‘Ayudar no es dejar a la gente a la deriva’: Inquilinos desalojados en Hialeah sufren caos e incertidumbre

Quince familias, incluidos cuatro niños, una mujer embarazada y una madre e hija con discapacidades, han quedado damnificadas luego de que colapsara el pasillo del segundo piso del edificio donde vivían en alquiler, ubicado en 2350 Palm Avenue, en Hialeah.

Más de 48 horas llevan sin un techo propio donde resguardarse. En este tiempo recibieron un voucher de $515 por familia del equipo de Respuesta a Desastres de la Cruz Roja, para buscar individualmente hospedaje y alimentación, pero los inquilinos se quejan de que esto representa poca ayuda.

“Anoche con el estrés del derrumbe me dio una crisis de asma, tuve que ir al hospital para recibir atención. Yo estaba en mi apartamento bañándome cuando sentí el estruendo, ese susto y la preocupación de no saber qué íbamos a hacer me creó una crisis asmática, también a mi hija”, relató Mariel Campos, de 32 años, a el Nuevo Herald.

Para Campos, la ciudad no ha sido lo suficiente proactiva con la situación que les aqueja. “Ayudar no es dejar a la gente a su deriva, para eso que nos dejaran seguir viviendo en el edificio a nuestro riesgo, pero nos sacan y no nos dan ayuda para encontrar un lugar dónde vivir. Yo tengo una hija que tiene ocho años, anoche no nos dejaron dormir en un hotel porque teníamos un perro”, lamentó.

La oficina del alcalde Esteban Bovo Jr. había aclarado que le correspondía al dueño del inmueble, Jorge Albarino, brindarles asistencia de un nuevo hospedaje.

Albarino se reunió con los inquilinos el martes por la tarde, luego de asistir a una reunión con funcionarios de la alcaldía. Le explicó a los residentes de su inmueble que podría garantizarles hospedaje por el próximo mes.

“Necesito que la ciudad agilice el permiso del Departamento de Construcción para que mis obreros comiencen a trabajar, pero hoy me dijeron que el documento no estaba listo. Mientras la burocracia retrase la reparación, todos nos vamos a ver afectados”, explicó Albarino.

La oficina del alcalde explicó que el certificado de demolición (parcial de la estructura) se tardaría unos dos días luego de haberse solicitado, además de confirmar que es “responsabilidad del dueño del edificio darle ayuda a los inquilinos para que encuentren dónde vivir”.

Según la oficina del alcalde “la ley dice que mínimo tres meses el dueño tiene que hacerse cargo de los inquilinos, si después de ese tiempo, aún no es habitable el edificio, entonces la ciudad podría otorgar ayuda individual por familia, a través del Departamento de Subvenciones”.

En marzo pasado la Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó una ley que requiere que los propietarios de edificios proporcionen viviendas de emergencia a corto plazo para los residentes obligados a evacuar por problemas estructurales relacionados con el mantenimiento descuidado.

Si los propietarios no lo hacen, Miami-Dade podría enviarles una factura de hasta 90 días de asistencia para la vivienda financiada por el gobierno, explicó el Miami Herald.

Este edificio de apartamentos no es el primero en Miami-Dade en ser evacuado en los últimos años debido a problemas de seguridad. De acuerdo con un análisis que hizo el Miami Herald otras nueve estructuras residenciales, muchas en el área de Miami Beach y Bay Harbor Islands, han sido desalojadas luego del colapso de Champlain Towers South en junio de 2021 en Surfside, donde murieron 98 personas.

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Familias preocupadas por su destino

De las 15 familias que alquilaban el inmueble al momento del derrumbe, dos han decidido terminar el contrato de alquiler; las otras 13 aguardan por una solución.

Gisella Vargas, madre soltera de un niño de 7 años y una niña de 3 años, está desesperada, no sabe qué pasará con su vida después del daño estructurar en el edificio donde vivía.

“Nadie nos da respuesta, la oficina del alcalde dice que la responsabilidad es del dueño, el dueño nos dará hospedaje a partir de mañana, solo por un mes y después ¿qué pasará con nosotros?, si en un mes no tenemos vivienda, ¿a dónde iremos a parar? He perdido dos días de trabajo, mis niños están con una amiga mientras yo espero que nos den respuesta. Esto no es vida. Alguien se tiene que hacerse responsable”, dijo Vargas.

Jesús, un inquilino del apartamento 12 que no quiso identificarse con apellido, lamentó que los sacarán y no les permitan seguir en el edificio.

“Con el problema de vivienda que hay aquí (en la ciudad), te sacan y te dejan en la calle. No hay dónde rentar. Yo tengo meses buscando a dónde irme y ahora ocurre esto y nos quedamos en la calle. Hablan mucho de que se caen las casas en La Habana, pero esto es Estados Unidos y se están cayendo aquí también”, lamentó.

