El rastro oculto de los abusos en las misiones de paz de la ONU

Primero la violaron. Luego le ofrecieron alimentos o dinero, como a una prostituta. La víctima, una mujer de la República Democrática del Congo, narró su historia para un informe sobre la responsabilidad de los cascos azules, publicado por Naciones Unidas en 2005. La escena se había repetido antes en Bosnia, en Camboya, en Timor Leste y en otros países del África Occidental. Una década después, los abusos sexuales aún corroen el prestigio de esas fuerzas multinacionales.

A pesar de la política de tolerancia cero promovida por el exsecretario general Kofi Annan y en la actualidad por Ban Ki-moon, la violencia persiste en las zonas controladas por los militares de la ONU. Según un informe revelado recientemente, el organismo multilateral desconoce el alcance del problema, pues muchos casos no se investigan. Pero los reportes entregados cada año a la prensa insisten en un optimismo cómplice.

La conjura del silencio

En noviembre de 2013 un grupo de expertos suministró a Ban Ki-moon un reporte sobre los abusos y la explotación sexual en cuatro misiones de la ONU: Haití, Sudán del Sur, Liberia y la República Democrática del Congo. El secretario general engavetó el documento hasta que la organización no gubernamental Aids-Free World recibió una copia de manos de un funcionario anónimo. El texto fue enviado de inmediato a la prensa y los países miembros.

De acuerdo con la investigación, los esfuerzos de la ONU por hacer cumplir la política de cero tolerancia han encallado ante el desconocimiento de la magnitud de las violaciones. “Las cifras oficiales ocultan lo que parece ser una cantidad significativa de explotación sexual y abusos no reportados”, sostiene el equipo de especialistas.

En 2014 el personal de la ONU fue acusado de protagonizar cerca de 80 casos de violencia sexual y participación en redes de prostitución. Las cifras han descendido desde 2005, gracias a la implementación de las recomendaciones del llamado Informe Zeid (por el Príncipe Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, representante de Jordania). No obstante, la ausencia de datos fiables aconsejaría cautela, en lugar del optimismo del secretario general.

Las fuerzas de mantenimiento de paz estudiadas en 2013 compartían una cultura del silencio. Además, protegían con sumo celo los derechos de los presuntos culpables, en detrimento de la justicia para las víctimas. En consecuencia, “aquellos que rompen las reglas no son castigados y esa impunidad constituye más la norma que una excepción”, indica el texto.

Inmunidad igual a impunidad

Los militares desplegados bajo la bandera de Naciones Unidas gozan de inmunidad frente a los sistemas de justicia de los países donde operan. Ante las alegaciones de comportamiento inapropiado, el organismo multilateral puede repatriar a los acusados y prohibirles alistarse en futuras misiones de cascos azules. La responsabilidad de juzgarlos queda en manos de las autoridades de la nación de origen. Por esa grieta se han escurrido muchos criminales.

Los expertos consideran que las fuerzas de paz poseen un entrenamiento insuficiente en temas como la violencia de género y los derechos de las mujeres. Además, carecen del poder para investigar las denuncias y procesar a los culpables de una manera expedita. Las demoras en las pesquisas, si finalmente se emprenden, restan credibilidad a los cascos azules. La mayoría de las víctimas prefiere callar porque desconfía de sus “protectores” internacionales y teme al estigma social.

En diciembre pasado la ONU creó el Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz, que debe proponer soluciones, entre otros problemas, a la persistencia de los abusos sexuales. El análisis dará otra oportunidad al organismo con sede en New York para disciplinar sus filas. El reporte final de esta comisión podría ofrecer malas noticias a Ban Ki-moon. Pero ese trago amargo, como una buena medicina, podría también iniciar la cura a una vergonzosa enfermedad que ha contagiado a quienes velan por la paz.