Yahoo Noticias La presa que destapó la riqueza inexplicable de un político
Si tuvo para eso y luego destruirla, ¿cuánto dinero logró en seis años?
En 2009, ocupó el gobierno del estado de Sonora Guillermo Padrés con lo que el PAN desplazó del poder al gobernador del PRI Eduardo Bours Casteló. Se interpretó que este hecho fue el castigo ciudadano por el incendio de la Guardería ABC en el que murieron 49 niños y 106 resultaron heridos y benefició al candidato del PAN que no figuraba como posible vencedor en las preferencias del voto.
Entre las muchas promesas de Padrés para llegar a la gubernatura estuvo la persecución de los responsables del incendio, también el no aumento en las tarifas de los servicios del estado y el compromiso de realizar la administración transparente de las finanzas públicas. Ninguna de esas y otras promesas cumplió y en los hechos actuó en contrario.
Ahora las autoridades del estado de Sonora informan que Guillermo Padrés está bajo investigación por la posible realización de operaciones financieras con dinero de origen ilícito. El juez Chastré Leyva Miranda, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal, otorgó tres órdenes de cateo para revisar propiedades del exgobernador.
Los investigadores aseguraron varias computadoras, discos duros, facturas y talones de cheques como evidencia de los movimientos financieros y la administración de los ranchos de las familias Padrés Elías y Padrés Dagnino.
Recientemente fue detenido Luis Aristiga López, empleado de Guillermo Padrés, en posesión de más de 3.5 millones de pesos que transportaba en una hielera y cuya procedencia no pudo comprobar. Fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común para integrar la averiguación previa por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dijo ser veterinario y administrador del rancho “Pozo Nuevo”, propiedad del exgobernador Padrés, lugar en donde hace unos meses se descubrió una presa construida de manera ilegal.
La salida de Guillermo Padrés del gobierno de Sonora se ha caracterizado por el escándalo. En su segundo día como gobernadora del PRI en el estado de sonora, Claudia Pavlovich denunció que se investigaría el sobregiro de 10 mil millones de pesos que dejó en el erario el gobierno del panista Guillermo Padrés. “No es sólo una advertencia al exgobernador sino todos aquellos que actuaron de manera incorrecta y que se llevaron lo que no era de ellos. Los sonorenses vieron su confianza defraudada y no vieron soluciones. No hubo pulcritud en el manejo de los recursos públicos”.
Derivado de un proceso de investigación, el mes pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionó al gobierno del estado de Sonora por no cumplir el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, lo que provocó un perjuicio al fisco federal de mil 705 millones de pesos.
El SAT informó que a principios de 2015 se inició la investigación y se pudo establecer, ahora, que fueron beneficiados 574 contribuyentes a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora. Lo que implica que el gobierno de Guillermo Padrés exentó del pago de sus obligaciones fiscales a esos contribuyentes.
La administración de Padrés autorizó pagos en parcialidades de Impuesto al Valor Agregado y de retenciones de ISR e IVA, en contravención al Código Fiscal de la Federación; fueron avalados préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia, además se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas omitiéndose el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas, generando con ello afectación a los intereses del fisco federal.
Al día siguiente de que Padrés dejó el gobierno, fue puesta en libertad Gisela Peraza, quien estuvo presa 4 años después de haber trabajado por nueve años para la familia del exgobernador, fue acusada de “robar cinco millones de pesos y joyas de la casa de gobierno; fue torturada y privada de su libertad. Presentó una denuncia penal en contra de 20 ex funcionarios de la pasada administración y exige un resarcimiento económico por 20 millones de pesos.”
Por muchos años el Partido Acción Nacional mantuvo como una de sus banderas la de la moralización de la política, la incorporación de valores al servicio de la comunidad en el ejercicio del poder y denunció por décadas los abusos en los que incurrían los gobernantes en turno en los niveles federal, estatal o municipal.
Hoy observamos cómo los principios propuestos por los fundadores del PAN se perdieron y que a sus militantes, como Padrés, los extravió asumir posiciones de poder para las que no estaban capacitados y vivieron como oportunidad para enriquecerse contando con que, al salir, la complicidad y la impunidad los dejaría sin culpa.
Guillermo Padrés es solo un caso, existen más de gobernantes militantes de otros partidos que, al dejar el poder, se levantan con una riqueza solo explicable por el saqueo a los recursos públicos que manejaron por seis años como si hubieran sido propios. Por desgracia no es el primero y seguramente no será el último mientras exista un sistema de complicidades y la ley se aplique de manera selectiva. Están los casos recientes de los exgobernadores de Coahuila, Tabasco, Nuevo León y Aguascalientes. Más los que usted agregue.
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