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Por su parte, María Magdalena Hernández, de 61 años, recordó que ella ya había vivido un derrumbe en Cuba, en 2006.

“El 3 de julio de ese año se cayó el techo en mi cuarto, con la fortuna de que después anunciaron la lotería de visas y salí seleccionada. Aunque le doy gracias a Dios por estar en este país, jamás pensé que iba a vivir el colapso de mi vivienda por segunda vez, menos aquí”, relató Hernández.

Un matrimonio de cincuentenarios no tenía una semana de haberse mudado a este edificio cuando ocurrió el derrumbe.

Aunque no quisieron identificarse por asegurar que “los medios no le van a resolver el problema”, indicaron que “nosotros no teníamos ni cinco días viviendo aquí cuando se cayó el pasillo. Pagué tres meses de alquiler y ahora no tenemos dónde dormir. Mi esposa está enferma y yo estoy recién operado. Pasé meses buscando dónde alquilar y no conseguía”, indicaron.

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¿Forjaron firma de ingeniero para certificar seguridad de estructura?

Jorge Albarino, propietario del edificio bajo la empresa Orongo LLC argumentó que “esto pasó por culpa de la ciudad. Yo compré este edificio hace año y medio. Cada vez que he comprado un edificio, lo primero que hago es ver que tenga la inspección de los 40 años, este la tenía, todo parecía estar en regla, la ciudad avaló la inspección pero resulta que el ingeniero que firmó esa recertificación estaba muerto”, alegó.

Albarino aseguró que cuando increpó a los funcionarios de la ciudad sobre este hecho, “no me dijeron nada”.

De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la oficina de Bovo, “inmediatamente después del colapso, ordené al Departamento de Construcción de la Ciudad que realizara una investigación completa y exhaustiva sobre este incidente, y algunas circunstancias preocupantes han salido a la luz”, explicó.

En el comunicado se explica: “Los propietarios del edificio (Lubai Consulting LLC) presentaron el paquete de recertificación de 40 años del edificio a la Ciudad el 27 de agosto de 2019. En ese momento, el propietario del edificio declaró que el edificio era estructural y eléctricamente seguro a través de una carta firmada y sellada del ingeniero Claudio Jofre. Como es el procedimiento operativo estándar, el Departamento de Construcción de Hialeah verificó la base de datos del Departamento de Regulación Comercial y Profesional (DBPR) del estado de Florida para asegurarse de que el ingeniero registrado estuviera en regla. En ese momento, la base de datos de DBPR reflejaba que el Sr. Jofre, de hecho, gozaba de buena reputación y era ingeniero licenciado en el estado de Florida”.

Sin embargo, la Ciudad de Hialeah explica que “ha recibido información que nos lleva a creer que el Sr. Claudio Jofre pudo haber fallecido en febrero de 2017”.

De hecho, el 3 de marzo de 2021, un memo enviado por Jaime Gascón, Asistente de Dirección de la División de Administración de Códigos y Juntas de Miami-Dade a todos los funcionarios de la construcción, explicaba que “nos ha llamado la atención que Claudio A. Jofre, Ingeniero Licenciado en Florida 28531, ha fallecido, aunque se siguen presentando planos con su firma y sello. No acepte estos documentos para el permiso”, dijo.

Al respecto, María Elena Baiocchi, gerente de Lubai Consulting LLC, empresa que según registros del Departamento de Construcción de Hialeah era propietaria del inmueble 2350 Palm Avenue cuando se hizo la recertificación explicó que no tenía conocimiento de que el ingeniero estuviera muerto, según alegan.

Baiocchi dijo a el Nuevo Herald que ese edificio lo habían vendido “hace años” y que no podía confirmar en ese momento que la recertificación de los 40 años la hubiese hecho la empresa que representa, pero se mostró dispuesta a entregar todas las evidencias que tuviese al respecto.

“Que hagan todas las averiguaciones que amerite el caso. Nosotros contratamos empresas certificadas para que hagan las inspecciones. Todos nuestros documentos están en regla”, estimó Baiocchi.

El concejal Jesús Tundidor explicó “esto que encontramos es un tipo de fraude, queremos ver cómo tratamos de resolver. Si es posible crear otro nivel de seguridad cuando se haga una recertificación de un edificio”.

Tundidor aseguró que ha pedido al departamento de Construcción un listado de propiedades que hayan hecho recertificaciones con la firma de este ingeniero, Claudio A. Jofre.

El concejal negó que la ciudad haga una inspección posterior a la certificación de un ingeniero externo. “Nosotros no tenemos la costumbre de inspeccionar para recertificación los resultados que ya ha certificado un ingeniero con licencia del estado”, dijo.

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