2014: Año de cambio y estridencia política

El año 2014 puede considerarse, en el ámbito de la política estadounidense, como un año de cambio y de decepción, de un vacío de ideas colmado, en cambio, de estridencia partidaria. Pero también fue un periodo que tendrá, presumiblemente, notorios impactos en el devenir político de Estados Unidos.

El evento clave del año fue, sin duda, la elección del 4 de noviembre de 2014, contienda a la que los republicanos y demócratas por igual dieron prioridad mayor, sin importar de que en esa hoguera ardieran muchas otras consideraciones y necesidades del país.

La lucha por el poder, a fin de cuentas, lo movió todo en 2014.

EL NUEVO CONGRESO

El resultado de esa elección fue muy significativo: el Partido Republicano obtuvo la mayoría en el Senado y amplió su dominio en la Cámara de Representantes, con lo que se hizo del control del Congreso como nunca durante la presidencia de Barack Obama. Desde las elecciones de 2006 los republicanos no contaban con una supremacía de esa índole. Pero, en 2014, el auge republicano no puede atribuirse a aciertos o actitudes constructivas sino, por el contrario, a una estrategia de golpear políticamente a Obama para beneficiarse de esa erosión y recoger los pedazos para, con ellos, armar su mayoría. Muchos han considerado a la elección de 2014 como un referendo hacia la gestión de Obama y el saldo, en ese sentido, habría sido negativo para el presidente. Los republicanos cargaron con éxito en su retórica electoral contra Obama, y contra su plan de salud Obamacare, apoyados en la baja popularidad presidencial actual del presidente y una percepción social de que las cosas deben cambiar (una ironía si se piensa que Obama llegó a la Casa Blanca enarbolando la bandera del cambio).

Los demócratas, por su parte, no estuvieron dispuestos a dejarse llevar por esa ola. En realidad, analistas mencionaron que una cierta división tuvo lugar este año dentro del ámbito demócrata, con un número importante de legisladores tratando de distanciarse de Obama para con ello tratar de aminorar su propio deterioro electoral ante la embestida republicana. La decisión, se afirmó, de postergar cualquier acción presidencial en materia de inmigración estuvo motivada en la noción de que Obama sentenciaría a muchos legisladores demócratas a la derrota si sumaba el polarizante tema de inmigración a la balanza electoral.

Al final, pese a ello, la derrota fue contundente: el Partido Republicano logró una mayoría con 54 escaños en el Senado (nueve más de los que tenía) y 248 en la Cámara de Representantes (13 más).

La duda será si en 2015 el Congreso dominado por los republicanos se dedicará a obstruir todo lo posible a Obama, para tratar con ello de minar al Partido Demócrata con miras a la elección presidencial de 2016, o si, por el contrario, su dominio legislativo propiciará en los republicanos un trabajo constructivo que exalte la imagen de su partido y lo fortalezca en su lucha por la Casa Blanca.

La experiencia previa, con todo, hace más probable que sea la confrontación y el desencuentro políticos lo que domine las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en los próximos dos años, con el escenario posible de que se aprueben leyes a las que Obama tenga que imponer su veto.

INMIGRACIÓN Y EL PODER PRESIDENCIAL

El sistema de inmigración del país, roto y disfuncional desde hace años, tuvo en 2014 una sacudida: la Acción Ejecutiva que Obama emitió recientemente para proteger temporalmente de la deportación a unos 5 milllones de indocumentados fue una determinación necesaria pero controversial.

Los beneficios para la población inmigrante del país, que podrá en una medida considerable eludir la deportación  –que la administración Obama realizó con intensidad inigualada- son innegables, aunque muchos han reprochado que este alivio migratorio llegó muy tarde, incompleto y cargado de obstáculos futuros.

Ciertamente, lo mejor habría sido legislar una reforma completa, pero los republicanos en la Cámara se empecinaron en negar esa posibilidad y nunca pusieron a votación la iniciativa bipartidista aprobada en el Senado.

