Boris Johnson se obsesiona con su controvertido plan para deportar migrantes a Ruanda al que se opuso hasta el príncipe Carlos

LONDRES.– Un controvertido plan del gobierno británico de Boris Johnson para expulsar a solicitantes de asilo a Ruanda despertó fuertes críticas dentro y fuera de la isla y se topó ayer con una inesperada traba, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impidió el primer vuelo, al señalar que existía “un riesgo real de daño irreversible” a los migrantes involucrados.

Según un acuerdo firmado en abril entre Londres y Kigali, el gobierno británico tiene previsto enviar algunos migrantes que llegaron a su territorio como polizones o en pequeñas embarcaciones a Ruanda, donde se procesarán sus peticiones de asilo. Si tienen éxito se quedarán en el país africano, en lugar de regresar al Reino Unido.

Migrantes, recogidos en el mar al intentar cruzar el Canal de la Mancha, son ayudados a desembarcar desde un bote salvavidas de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) en Dungeness, en la costa sureste de Inglaterra, el 15 de junio de 2022. (BEN STANSALL/)

Johnson debe comparecer ante el Parlamento para la sesión semanal de preguntas, en la que previsiblemente la oposición laborista sacará a relucir la polémica, después de que la víspera el primer ministro sugiriese que defendiendo a los migrantes los abogados “instigan el trabajo de las bandas criminales” de tráfico de personas.

Los opositores al plan han argumentado que es ilegal e inhumano enviar a cientos de miles de personas a un país en el que no quieren vivir. Los líderes de la Iglesia de Inglaterra también manifestaron su oposición, y calificaron la política del gobierno como “inmoral”. El príncipe Carlos tampoco estaba de acuerdo, según reportes de medios de comunicación británicos.

Según una fuente anónima citada por el diario The Times, el príncipe de Gales “está algo más que decepcionado con esa política. Dijo que cree que todo el enfoque del gobierno es espantoso. Está claro que no le impresiona el rumbo del Ejecutivo”.

El director general del Consejo de Refugiados, Enver Solomon, señaló que la amenaza de deportación del gobierno británico no serviría para disuadir a quienes buscan seguridad en Gran Bretaña. “El gobierno debe recapacitar inmediatamente manteniendo una conversación adulta con Francia y la Unión Europea sobre el reparto de responsabilidades y buscar el funcionamiento de un sistema de asilo ordenado, humano y justo”, aseveró.

Unos manifestantes sostienen pancartas mientras se reúnen frente al Ministerio del Interior en el centro de Londres el 13 de junio de 2022, para manifestarse contra la intención del gobierno británico de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda. (NIKLAS HALLE'N/)

Condena mundial

La agencia de la ONU para los refugiados condenó el plan, expresando preocupación de que otros países sigan su ejemplo en momentos en los que la guerra, la represión y los desastres naturales obligan a un número creciente de personas a abandonar sus hogares.

Los activistas han señalado que el plan es un ataque contra los derechos de refugiados que la mayoría de los países han reconocido desde el término de la Segunda Guerra Mundial.

El programa electoral que en 2019 dio a Johnson el mejor resultado del Partido Conservador británico en 40 años incluía el compromiso de “actualizar la Ley de Derechos Humanos y el derecho administrativo para garantizar que haya un equilibrio adecuado entre los derechos de las personas, nuestra seguridad nacional vital y un gobierno eficaz”.

La muy conservadora ministra del Interior, Priti Patel, comparecerá el miércoles ante los diputados, “determinada” a encontrar el modo de implementar su programa.

”Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada sobre este vuelo y la preparación para el próximo vuelo empieza ahora”, anunció ya el martes.

La ministra del Interior británica Priti Patel. (ALBERTO PEZZALI/)

Giro dramático de último minuto

Afirmando querer desalentar los peligrosos cruces marítimos de clandestinos desde las costas franceses, que no dejan de aumentar, Patel anunció a mediados de abril un acuerdo con Ruanda, país africano a 6500 km de Londres, para que acogiese a migrantes y solicitantes de asilo llegados al Reino Unido de forma ilegal. En un primer momento, Londres debía pagar unos 157 millones de dólares a Kigali para financiar el programa.

Un portavoz de gobierno ruandés declaró este miércoles que su país sigue comprometido a acoger a los migrantes enviados por Reino Unido tras la cancelación del primer vuelo previsto el martes.

”No estamos disuadidos por estos acontecimientos. Ruanda continúa completamente comprometida a hacer que esta alianza funcione”, dijo a AFP la portavoz gubernamental Yolande Makolo.”Ruanda sigue preparada para recibir migrantes cuando lleguen y ofrecerles seguridad y oportunidades en nuestro país”, añadió.

Un Boeing 767 está aparcado en la base de Boscombe Down del Ministerio de Defensa, que se cree que es el avión que llevará a los solicitantes de asilo del Reino Unido a Ruanda. (SIMON WOHLFAHRT/)

El primer ministro británico también había defendido enfáticamente el plan, alegando que era una forma legítima de proteger vidas y frustrar las actividades de organizaciones criminales que trafican migrantes a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. En los últimos años, Reino Unido ha registrado la llegada ilegal de migrantes de países como Siria, Afganistán, Irán, Sudán, Irak y Yemen.

El primer vuelo, contratado según una de estas asociaciones a la aerolínea española de chárters Privilege Style, debía partir el martes por la noche.

Más de 130 migrantes –de sirios a afganos, pasando por albaneses o egipcios– fueron notificados de su próxima expulsión a un país con un preocupante balance en materia de derechos humanos, según la ONG Care4Calais.

Algunos de ellos presentaron recursos judiciales individuales, ayudados por asociaciones y abogados que intentaron también un bloqueo legal al programa en su totalidad.

Del viernes al lunes, varios jueces británicos rechazaron los argumentos generales dando luz verde al plan gubernamental, pero aceptaron casos concretos reduciendo poco a poco el número de pasajeros previsto en el primer vuelo, que el martes por la mañana ya eran solo siete.

Patel afirmó que pese a todo el avión, con un costo estimado por la prensa en 250.000 libras (300.000 dólares) de dinero público, despegaría para establecer el “principio” de esta política “disuasoria”.

Sin embargo, en un dramático giro de último minuto, uno de los siete migrantes, procedente de Irak, logró que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, bloquease su expulsión, temporalmente hasta que se analice a fondo la legalidad de la medida.

Esto provocó una inesperada aprobación en cadena de congelaciones para los otros seis y el vuelo acabó siendo cancelado pasadas las 22 hora local, para enojo y humillación de un gobierno británico que desde el Brexit intenta distanciarse a toda costa de la justicia europea.

Uno de los principales argumentos para la salida británica de la Unión Europea, decidida en 2016 pero efectiva solo desde enero de 2021, fue el control de la inmigración. Y el plan de expulsar a los clandestinos a Ruanda es muy popular entre buena parte de los votantes conservadores de Johnson, que, cernido por múltiples escándalos, busca relanzar su popularidad y reconquistar al electorado de cara a su reelección en 2024.

Agencias AFP y AP