La mafia que crece tras un privilegio migratorio de los cubanos

Mientras se preparan cambios importantes en materia de inmigración motivados por la reciente acción ejecutiva del presidente Barack Obama –que nominalmente concede protección temporal contra la deportación a unos 5 millones de indocumentados bajo ciertos requisitos– y la mayoría republicana en el Congreso vota medidas para tratar de frenar esa posibilidad, muchos ojos comienzan a voltear con énfasis hacia una peculiar anomalía en la política de inmigración estadounidense: el caso de Cuba.

Eso es lo que realizó con amplitud el periódico ‘Sun Sentinel’, de Florida, en una extensa investigación cuya premisa principal es que las condiciones especiales en materia de inmigración de la que gozan los cubanos, gracias a la llamada Ley de Ajuste de 1966 y a la relajación de las restricciones a los viajes y envío de dinero a la isla establecidas recientemente, han catalizado que cubanos que delinquen en Estados Unidos puedan refugiarse en Cuba con sus ganancias ilícitas, e incluso viajar constantemente de un país a otro en un fenómeno que constituye una práctica frecuente.

El periódico incluso afirma que la facilidades que otorga la ley de 1966 –residencia permanente tras pasar un año y un día en el país y, con ello, acceso a muchos beneficios– y el hecho de que a los cubanos se les permite viajar de vuelta a la isla, y luego regresar a Estados Unidos sin perder su estatus legal, ha dado pie a que un creciente número de cubanos –incluso organizados en bandas criminales- aprovechen esas circunstancias para cometer fraudes en EEUU y luego regresar a Cuba, donde por lo general están fuera del alcance de la justicia estadounidense. Si no son descubiertos, ese ir y venir puede ser constante, y con él fluye también un considerable caudal de dinero de Estados Unidos hacia la isla.

El ‘Sun Sentinel’ afirma que la política de inmigración de Estados Unidos hacia Cuba –que en sus comienzos se dictó en la lógica de la Guerra Fría y a la que el periódico le atribuye fundamentos de índole humanitario y político– ha sido explotada descaradamente por los criminales al grado de que individuos originarios de Cuba han cometido fraudes en Estados Unidos que, en los últimos 20 años, alcanzarían más de $2,000 millones de dólares.

Un flujo notorio

No es nuevo que cubanos residentes en Estados Unidos, y en especial en Florida, se involucren en delitos –en específico en fraudes a Medicaid y Medicare, a compañías de seguros de autos y a otras instituciones– pero la posibilidad de ir y venir entre el país y la isla ha agudizado ese fenómeno y propiciado esquemas delictivos de envergadura que van más allá de la acción de un individuo aislado, según afirma el ‘Sun Sentinel’.

Por ejemplo, el mencionado periódico cita como ejemplos de esa explotación de la normatividad casos como el fraude calculado en $18 millones que se realizó en clínicas de Palm Beach y Miami Dade, en el que habrían participado más de 100 personas, la mayoría de origen cubano. En él, se fingieron accidentes de autos para cobrar a las aseguradoras el costo de tratamientos por lesiones que nunca existieron. Los dirigentes de esa operación fueron inmigrantes cubanos que viajaban constantemente entre Estados Unidos y Cuba llevando consigo, en cada viaje, parte de las ganancias obtenidas en sus operaciones fraudulentas. Uno de los cabecillas de la operación incluso viajaba a Cuba desde Florida con intensidad: cada 15 o 20 días, según un testigo citado por el ‘Sun Sentinel’. 

En esa y en otras operaciones similares, se reclutaba a inmigrantes cubanos recientes para participar en los fraudes y en otros delitos a cambio de una parte de las ganancias, que muchas veces era solo una pequeña parte de ellas, quedando la mayoría del dinero en manos de los conspiradores principales. Muchos, incluso, lo aceptan como una forma de hacerse de dinero rápido para enviarlo a sus familias en Cuba o incluso para volver con sus ganancias a la isla, donde la posesión de algunos miles de dólares permite vivir en condiciones inalcanzables para los que residen allá. La improbabilidad de que las autoridades estadounidenses los alcancen en Cuba facilita ese fenómeno.

Otros periódicos han documentado casos similares. El  ‘Miami, Herald’ por ejemplo, publicó la revelación de un esquema que, de acuerdo a las autoridades, defraudó $31 millones a Medicare con cobros fraudulentos de tratamientos contra el VIH y equipos médicos y luego canalizó ese dinero hacia bancos en Cuba. Oscar Sánchez, un cubano nacionalizado que fue identificado por la fiscalía como uno de los cerebros de la operación, realizó 78 viajes a Cuba en 10 años. El ‘Herald’ añade que gran cantidad de fugitivos por crímenes en Estados Unidos han escapado a Cuba, y la mayor parte de ellos son cubanos.

