Avanzan más dictámenes del “Plan C”: diputados aprueban en comisión que CFE tenga preponderancia sobre empresas privadas
Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) sean “empresas públicas del Estado” y tengan prevalencia o preponderancia sobre las privadas. También establecieron como áreas estratégicas del Estado el servicio de internet y el litio.
Este dictamen fue aprobado en lo general por 21 votos a favor, 16 en contra y no hubo abstenciones. Se hicieron 12 reservas: cuatro de Movimiento Ciudadano, seis del PRI, una del PAN y una de Morena, que fue la única que se aprobó.
Las modificaciones de Morena añadieron que el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de la nación para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerán las políticas necesarias hacia la transición energética y otros impactos ambientales.
Los diputados aprobaron en comisiones dos dictámenes más pertenecientes al llamado “Plan C” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: la referente a Áreas y empresas estratégicas y la que corresponde a Agua, alimentos y protección al medio ambiente.
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La iniciativa añade, en el artículo 28, que las funciones que ejerza el Estado sobre el “servicio de internet del Estado” no constituirán un monopolio. Incluye que los objetivos serán “el control el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado”.
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Las modificaciones recayeron en los artículos 25, 17 y 28 de la Constitución. La reforma propone que en ningún caso los particulares “tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
La discusión sobre dictámenes del “Plan C”
Durante la discusión, los morenistas Óscar Catón Zetina y Marco Rosendo Medina destacaron que esta modificación buscaba dar marcha atrás a una de las llamadas reformas estructurales realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como parte del Pacto por México.
El priista Rubén Moreira argumentó en contra que la Comisión Federal de Electricidad opera actualmente en números rojos, a diferencia de lo que ocurría previo a este sexenio. El PRI, dijo el coordinador legislativo, presentó reservas, para que pequeños agricultores reciban tarifas más pequeñas, lo mismo que pequeños comerciantes.
Miguel Rodarte del PAN defendió su postura en contra del dictamen con base en que en cuanto a lo energético el país debe tener “todas las puertas abiertas para la inversión del sector privado”.
“Se tiene que hacer un análisis de cómo ha venido funcionando en estos seis años y cómo ha afectado a la inversión privada lo que se ha hecho en manera de electricidad”, insistió.
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El panista Héctor Saúl Téllez defendió que de 2014 a 2018 creció la cobertura eléctrica y la inversión extranjera en esa industria, por lo que en 2018 abonaba al PIB el 1.9 por ciento. Sin embargo, el panista aseguró que CFE perdió en los últimos cuatro años 194 mil 600 millones de pesos.
Téllez acusó que la CFE era competitiva cuando inició el sexenio morenista pero que ahora se ha provocado un hoyo fiscal por los subsidios, lo que se remediaría –dijo— reactivando las subastas donde participaban las empresas privadas.
“Para ser claros: sí estamos en contra del estatismo. Y estamos en contra del populismo energético. ¡Nos declaramos completamente libertarios!”.
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En tanto, el morenista Caro Cabrera resumió el debate así: “neoliberalismo vs. una concepción social del Estado mexicano”.
El diputado defendió que las inversiones en el sistema eléctrico nacional no tienen precedente y que la reforma influye en el mercado para que siempre se preserve el criterio de servicio público el acceso a internet.
El petista Gerardo Fernandez Noroña acusó a los diputados opositores de no aprender nada tras las elecciones del 2 de junio, porque cuando echaron para atrás la reforma eléctrica en el Congreso les advirtió que perderían la Presidencia. Les acusó de repetir un discurso falaz. Recordó que les llamó “traidores a la patria”.
Fernández Noroña negó las pérdidas enumeradas por la oposición y aseguró que comparado con el último año la CFE obtuvo 320 mil millones más de ingresos. Noroña aseguró que es más un debate ideológico que técnico:
“Estamos hablando de si el Estado mexicano debe conservar sus áreas estratégicas y prioritarias al servicio del pueblo o si debemos hacer como ha hecho el PRI y el PAN de privatizar todos los servicios y entregárselo a sus compadres o el capital extranjero”.
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La acusación de Fernández Noroña causó que el priista Rubén Moreira respondiera.
“Nos han llamado traidores, traidores a mi juicio son los que le entregaron este país al narcotráfico. ¡Y voy a citar al presidente del Partido del Trabajo: en este país hay dos gobiernos, uno de narcotráfico!”.
Más tarde, los ánimos bajaron. Aunque mantuvo su postura en contra de la reforma, Rubén Moreira dijo que estaba de acuerdo con la propuesta morenista de que no se busque el lucro en la rectoría del Estado sobre la energía.
Suavizan propuesta de AMLO sobre agua y transgénicos
El segundo dictamen aprobado prohíbe concesiones para minería a cielo abierto, y contratos para la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, salvo en casos excepcionales que determine el presidente. También pone un candado a las concesiones de agua en zonas con baja disponibilidad.
Esta iniciativa propone principalmente la prohibición de perforamiento hidráulico, o fracking, para extraer hidrocarburos así como la minería a cielo abierto. También busca que México quede libre de maíz genéticamente modificado para siembra y consumo humano.
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El dictamen fue aprobado por 27 votos a favor y nueve en contra y ninguna abstención. Los legisladores presentaron 14 reservas: seis de Movimiento Ciudadano, seis del PRI, una del PAN y una de Morena.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares, recordó a los presentes que esta Legislatura dejó pasar la oportunidad de votar la Ley General de Aguas; a la demanda se sumó la priista Cynthia López Castro. Hoy sigue vigente una ley aprobada en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas.
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La única reserva que se discutió fue la que expuso la morenista Irma Juan Carlos, para modificar la propuesta enviada inicialmente por el presidente López Obrador. La legisladora defendió la prohibición de organismos genéticamente modificados, transgénicos, que ponen en riesgo la existencia de la variedad de maíces.
El morenista César Agustín insistió que la reserva busca que en el artículo 4 se establezca de manera puntual que el cultivo de maíz debe ser libre de transgénicos y cualquier modificación genética. El legislador precisó que el 27, introdujo la administración de los municipios sobre la participación de las organizaciones comunitarias en la gestión del agua, que inicialmente no estaba condicionada.
Al respecto, el diputado Braulio Löpez Ochoa Mijares advirtió que la reserva resulta casi una contrarreforma, que abre la puerta a la realización de la minería a cielo abierto y el fracking en algunos casos, a diferencia de la propuesta inicial que cerraba por completo la puerta a estas prácticas.
Los diputados priistas Rubén Moreira y Eduardo Zarzosa felicitaron a la morenista Irma Juan Pablo por la reserva.
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Con estos, suman ya 14 dictámenes correspondientes “Plan C” que han sido aprobados en Comisiones por los Diputados y están listos para votarse en el Pleno en septiembre próximo. Este jueves, está programada la votación de la reforma en torno a la adscripción directa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.