La Audiencia Nacional española imputa delitos de terrorismo al sospechoso de enviar cartas bomba

MADRID, 20 jun (Reuters) - Un juez español ha imputado dos delitos de terrorismo con agravantes a un hombre de 74 años sospechoso de enviar varios paquetes bomba dirigidos a instituciones gubernamentales, diplomáticas y de la industria de defensa a finales de 2022, según un documento de la Audiencia Nacional publicado el martes.

Pompeyo González Pascual fue detenido en enero tras enviar presuntamente seis paquetes con explosivos caseros dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, a una base aérea y a un fabricante de armas entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre del año pasado.

La mayoría fueron desactivadas, aunque un empleado de seguridad de la embajada ucraniana resultó herido leve al detonar una de ellas.

El magistrado instructor José Luis Calama, ante la Audiencia Nacional en Madrid, dijo que los dos cargos de terrorismo y fabricación de artefactos explosivos con fines terroristas estaban justificados aunque no hubiera pruebas de que González perteneciera a un grupo terrorista organizado o actuara en connivencia con él.

Las acusaciones esstán justificadas por la naturaleza y el contexto de los actos, el uso de artefactos explosivos y sus motivos políticos, pues aspiraba a alterar el orden público y obligar al país a dejar de apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, añadió Calama.

Ambos fueron considerados delitos agravados porque dos de los paquetes iban dirigidos expresamente a altos cargos del Gobierno: Sánchez y Robles.

El juez había dejado en libertad provisional a González en abril alegando su edad, su falta de antecedentes penales y el hecho de que la fase de obtención de pruebas de la investigación había concluido.

Se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir del país. Además, deberá comparecer semanalmente en el juzgado más cercano y mantener informado al juez de su paradero en todo momento.

González es un antiguo funcionario jubilado que vive en Miranda de Ebro, en el norte de la provincia de Burgos.

Durante la investigación, la policía encontró restos de ADN que coincidían con el de González en los artefactos explosivos.

Los registros proporcionados por la plataforma de comercio online Amazon mostraron que González había comprado materiales precursores para explosivos, cables de cobre, cinta adhesiva y plantillas de rotulación en junio y julio de 2022.

(Información de Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)