Viajes y refugios

El ‘Sun Sentinel’ también señala que la relativa facilidad de ir y venir entre Cuba y Estados Unidos, gracias  a la flexibilización en materia migratoria emprendida por ambos países, ha sido ampliamente aprovechada por grupos delictivos. La intención de permitir ese ir y venir, al menos desde la perspectiva del gobierno estadounidense, es que la ampliación de la comunicación y los contactos entre la isla y el exterior propiciarán poco a poco cambios sociales y de actitud que, a la larga, contribuirían a la democratización de Cuba.

Pero lo cierto es que, por lo general, los inmigrantes cubanos originales, los que llegaron en las primeras oleadas en las décadas de los 60 y 70 no ven con buenos ojos que los cubanos vayan y vengan con tal intensidad entre Cuba y Estados Unidos. Muchos consideran incluso inaceptable volver en tanto se mantenga el régimen castrista. Pero, como indicó el ‘Sun Sentinel’, para los inmigrantes recientes las cosas son distintas, no tienen esos reparos y mantienen intensos lazos familiares con sus parientes en Cuba. Algunos de ellos, así, caen en la tentación de participar en esquemas delictivos para hacerse de cierto dinero fácil para enviar, o con el cual volver a la isla por un tiempo, hasta que decidan regresar y retomar el ciclo. Es un síntoma de que mucho de la inmigración cubana actual a Estados Unidos tiene cada vez con mayor intensidad una motivación económica y no necesariamente política.

Además, muchos de los participantes y de los dirigentes de operaciones criminales en Estados Unidos logran refugiarse en Cuba para vivir allí con despreocupación, lejos de la mano de la justicia. Algunos lo hacen tan pronto salen de prisión al pagar una fianza, para escapar de ser procesados en un juicio, según señaló el ‘Sun Sentinel’.

El periódico logró además, mediante una investigación intensa, ubicar en Cuba a varias personas acusadas de haber cometido delitos en Estados Unidos, algunos simples operadores, otros peces más gordos. Uno de ellos, Ángel Ricardo Mendoza, fue acusado de robar en Estados Unidos un camión con $45,000 en monedas de 5 centavos. El periódico lo halló viviendo humildemente en Cuba y el hombre incluso reconoció su robo, aunque añadió que sabe que no debería haberlo cometido.

Otro cubano, Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, acusado de cargos de lavado de dinero de $238 millones, estaría también refugiado en la isla. El ‘Sun Sentinel’ visitó su casa, que podría considerarse lujosa en Cuba, y que según el periódico es propiedad de Pérez de Morales.

Una persona más, Livan Moya Tagle, fue encontrada por el periódico en Cuba. Moya Tagle tiene acusaciones por fraude con tarjetas de crédito calculado en $1 millón. Moya Tagle afirmó ante el periódico que robó para alimentar a su familia, y añadió que cree que el gobierno estadounidense es "ingenuo" por pensar que los cubanos que salen de Cuba odian al gobierno de la isla. Moya Tagle afirmó de modo directo que fue a Estados Unidos para robar.

Soluciones improbables

Ciertamente, sólo una pequeña fracción de los cubanos inmigrantes en Estados Unidos se involucran en delitos, si bien el alcance de ese ‘flujo delictivo’ entre la isla y el país es considerable. Pero aunque es claro que autoridades y legisladores tienen claro que ese fenómeno criminal se ve estimulado por las circunstancias peculiares de la relación de Estados Unidos con Cuba y de las leyes migratorias y las regulaciones de viaje aplicadas a los cubanos, hasta el momento no se han dado pasos suficientes para cortar esa situación.

Incluso el senador Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, aceptó desde hace ya tiempo que podría ser necesario volver a examinar la Ley de Ajuste de 1966, aunque aún no está claro cómo ni cuándo se realizaría esa revisión, ni cuáles serían sus alcances.

Otros legisladores, como Mario Díaz Balart o Ileana Ros-Lehtinen, también han declarado que esa ley necesita cambios, según afirmó el periódico ‘Tampa Bay Times’.

Pero es posible que nada de eso cambie en el corto plazo, considerando que el peso electoral de los votantes y políticos cubanos es aún considerable en Florida, un estado que sigue siendo clave en la balanza del poder a escala nacional, y que lo será de modo enfático en las elecciones presidenciales del 2016.

Por otro lado, que cubanos cometan fraudes contra Medicare o aseguradoras tiene un catalizador en las peculiaridades mencionadas, pero buena parte de este fenómeno no tiene que ver con la nacionalidad de quien delinque, sino principalmente con las características mismas del sistema, que muchos explotan ilícitamente. Así, como lo señaló ‘The World Street Journal’ en un reportaje a finales de 2014, la falta de una inspección adecuada de los centros que ofrecen servicios que luego se cobran a Medicare propicia que se cometan fraudes a ese sistema vía clínicas ficticias y/o tratamientos innecesarios que no son detectados oportunamente.