¿De quién quiere ayuda jurídica el ex representante David Rivera? De un abogado venezolano encausado

El ex legislador David Rivera fue arrestado en diciembre. Fue acusado de no registrarse como agente extranjero de Venezuela cuando su empresa de consultoría firmó un contrato de $50 millones con una petrolera estatal para promover sus intereses en Estados Unidos.

Pero siete meses después, el una vez influyente político de Miami, aún no ha presentado su alegato ante un encausamiento, lo que normalmente es una formalidad que se hace en poco tiempo.

En el caso de Rivera, fiscales federales congelaron de inmediato sus cuentas bancarias y sus activos inmobiliarios tras su arresto, impidiéndole contratar a su abogado defensor de alto nivel Edward Shohat de forma permanente, una disputa que podría resolverse a mediados de agosto para que Rivera pueda finalmente ser acusado y prepararse para el juicio.

Pero mientras ese problema se prolonga, el caso de Rivera ha dado otro giro curioso: Shohat, que lo representa como abogado temporal, pidió a un juez federal que permita a su cliente reunirse con otro abogado en Venezuela.

Ese abogado enfrenta cargos de confabulación, corrupción y lavado de dinero en Miami. El abogado, Raúl Gorrín, quien fue encausado en 2018, es más conocido como magnate de la televisión en Venezuela con conexiones políticas con presidentes venezolanos y tiene importantes inversiones inmobiliarias en el área de Miami, todas las cuales también han sido congeladas por los fiscales federales.

Gorrín también es considerado “fugitivo” por fiscales en Miami. La solicitud también conlleva otros obstáculos legales importantes. Para realizar el viaje, Rivera necesitaría que le devolvieran su pasaporte estadounidense, que le fue confiscado, y que le levantaran el toque de queda nocturno ordenado por un tribunal.

En una nueva presentación judicial, Rivera alega que quiere consultar con Gorrín, diciendo que él puede ayudarle tanto en su caso de agente extranjero no inscrito como en un litigio civil relacionado con negocios en Nueva York. Rivera dice que contrató a Gorrín como abogado en 2017, pero las autoridades federales alegan que Gorrín era en realidad un subcontratista en el acuerdo de asesoría altamente remunerado de Rivera con PDVSA, el contrato que está en el corazón del caso penal contra Rivera.

Luego está esto: Gorrín aparece en la lista del gobierno de “testigos potenciales” con los que Rivera no puede ponerse en contacto como condición especial de la fianza de $200,000 del acusado. El abogado temporal de Rivera, Shohat, pide al juez de distrito Darrin Gayles que aclare ese espinoso asunto y otros que permitan a su cliente visitar Caracas.

El argumento de Shohat se reduce a la afirmación que Rivera tiene el derecho constitucional a un abogado en virtud de la Sexta Enmienda para consultar con Gorrín, quien está acusado en un encausamiento de Miami de malversar cientos de millones de dólares del gobierno venezolano en un esquema de corrupción extranjera y lavado de dinero con dos ex tesoreros nacionales y luego mover parte de ese dinero al sur de la Florida. Ambos tesoreros venezolanos fueron condenados en el sur de la Florida y enviados a prisión.

Rivera, quien sirvió en el Congreso por última vez hace una década y fue elegido miembro del Comité Republicano en el Condado Miami-Dade en 2020, proporcionó una declaración el martes al Miami Herald diciendo que tiene todo el derecho a reunirse con Gorrín, alegando que no es un fugitivo, como afirman los fiscales federales, porque se fue a Venezuela a principios de 2018 antes de ser encausado más tarde ese año.

“Hasta donde yo sé, mi derecho constitucionalmente protegido de la Sexta Enmienda a un abogado no aplica únicamente a los abogados dentro de Estados Unidos”, dijo Rivera. “Creo que debería poder elegir a mis abogados, no el gobierno”.

“Gorrín es un tesoro de información y documentos que humillarán al gobierno y destruirán su caso”, añadió. “No tienen ni idea de lo que se les viene encima, y Gorrín es fundamental para ello”.

La Fiscalía Federal declinó hacer comentarios, pero se espera que responda en una presentación judicial a la solicitud de Rivera de viajar a Venezuela para consultar con Gorrín.

Rivera, quien dice que está considerando una candidatura a la Cámara estatal en la Florida, pero no especifica el distrito del área de Miami que intenta representar, fue acusado en diciembre junto con su ex asesora política de Miami-Dade, Esther Nuhfer. Un encausamiento los acusó de confabularse para cometer delitos contra Estados Unidos, no inscribirse como agentes extranjeros como parte de su trabajo de asesoría para la filial petrolera de Venezuela, PDV USA, y lavado de dinero.

Mientras la economía de Venezuela se desplomaba en 2017, la petrolera contrató a Rivera para una costosa campaña de relaciones públicas con el fin de apuntalar a la empresa en Estados Unidos y evitar las sanciones estadounidenses. En solo unos meses, el negocio de Rivera, Interamerican Consulting, recaudó $20 millones de PDV USA, pero su contrato de $50 millones con el ex político terminó abruptamente cuando fue acusado de hacer poco trabajo, según una demanda en Nueva York que se presentó antes del encausamiento federal en Miami.

Los documentos judiciales de las causas civil y penal revelaron que Rivera desvió más de la mitad de sus ingresos de PDV USA —$13 millones— a tres subcontratistas de Miami que supuestamente prestaban “servicios de consultoría estratégica internacional” para la empresa venezolana. Los tres receptores de los ingresos fueron su abogado venezolano, Gorrín; su socio consultor, Nuhfer, y un ex narcotraficante convicto, Hugo Perera. Perera, urbanizador de Miami, presentó le presentó Gorrín a Rivera. Tanto Perera como Gorrín —que no han sido imputados en el encausamiento junto con Rivera y Nuhfer— llegaron a conocerse porque eran propietarios de viviendas en la exclusiva Fisher Island.

En el pasado, Rivera ha defendido sus acciones diciendo que en realidad trabajaba para la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana, no directamente como asesor del gobierno venezolano en Estados Unidos. Pero la acusación dice que Rivera y Nuhfer en realidad estaban haciendo cabildeo para el gobierno venezolano en un esfuerzo por normalizar las relaciones entre el país sudamericano y Estados Unidos, evitar más sanciones económicas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y resolver una disputa legal entre una compañía petrolera estadounidense no identificada y Venezuela.

Según el encausamiento, Rivera y Nuhfer se reunieron con un senador federal no identificado en Washington, para discutir el plan de normalización en 2017, pero fue en vano porque el gobierno de Maduro finalmente no se comprometió a tal acuerdo.

Además, dice el encausamiento, Rivera colaboró con Gorrín, que es dueño de un canal de televisión, una compañía de seguros y otros negocios en Caracas, para organizar una reunión entre el legislador Pete Sessions, de Texas, y el presidente Maduro en Caracas. El 2 de abril de 2018, dice el encausamiento, Rivera, Gorrín y Sessions se reunieron con Maduro y otros políticos venezolanos para discutir la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Como parte de la reunión, Sessions aceptó llevar una carta con esa propuesta de Maduro al presidente Donald Trump, pero sus gestiones finalmente no prosperaron.