Ayudar o resistir: Funcionarios locales debaten la amenaza de deportación masiva de Trump

La región de San Diego, al igual que muchas comunidades cercanas a la frontera sur, experimentó un marcado descenso en el ingreso de inmigrantes a Estados Unidos después de que el gobierno de Biden hizo que fuera más difícil poder solicitar asilo.

Pero miles de recién llegados que habían cruzado la frontera no han sido olvidados y, aunque muchos de ellos se dirigieron a otros rincones del país, algunos permanecen en San Diego y sus alrededores, todavía indocumentados.

Ahora, con la promesa del presidente electo Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas, los dirigentes de San Diego han estado sopesando hasta dónde llegar para tratar de proteger a las personas vulnerables a la deportación y hasta qué punto deben cooperar las fuerzas de seguridad locales con los agentes federales.

Estos debates se están desarrollando en todo el país después de que Trump obtuvo la victoria para regresar a la Casa Blanca prometiendo frenar la inmigración y reforzar la seguridad fronteriza.

Sin embargo, en pocos lugares se ha producido un debate tan dramático como en el condado de San Diego, situado en la frontera de California con México, y donde durante algunas semanas de este año el número de cruces fue superior al de Texas y Arizona.

Tras la victoria de Trump, la Junta de Supervisores del condado de San Diego tomó medidas para reforzar la protección de los inmigrantes, exigiendo a los agentes federales que obtengan una orden judicial para cualquier inmigrante que se encuentre ilegalmente en el país y que quieran recoger de una cárcel local, prohibiendo cualquier entrevista de investigación por parte de funcionarios de inmigración dentro de las cárceles, así como el uso de los recursos del condado para la aplicación de la ley de inmigración.

Pero incluso en un estado con algunas de las medidas de protección más sólidas para los inmigrantes que carecen de un estatus de residencia legal permanente, el condado de San Diego actuó para intensificar la lucha contra la aplicación de la ley de inmigración y las nuevas protecciones suscitaron críticas rápidas y mordaces.

Y no solo el zar de la frontera designado por el gobierno de Trump fue quien criticó que las autoridades necesitaran una orden judicial. La propia alguacil de San Diego, que supervisa las cárceles del condado, dijo que no aplicaría el requisito.

La reacción de la máxima responsable de las fuerzas de seguridad del condado, quien, como la mayoría de los supervisores del condado, es demócrata, puso de relieve las tensiones que están surgiendo en torno a la inmigración, incluso entre funcionarios que no hace mucho podían parecer más estrechamente aliados.

En lo que parece ser otra señal de la fricción en San Diego, la presidenta de la Junta de Supervisores, Nora Vargas, presentó su dimisión el viernes, apenas unas semanas después de haber sido reelegida. “Por motivos de seguridad personal, no prestaré juramento para un segundo mandato”, declaró Vargas en las redes sociales.

La cuestión del grado de cooperación de las cárceles locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) es desde hace tiempo una de las principales preocupaciones de los funcionarios federales. Sin embargo, la cooperación será clave en la iniciativa del gobierno de Trump para aumentar las deportaciones.

Cuando se detiene a un inmigrante y se le toman las huellas dactilares, la información se transmite al ICE. Una vez que el ICE tiene conocimiento de la detención de un inmigrante, los funcionarios federales suelen enviar solicitudes, conocidas como órdenes de retención, para que el centro de detención local se lo notifique mucho antes de que el inmigrante vaya a ser puesto en libertad, a fin de que los agentes federales puedan llevárselo.

En cuatro de los seis últimos ejercicios fiscales, los funcionarios del ICE han emitido más de 100.000 solicitudes de este tipo (las cifras se desplomaron dos años seguidos, durante la pandemia). En los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, durante el gobierno de Trump, el ICE envió más de 300.000 solicitudes de este tipo.

Durante los mandatos de todos los presidentes más recientes se han llevado a cabo deportaciones y fue durante la presidencia demócrata de Barack Obama cuando el debate sobre las llamadas ciudades santuario cobró mucha relevancia.

