Los abusos que sufren inmigrantes legales con trabajo temporal en EEUU

La problemática y el debate sobre la inmigración indocumentada en Estados Unidos, los programas presidenciales para atenderla (como el DACA para ciertos jóvenes y el DAPA para ciertos padres de ciudadanos y residentes) y las tensiones políticas en torno a ello acaparan la atención y la crítica. Pero hay otros inmigrantes, que llegaron legalmente al país, incluso ‘invitados’ por empresas y avalados con visas temporales, que enfrentan también problemas y abusos, sin que las autoridades estén plenamente capacitadas para atenderlos.

Se trata de los trabajadores temporales que llegan al país con visas H-2A o H-2B, para laborar en la agricultura, en el primer caso, o en ciertas industrias de servicios, en el segundo. De acuerdo a un reporte de la Oficina de Fiscalización Gubernamental (OFG), 250,000 inmigrantes –la gran mayoría mexicanos– entraron al país legalmente con visas de trabajo temporal entre 2009 y 2013. Ciertamente no todos ellos padecieron irregularidades o abusos, pero sí han existido numerosos casos de ello que motivaron una indagación de la OFG que, a grandes rasgos, concluye que es necesario establecer mayores protecciones para los trabajadores extranjeros temporales. Adicionalmente, la OFG realizó su estudio para identificar el riesgo de casos de explotación laboral y tráfico de personas vinculado a estos.

Uno de los principales abusos que se ha documentado es que empleadores o intermediarios cobran tarifas a sus trabajadores o a candidatos a serlo para cubrir costos de reclutamiento o de los trámites para obtener su visa, cargos que no están permitidos. Incluso se dan casos de fraude en los que trabajadores pagan a presuntos empleadores o intermediarios por obtener la visa y al final no la reciben, pues no existía en realidad ninguna oferta de trabajo. En otros casos, los trabajadores reciben su visa y viajan a Estados Unidos, pero se topan con que el trabajo que les habían ofrecido no existe o es distinto a lo que se les había informado. En muchos casos los trabajadores no reciben contratos y por ello quedan en la incertidumbre en lo relacionado a montos de salario y otras condiciones.

Otros abusos documentados por la OFG se dan una vez que el trabajador inmigrante asume su puesto laboral. Por ejemplo, se dan abusos en el pago de salario o en las deducciones que se les hace a los trabajadores, y en ocasiones no se les ofrece el alojamiento prometido o las condiciones de seguridad en el trabajo no cumplen los mandatos legales. Aunque no existen datos completos para saber el total de personas que han sufrido esos abusos, el reporte de la OFG cita cientos de casos, la mayoría vinculada a problemas con el pago de salarios o las condiciones de alojamiento y transporte.

Con todo, es difícil atacar el problema de esos abusos, en parte porque muchos de los inmigrantes que los padecen prefieren no denunciar por miedo a sufrir represalias, pues sus visas solo les autorizan para trabajar para el empleador que los trajo al país y están en riesgo de quedarse sin trabajo o de no recibir nuevas oportunidades si se quejan. Y aunque ciertamente las autoridades estadounidenses, tanto en el país como en los consulados de EEUU en México, realizan esfuerzos para informar y prevenir abusos que han tenido efectos positivos, aún hay insuficiencias: las autoridades no siempre detectan a empleadores inelegibles para contratar trabajadores temporales y la supervisión en cuestiones de salarios y seguridad laboral es limitada.

Por otro lado, aunque existen recursos para asistir a víctimas de abusos y de tráfico de personas, y se ha obligado a numerosos empleadores a pagar salarios retenidos y multas y a ofrecer otros remedios, la falta de abogados que apoyen a los trabajadores afectados limita mucho sus posibilidades legales. Y el hecho de que por ley la gran mayoría de las irregularidades en este ámbito prescriban a los dos años impide en muchas ocasiones a las autoridades tener el tiempo suficiente para investigar y procesar casos y muchos se quedan sin resolver. Este punto legal en particular debe ser evaluado, pues sería un parapeto usado por empleadores abusivos.

Además, de acuerdo a la OFG, las autoridades de Seguridad Nacional no tiene información digitalizada y estandarizada sobre las ocupaciones específicas que estos inmigrantes temporales realizan, por lo que no existe conocimiento completo sobre los detalles de su labor en Estados Unidos y, por ende, no hay plena certidumbre de qué es lo que realizan muchos de esos trabajadores ni se conoce el panorama completo de los riesgos y abusos que enfrentan. Así, el gobierno debe apoyarse en muchas ocasiones en organizaciones no gubernamentales y otras instituciones para estudiar y dar seguimiento al problema.

Y aunque la OFG da recomendaciones para mejorar la respuesta institucional ante este asunto, es claro que los trabajadores temporales con visas H-2A y H-2B se encuentran entre los más desprotegidos del país, pese a que su estatus es totalmente legal.