros públicos obtenidos por el Nuevo Herald.

Cinco empleados habrían renunciado, una fue suspendida por haber sido arrestada por robo recientemente y la más reciente pérdida obedece a la inesperada muerte de una de sus gerentes, Brandi Pameijer, de 48 años, quien era la persona con más experiencia en la unidad, con 27 años de servicio.

En paralelo, el departamento ha logrado contratar a seis nuevos empleados, manteniendo un número de personal similar a como empezó el 2023.

¿Se está inmiscuyendo el tribunal en un asunto político de Hialeah?

La interpretación de la demanda, según los abogados de Bovo, es que Calvo busca “avanzar en su propia agenda política personal a expensas de los contribuyentes de Hialeah”.

Aseguran que la demanda no es más que un intento de Calvo de litigar lo que no puede legislar individualmente.

El concejal Bryan Calvo, derecha, responde preguntas de los reporteros mientras el alcalde Esteban Bovo, izquierda, también responde preguntas de los reporteros después de la votación de la resolución propuesta por el concejal Jesús Tundidor, en la que la Cámara “condenó” a Calvo por demandar al alcalde alegando “abuso sistemático de poder”
El concejal Bryan Calvo, derecha, responde preguntas de los reporteros mientras el alcalde Esteban Bovo, izquierda, también responde preguntas de los reporteros después de la votación de la resolución propuesta por el concejal Jesús Tundidor, en la que la Cámara “condenó” a Calvo por demandar al alcalde alegando “abuso sistemático de poder”

“El demandante (el concejal Calvo) pide al tribunal que se inmiscuya en una cuestión puramente política”, indican.

La moción enumera las razones por las que la demanda debe ser desmeritada:

El tribunal carece de competencia para intervenir en los asuntos legislativos de Hialeah.

El demandante no alega ninguna necesidad real, presente y práctica requerida para respaldar una acción de sentencia declarativa.

El demandante no incluyó una parte indispensable: la Ciudad de Hialeah.

El demandante no tiene legitimación activa para mantener una acción a título oficial.

Las medidas cautelares permanentes solicitadas buscan inadmisiblemente impedir que Hialeah legisle y ejecute asuntos municipales críticos.

Ante estas alegaciones, Calvo respondió a el Nuevo Herald que su demanda solo pide que un juez interprete la carta constitutiva y el código de la ciudad, no que intervenga en el Concejo de Hialeah.

“Nosotros no estamos pidiendo que se intervenga el Concejo legislativo”, dijo Calvo. “Me están prohibiendo legislar”.

De acuerdo con el concejal, para legislar necesita información, hablar con directores, poner temas sobre la agenda, aspectos que él asegura la administración de Bovo no le permite hacer.

El concejal Bryan Calvo, derecha, hizo una exposición de motivos frente al concejo de Hialeah explicando las razones por las cuales había decidido demandar al alcalde Esteban Bovo Jr., alegando “abuso sistemático de poder”, en una sesión especial donde el concejal Jesús Tundidor, propuso una resolución para “condenar” a Calvo por dicha demanda, que fue aprobada sin sorpresa por 6 votos a 1.

“Yo no puedo prevenir unilateral lo que el alcalde pueda hacer, pero hay límites en el gobierno. El Concejo y el público deberían tener acceso a información y la manera que deciden es por base de la elecciones”, dijo.

José Smith, magistrado especial de la Ciudad de North Miami, considera que el alcalde Bovo tiene argumentos convincentes para que la demanda sea desestimada parcial o totalmente.

“Los estatutos y códigos de la ciudad claramente no autorizan a un solo concejal a iniciar sus propias investigaciones sobre el 911. No obstante, el concejal Calvo tiene su derecho, como cualquier otra persona, a realizar una solicitud de registros públicos”, precisó Smith, quien previamente fue abogado de las ciudades de Miami Beach y North Miami Beach.

El experto legal asegura que si bien a Calvo, como concejal, “generalmente se le debería permitir incluir temas de discusión, como lo permiten la mayoría de ciudades, el Concejo tiene el derecho, por mayoría de votos, según el código, de negarse a considerar tales temas de discusión”.

Precisamente, ese Concejo el lunes 6 de noviembre aprobó una resolución para condenar a Calvo por demandar al alcalde, sesión especial que se realizó un día antes de las elecciones generales de la ciudad, donde una de las candidatas del alcalde, Vivian Casáls-Muñoz, perdió sorpresivamente el escaño.

Perspectiva de un largo enfrentamiento judicial

El concejal asegura que los abogados del alcalde están haciendo “un espagueti de alegaciones” un término legal que indica que los abogados lanzan de todo a la pared, con la esperanza de que algo se pegue.

Calvo asegura que no incluyó a la ciudad en la demanda, porque es “el alcalde quien está prohibiéndome hacer mi trabajo”.

El funcionario estima que el alcalde está tratando de dilatar lo más que pueda el tema para no tener que dar una respuesta específica sobre sus acciones y atacar los detalles legales de la demanda que fue presentada en su contra.

Se espera que la audiencia con el juez sea en enero de 2024, quien determinará si los argumentos de los abogados de Bovo son suficientes para desmeritar el caso o si la demanda de Calvo tiene bases para ser analizada.

Cualquier respuesta que dé el juez podría desencadenar en una apelación a todas las instancias existentes, primero ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, que tiene jurisdicción sobre los condados Miami-Dade y Monroe y luego ante la Corte Suprema de la Florida.

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