Pero, según Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, la promesa de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas es lo que ha sumido aún más a los gobiernos locales en el debate sobre la aplicación de las leyes de inmigración. “Creo que la gente siente más su peso porque la mayoría piensa que Trump no puede llevar a cabo una deportación masiva, entre comillas, sin una amplia cooperación de los gobiernos estatales y locales”, explicó.
Cuando Kelly Martínez, la alguacil del condado, afirmó que no aplicaría el nuevo requisito en San Diego mencionó en un comunicado que “aunque proteger los derechos de los inmigrantes indocumentados es crucial, es igualmente importante garantizar que no se pasa por alto ni se descuida a las víctimas de delitos en el proceso”.

Martínez dijo que sí apoya la ley estatal que limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Permite el traslado de los presos detenidos en relación con determinados delitos del ICE una vez que reúnan los requisitos para ser puestos en libertad.

Bajo el gobierno de Biden, el número de personas trasladadas de las cárceles de San Diego a la custodia del ICE disminuyó drásticamente. El año pasado, 25 personas fueron trasladadas al ICE tras cumplir una condena por delitos como robo mayor, homicidio y tráfico de drogas. En comparación, en 2017 San Diego trasladó a 1143 personas, según el departamento del alguacil.

Para el ICE es más fácil y seguro detener a la gente en las cárceles que en la calle y la agencia puede detener a mucha más gente así que en sus casas y lugares de trabajo o en la calle.
Arulanantham comentó que exigir una orden judicial es coherente con las garantías procesales y las protecciones de la Cuarta Enmienda que protege contra registros e incautaciones injustificadas.

Arulanantham agregó que, en el caso de los detenidos cuyas condenas se hubieran cumplido, una orden judicial sería la única forma legal de retenerlos hasta que el ICE pudiera recogerlos. “Definitivamente creo que una retención o traslado de alguien sin orden judicial una vez cumplida su condena viola la Cuarta Enmienda”, aseveró.

Se desconoce cómo se desarrollará el conflicto entre la alguacil y la Junta de Supervisores. Los defensores locales de la inmigración sostienen que la ley estatal, conocida como Ley de Valores de California, exige que las fuerzas del orden acaten también las políticas locales sobre inmigración.

En una carta a la alguacil, Ian M. Seruelo, presidente del Consorcio por los Derechos de los Inmigrantes de San Diego, dijo: “Esperamos que su declaración haya sido tan solo un malentendido por su parte sobre el pleno alcance de la Ley de Valores de California, y no un flagrante desprecio por la ley estatal, nuestros procesos democráticos y nuestros derechos constitucionales”.

En una entrevista, Seruelo, quien también es abogado de inmigración en ejercicio, dijo que cualquier coordinación entre las fuerzas de seguridad locales y los agentes de inmigración perjudica a la seguridad pública porque hace menos probable que los inmigrantes denuncien delitos o cooperen como testigos. “Muchas familias de San Diego tienen un miembro indocumentado”, dijo. “Si disminuye ese nivel de confianza hacia las fuerzas de seguridad locales, disuadirá a muchos sandieguinos de denunciar delitos o de acceder a los recursos o servicios del condado”.

El único voto discrepante en la Junta de Supervisores de San Diego fue el del republicano Jim Desmond, quien afirmó que ya existen protecciones para los inmigrantes que denuncian delitos o se acercan a la policía local, a la que se prohíbe preguntar cuál es el estatus del inmigrante.

“Así que estamos hablando de personas que ya cometieron el delito, ya fueron juzgadas por el delito y condenadas y sentenciadas y están en nuestras cárceles”, aseguró. “Y por eso esto no tiene nada que ver con denunciar, no pone a nadie en peligro por denunciar. Lo único que hace es permitir que nuestros alguaciles informen al ICE que estas personas están bajo nuestra custodia y cuándo van a ser liberadas”.

c.2024 The New York Times Company