Con todo, la Acción Ejecutiva fue rechazada por los republicanos con ardor: primero, amenazaron a Obama con romper el diálogo si él “envenenaba” el pozo con una decisión unilateral en inmigración; luego, la repudiaron tildándola de ilegal e incluso de “imperial”  y anticonstitucional e incluso emprendieron una disputa legal contra ella. Lo cierto es que acciones ejecutivas similares han sido realizadas anteriormente por muchos presidentes, incluidos varios republicanos, y que en la actualidad la medida de Obama estaría plenamente dentro del marco de sus facultades legales.

MÁS ALLÁ DE LA PARÁLISIS

La incapacidad legislativa para alcanzar acuerdos bipartidistas frenó muchos esfuerzos durante 2014, aunque hubo excepciones importantes. Apenas este 14 de diciembre se logró aprobar el presupuesto luego de que el Senado, y antes la Cámara, lograron acuerdos mínimos para que el gobierno no tuviera que cerrar, como sucedió en ocasiones anteriores. Pero el dardo resultó envenenado y pronostica rudas batallas por venir.

El proyecto de presupuesto incluyó dos provisiones que resultaron punzantes: una que amplía a los bancos sus posibilidades de especulación con dinero asegurado por el gobierno y otra que limitaba el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional hasta febrero en un intento de frenar la entrada en operación de la Acción Ejecutiva de Obama en Inmigración.

Tales medidas desataron la oposición de importantes grupos tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Sus intentos por atajarlas, aunque fallidos, revelaron que hay severas divisiones en ellos. Y eso podría ser clave a partir de 2015, cuando el Congreso sea enteramente de mayoría republicana.

En el primer caso, demócratas liberales rechazaron aprobar la provisión que relajaba las regulaciones bancarias pese a que ésta traía el visto bueno de Obama, que cedió a ello en aras de prevenir un cierre del gobierno. Legisladoras tan influyentes como Nancy Pelosi y Elizabeth Warren se opusieron a aprobarla, aunque al final ésta fue incluida en el presupuesto, un clavo más en el distanciamiento de Obama de importantes sectores de su propio partido.

Por otro lado, el senador republicano Ted Cruz, estrella del Tea Party, emprendió una oposición fiera al presupuesto por considerar que no frenaba suficientemente la acción ejecutiva de Obama y, aunque el liderazgo republicano en el Senado lo avalaba, Cruz se ‘rebeló’ a la cabeza de los ultraconservadores. Al final no pudo impedir la aprobación del presupuesto pero mostró que el Partido Republicano podrá haber logrado la mayoría a partir de enero, pero eso no significa necesariamente que sean un bloque unido.

Con todo, medidas legislativas como el 'Farm Bill' para regular mejor la ayuda a agricultores del país e iniciativas para otorgar fondos para el combate a escala internacional del virus del ébola –enfermedad que causó conmoción nacional tras aparecer los primeros casos diagnosticados en Estados Unidos- y para autorizar una acción militar mayor contra el grupo terrorista ISIS tuvieron mejores consensos el Congreso.

LEGALIDAD E INJUSTICIA

En dos ocasiones, un Gran Jurado determinó no imponer cargos a policías que mataron a civiles afroamericanos desarmados. Los casos de Michael Brown y Eric Garner indignaron a miles a todo lo ancho del país y son indicador de que algo no funciona en el régimen legal y de seguridad pública, circunstancia que ha permitido que, pese a la legalidad de los fallos, éstos carezcan de justicia.

Ciertamente, ambos casos fueron del ámbito estatal (en Missouri y Nueva York) pero ambos plantearon fuertes interrogantes y exigencias que el gobierno federal no pareció muy capaz de encarar. Una de ellas fue la revelación de que armamento y equipo militar había sido canalizado a policías  locales. Todo habría sido hecho conforme a la ley, pero hubo fuerte consternación ante la visión de agentes vestidos como comandos militares a bordo de tanquetas y armados con armas de grado militar en labores de seguridad y contención de protestas durante las primeras manifestaciones en Ferguson, Missouri, luego de la exoneración del policía que mató a Brown. El gobierno federal ordenó revisar las políticas que permitieron abastecer de tales pertrechos a las fuerzas de seguridad locales.

