Colombia otra vez ante la encrucijada de un peligroso herbicida

Solo algunos medios alternativos denunciaron la muerte del campesino colombiano Jader Andrés Paternina Sáez, el 21 de febrero. Según esas fuentes, el joven murió horas después de haber sido rociado con glifosato. Un mes más tarde, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó esa sustancia, componente esencial de un herbicida utilizado en el Plan Colombia, como probablemente cancerígena.

El debate sobre la utilidad del glifosato en la erradicación de los cultivos de coca acumula más de 30 años. A pesar de las protestas de los campesinos, el criterio de varios especialistas y las tensiones diplomáticas con Ecuador, Bogotá ha continuado el uso de la sustancia, que suministra Estados Unidos. La multinacional Montsanto, productora del herbicida Roundup, insiste en la inocuidad de ese químico.

En tierra fumigada

Como si huyeran de bombardeos, cientos de agricultores del sur de Colombia llegan a Ecuador cada mes. Atrapados en una zona de conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, los campesinos sufren también el efecto de las fumigaciones sobre los cultivos ilícitos. Las aspersiones, además de las matas de coca, destruyen los sembradíos de caña de azúcar, arroz, cacao y otros alimentos.

Las cifras describen la tragedia. Más de 2,3 millones de hectáreas han sido fumigadas como parte del Plan Colombia. Esa área se acerca a la superficie de Putumayo, uno de los departamentos más golpeados por las operaciones. Desde 1999 alrededor de 175.000 colombianos han pedido refugio en Ecuador. El empleo del glifosato es uno de los ingredientes de esa crisis social.

Sin embargo, la efectividad del herbicida contra los cultivos de coca ha sido cuestionada por especialistas en el combate a las drogas. En declaraciones a la prensa, Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, señaló que para eliminar una hectárea de plantas ilícitas es necesario fumigarla hasta 10 veces.

Por otra parte, los cultivadores han elaborado estrategias para contrarrestar el efecto del producto químico. Según Mejía, los agricultores intercalan siembras lícitas e ilícitas, rocían con melaza las hojas de coca y preparan semilleros para sustituir de inmediato las plantas destruidas. Este académico es partidario de atacar los laboratorios de procesamiento de cocaína, enfrentar el transporte de drogas y controlar los químicos usados en el proceso. En su opinión las aspersiones no solucionarán el problema.

La muerte cae como llovizna

Y tal vez Bogotá lo sabe. Colombia es el único país que aún utiliza las fumigaciones aéreas para eliminar los cultivos de coca. Afganistán renunció a ese método en la década pasada y México también descartó esa vía para enfrentar el narcotráfico. Ahora el gobierno de Juan Manuel Santos tiene otra razón para cambiar de estrategia.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, subordinada a la OMS, concluyó días atrás que el glifosato, utilizado en la agricultura a escala industrial, puede provocar cáncer. El equipo de científicos analizó la evidencia de estudios realizados desde 2001 en Estados Unidos, Canadá y Suecia. La noticia confirma las denuncias de organizaciones campesinas y académicos colombianos, que han examinado durante años las consecuencias del glifosato sobre el terreno.

De hecho, la Corte Constitucional de Colombia ha recomendado a las autoridades detener las fumigaciones a la espera de evidencias más firmes sobre los daños del glifosato a la salud humana. Se cree que las aspersiones provocan trastornos en el sistema reproductivo, enfermedades dermatológicas y respiratorias. De cierta manera Bogotá reconoció esos efectos nocivos, cuando en 2013 pagó una indemnización de 15 millones de dólares a Ecuador por perjuicios económicos y humanos en la zona fronteriza.

¿Por qué sucesivos gobiernos colombianos insisten entonces en utilizar el peligroso herbicida? Reconocer el error podría ser políticamente costoso. Además, las fumigaciones representan una parte importante del apoyo comprendido en el Plan Colombia. Por otra parte, la empresa Montsanto asegura que el Roundup no perjudica la salud humana. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha aprobado su uso, aunque ha anunciado que considerará las nuevas conclusiones de la OMS.