El año de la igualdad matrimonial y los derechos de los homosexuales

En junio de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo de repercusiones trascendentales para el país y cuyos efectos, en realidad, apenas comienzan a resonar a escala nacional. Por 5 votos a favor y 4 en contra, una decisión muy cerrada, el máximo tribunal determinó que la Constitución garantiza el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Como en su momento lo difundió The New York Times, el argumento del juez Anthony Kennedy, que escribió el dictamen que obtuvo la mayoría de los votos, incluyó los conceptos clave de que el matrimonio “es piedra angular de nuestro orden social” y que la libertad y la equidad en el acceso al matrimonio, sin que medie el sexo o la orientación sexual de los consortes, no pueden ser negados.

La determinación causó júbilo en el movimiento por los derechos de la comunidad LGBT, que por años ha luchado por ese derecho, que sólo se había garantizado en ciertos estados y ciudades, y estuvo en sintonía con la opinión mayoritaria de la sociedad estadounidense, que en menos de una década revertió una percepción negativa hacia el matrimonio homosexual y actualmente lo avala por amplio margen.

De acuerdo a datos históricos de encuestas de Gallup, por ejemplo, en 1996 sólo el 27% consideraba que el matrimonio homosexual debía ser considerado válido, frente a 68% que opinaba lo contrario. Para 2012 esa relación se había invertido, con 50% a favor y 48% en contra. Y en mayo de 2015, poco más de un mes antes del fallo de la Corte Suprema, 60% consideraba que el matrimonio gay debía ser validado contra 37% que lo rechazaba.

La magnitud del cambio puede también verificarse en la progresión, a nivel de estados, en los que el matrimonio gay ha sido validado a lo largo de los años. Así, de acuerdo a datos del Pew Research Center, en 2002 el matrimonio homosexual no solo no era legal en ningún estado, sino que comenzaron a aparecer prohibiciones explícitas, a nivel de reglamentos e incluso de constituciones estatales.

Con todo, en 2003 la Corte Suprema del estado de Massachusetts avaló el matrimonio gay y con ello comenzó un proceso de fuertes vaivenes y antagonismos, con algunas ciudades realizando bodas de homosexuales y cada vez más estados prohibiéndolo explícitamente. En 2008, por ejemplo, mientras en Connecticut el máximo tribunal reconoció esas uniones, en California los votantes echaron abajo una resolución judicial a favor del matrimonio gay. Con todo, para 2014 ese derecho había sido ya sido reconocido en una treintena de estados y el fallo a nivel nacional de 2015 no hizo sino ampliar esa tendencia.

Así, casi seis meses después de la histórica decisión, se han celebrado en el país cerca de 100,000 matrimonios gay y cada vez más parejas del mismo sexo que viven juntas han optado por los votos matrimoniales: el 45% de esas parejas están ahora casadas, según cifras de Gallup.

Pero esto no quiere decir que la lucha por la equidad y contra la discriminación por razones de orientación sexual ha terminado. En realidad apenas comienza y tiene ángulos y lides diferentes.

Uno de los fenómenos más combativos es el de la llamada "restauración de la libertad religiosa", que se fundamenta, para sus promotores, en que la Primera Enmienda de la Constitución prohíbe al estado establecer una religión o prohibir el libre ejercicio religioso en el país.  Esta provisión ha sido interpretada como que el estado no puede imponer a la gente una carga o una obligación que vaya en contra de su libertad religiosa, específicamente entendida en el caso del matrimonio gay (pero también en otros asuntos, como por ejemplo la concesión de seguros médicos con acceso a opciones contraceptivas) como que no se puede forzar a las personas a sancionar actos o situaciones que sean contrarias a sus creencias religiosas.

Y dado que para gran cantidad de iglesias el matrimonio gay, y en general las relaciones homosexuales, son tachadas de pecaminosas, ello ha dado pie a incluir el asunto en ese debate sobre la restauración de la libertad religiosa en el país.

Un caso particular se desató a principios de año en Indiana, incluso antes del fallo nacional de la Corte Suprema. Allí se aprobó una ley que justamente protegía a la gente de ser abrumada sustancialmente en su ejercicio de la religión. Y aunque leyes similares se han establecido con anterioridad, la de Indiana se dio en el contexto del gran debate sobre el matrimonio gay y sus expresiones fueron evitar que personas que rechazaran proveer productos o servicios a bodas gay pudieran ser por ello sancionadas. Con todo, esa norma fue interpretada como la concesión de un derecho para discriminar y el debate en torno a si servir comida en una boda gay es realmente una afectación del derecho de una persona a profesar la religión que quiera se catalizó. Mientras grupos conservadores consideran válido ese tipo de objeciones, otros critican que ello va más allá de lo que los preceptos estrictos de libertad religiosa y de la Primera Enmienda.

Sea como sea, esa noción de que “servir en bodas gay” o incluso otorgar licencias de matrimonio a homosexuales vulnera la libertad religiosa de ciertas personas ha dado lugar a polémicas a la vez cómicas y dramáticas.

Una es el de restaurantes y otros negocios cuyos dueños determinaron negarle todo servicio a bodas gay, como fue el sonado caso de Memories Pizza, en Indiana. Y otro, de mayor peso, fue el de Kim Davis, secretaria del condado Rowan, en Kentucky, que se negó a emitir licencias de matrimonios gay, aludiendo razones religiosas, pese a que la Corte Suprema ya había emitido su fallo al respecto.

El caso de Davis es distinto al de las personas o empresas privadas, pues hay consenso en que funcionarios electos y empleados públicos deben cumplir sus obligaciones oficiales y aplicar la ley en vigor, y que en su caso no es de aplicación los supuestos de restauración de la libertad religiosa. Davis incluso llegó a ser arrestada por negarse a emitir licencias matrimoniales a homosexuales, y se convirtió en un símbolo de la lucha de los grupos más conservadores en la materia.

En el último capítulo de esa disputa, una corte de apelaciones negó a Davis su  petición para no tener que otorgar más licencias de bodas gay y, en contrapartida, el gobernador electo de Kentucky, el ultraconservador Matt Bevin, dijo que retirará de los documentos de licencias matrimoniales el nombre de los secretarios de condado, de acuerdo a Time, algo que Davis había estado pidiendo en su afán de deslindarse de esas uniones.

Sea como sea, los hechos indican que, aunque aún persisten grupos opositores y recalcitrantes, la gran mayoría de los estadounidenses ven la equidad matrimonial con naturalidad y consideran que las parejas homosexuales tienen tanto derecho como cualquier otra al matrimonio y a otras prerrogativas legales. Eso no significa que la homofobia, la discriminación y las tendencias retardatarias hayan cedido del todo (y en algunos casos, como el de las personas transgénero, aún son agudas), pero puede decirse que la decisión de la Corte Suprema en 2015 no hizo sino sancionar una realidad, un proceso de aceptación, legitimización y cambio social que llevaba en marcha ya varios años y que, por su justicia y su alcance, parece ya irreversible.