Debate sobre gas de esquisto llega a Argentina

Tras varios años de angustia energética, Argentina podría haber hallado la clave para escapar de la dependencia. A pesar de los temores de ecologistas y comunidades indígenas, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) han concluido varios acuerdos con empresas extranjeras para la explotación del llamado gas de esquisto.

La euforia por el descubrimiento de enormes reservas en el subsuelo argentino solo ha sido atenuada por la inconstante política de Buenos Aires. No obstante, el país suramericano ya produce cantidades discretas de petróleo y gas provenientes de esos yacimientos, con una tecnología que enfrenta la resistencia de la sociedad civil y algunos gobiernos europeos.

Un tesoro preso en las rocas

Argentina posee las segundas reservas mundiales de gas de esquisto –802 billones de pies cúbicos—y las cuartas en petróleo, unos 27.000 millones de barriles, estimados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Desde 2008 la exploración de esos recursos se ha multiplicado. Según cifras oficiales, la nación austral pasó de dos pozos en 2009 a más de 130 este año. A ese ritmo, el gobierno espera alcanzar al autoabastecimiento de gas hacia finales de 2021, ha pronosticado el secretario de Energía, Daniel Cameron.

Bajo el gobierno de Cristina Fernández, Argentina comenzó a importar gas para suplir la creciente demanda interna. Este año las importaciones deben de superar los 10.000 millones de dólares, lo cual ha agudizado el desequilibrio de la balanza comercial.

La estatal YPF, expropiada a la española Repsol en 2012, ha firmado varios contratos con compañías de Estados Unidos, Europa y Brasil. En agosto pasado la empresa suscribió un convenio de explotación conjunta con la estadounidense Chevron por 1.500 millones de dólares. Ese emprendimiento permitirá la perforación de más de 100 pozos en la zona de Vaca Muerta, Neuquén, una de las áreas con mayor potencial para el gas y el petróleo de esquisto.

YPF también explorará esa región junto a la multinacional Dow Chemical, que invertirá 120 millones en la extracción del gas producido por 16 pozos, solo en una primera fase.

El gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, ha dado el visto bueno a las operaciones de las estadounidenses Halliburton y Nalco, y la alemana Wintershall para realizar la prospección mediante el método de la fractura hidráulica –conocido como fracking. Ese sería el primer paso hacia posibles inversiones valoradas en 3.300 millones de dólares.

Escepticismo ecologista y protestas indígenas

La organización Argentina Libre de Fracking afirma que la explotación del petróleo y gas de esquisto incrementa la emisión de gases de efecto invernadero y contribuye en consecuencia al calentamiento global. Por otra parte esas operaciones, al actuar sobre las fallas geológicas, estimulan la actividad sísmica.

A nivel local, los ecologistas sostienen que la fractura hidráulica contamina el aire por las emanaciones de los embalses donde se almacena el agua utilizada en el proceso. Además, los químicos utilizados durante la perforación podrían filtrarse hasta alcanzar las aguas subterráneas y potencialmente las fuentes de ese líquido para el consumo humano.

Varios grupos de la sociedad civil argentina han iniciado una campaña para que Buenos Aires declare una moratoria sobre la exploración del gas y petróleo de esquisto. La demanda se sustenta en las experiencias de otros países y regiones, que han suspendido o prohibido la explotación de estos recursos energéticos por sus impactos en la salud humana y el medio ambiente.

Comunidades mapuches del país austral han denunciado la perforación de pozos en sus tierras sin su consentimiento, como establece la legislación indígena vigente. La población de Gelay Ko, en la provincia de Neuquén, ha protestado por los derrames de hidrocarburos y las evidencias del efecto negativo sobre la salud de sus miembros.

Sin embargo, las enormes reservas energéticas de Argentina y el impacto del déficit de gas sobre la economía del país hacen improbable un cambio de política del gobierno de Cristina Fernández. La presidenta ha presentado el desarrollo del fracking en Estados Unidos como un modelo de éxito a seguir.

Europa en la cuerda de esquisto

El 11 de octubre pasado, el Consejo constitucional de Francia mantuvo la prohibición sobre el uso de la fracturación hidráulica para la explotación del gas y petróleo de esquisto. La normativa había entrado en vigor en julio de 2011.

Esa ley había sido desafiada por la compañía estadounidense Schuepbach, tras la anulación de dos permisos de prospección en el sur francés. La empresa se había quejado por el presunto carácter discriminatorio de la interdicción, además de la violación de la libertad de emprendimiento, el desconocimiento del derecho a la propiedad y el uso indebido del principio de precaución, según reportó el diario Le Monde.

Los magistrados sostuvieron que la llamada legislación Jacob perseguía un objetivo de interés general, o sea, la protección del medio ambiente, y que las restricciones no eran desproporcionadas frente a los conocimientos actuales sobre la técnica del fracking.

Mientras, el Reino Unido vivió un verano de protestas contra la explotación del gas de esquisto en la región de Sussex, en el sureste de Inglaterra. De acuerdo con sondeos citados por The Guardian, el apoyo en el público británico al desarrollo petrolero mediante la tecnología de fractura hidráulica ha caído de 61 a 55 por ciento desde julio pasado.

No obstante, el ministro de Energía, Michael Fallon, ha pronosticado un incremento en el número de pozos, hasta alcanzar unos 40 en los próximos dos años. El titular califica esta expansión de etapa exploratoria, necesaria para confirmar la viabilidad de la nueva tecnología en suelo británico.

Además de Francia, solo la República Checa, los Países Bajos y Bulgaria han declarado moratorias o suspensiones temporales sobre el uso del fracking en la explotación de combustibles fósiles. En Estados Unidos, Vermont estableció una moratoria indefinida en mayo de 2012, al igual que la provincia canadiense de Quebec.