Por otro lado, el debate sobre la persistencia de la discriminación, el racismo y la predisposición a la criminalización de las minorías ha calado hondo en la sociedad estadounidense, mostrando un cierto grado de polarización. Muchos habrían esperado una reacción más activa del primer presidente afroamericano, pero lo cierto es que Obama optó por una vía de moderación y cautela que era necesaria para no fomentar los disensos. En todo caso, la reacción social muestra un desasosiego profundo, y un rechazo a un sistema que, al parecer, blinda a toda costa a los oficiales de policía de toda responsabilidad cuando cometen brutalidad en el ejercicio de sus funciones. Los miles y miles que se lanzaron a la calle para pedir justicia para Brown y Garner son síntoma de la necesidad de una transformación profunda en la manera como las policías interactúan con las minorías y en el modo de sancionar sus excesos y posibles delitos.

LA GUERRA SIGUE

La revelación del informe del Senado sobre las prácticas de tortura emprendidas por la CIA, durante el gobierno de George W. Bush, en su guerra contra el terrorismo ha desatado consternación y cinismo a la vez. La confirmación de que se utilizaron técnicas de interrogatorio contrarias los principios fundamentales y que remiten a la barbarie organizada se mezclaron con declaraciones de extremo cinismo, como las del exvicepresidente Dick Cheney, quien ante el escándalo afirmó que, si tuviese que hacerlo de nuevo, avalaría las torturas de inmediato. El argumento es que la necesidad de obtener información que permitiese identificar amenazas terroristas y lograr la eliminación de los responsables de los atentados del 9/11 requirió medidas extremas.

Con todo, el reporte del Senado indica que los interrogatorios de la CIA, pese a su brutalidad y tortura contra los detenidos –individuos vinculados a grupos integristas- no necesariamente habría provisto información útil, pues muchos datos clave habrían sido obtenidos previamente, sin recurrir a la tortura. En tanto, la guerra contra el terrorismo está lejos de terminar y un factor grave en ello es la brutal emergencia del Estado Islámico de Irak y Levante (ISIS), que en un primer momento no habría sido considerado una amenaza sustantiva, como al final ha resultado ser. La administración de Obama y el propio presidente han recibido fuertes críticas por haber subestimado la amenaza de ISIS. Con todo, luego de que ISIS avanzó por Irak conquistando amplias porciones de territorio y mostró videos de la ejecución de rehenes occidentales, la administración de Obama fue clara. En un mensaje a la Nación, el presidente fue enfático en decir que el objetivo era el fin de ISIS. Pero también ha resistido las presiones para que fuerzas estadounidenses lancen operaciones terrestres contra ISIS y se ha limitado a bombardear a ese grupo en Siria e Irak y a enviar asesores para reforzar las capacidades de reacción iraquíes. Pero la guerra contra ISIS apenas comienza y su capacidad para reclutar militantes, incluso occidentales, parece consistente y en aumento.

En este contexto, cabe mencionar el escándalo de las graves deficiencias en la atención médica del Departamento de Veteranos, que llevaron a que al menos 40 exmilitares murieran esperando asistencia. Al parecer, el Departamento de Veteranos había manipulado la información sobre la atención que procura a sus beneficiarios para hacer creer que se atendía a los veteranos de manera expedita y oportuna. El escándalo fue mayúsculo y motivó la renuncia del secretario de ese Departamento, Erik Shinseki. El presidente Obama ordenó una investigación y una reforma a fondo de esa organización.

Pero la percepción de que el gobierno por un lado no protege a sus exmilitares y, por el otro, falló en comprender la amenaza militar de ISIS ha afectado aún más la imagen de la administración, sobre todo a ojos de los que defienden un mayor intervencionismo en las crisis de Medio Oriente.

EL SALARIO JUSTO

A escala nacional, la lucha por elevar el salario mínimo ha cobrado fuerza, lo mismo que la percepción de que ese ingreso ya no es una remuneración inicial para jóvenes en trabajos de verano sino la percepción básica de cientos de miles de familias estadounidenses. Así, el presidente Obama dio un primer paso en 2014 al aprobar elevar el salario mínimo federal de $7 a $10.10 para los empleados de contratistas federales. En paralelo, en todo el país se realizaron votaciones el 4 de noviembre en relación al alza del salario mínimo, con un amplio consenso positivo. Varias ciudades, Seattle y Chicago, por ejemplo, aprobaron ya subir a $15 y $13, respectivamente, la remuneración mínima, aunque en ocasiones en etapas progresivas de varios años.