Antes de que asuma, el desembarco de Antonio Aracre en el Gobierno suma rechazos y un planteo ante la Oficina Anticorrupción

Antonio Aracre, un hombre de negocios que quiere dar el salto a lo público, anunció su desembarco en el gabinete de Alberto Fernández con un mes de anticipación. Pero antes de que pudiera empezar a trabajar, su camino al Estado se sembró de escollos y resistencias. El sindicalismo salió a cruzarlo por sus declaraciones sobre la “flexibilización y modernización” laboral; grupos de ambientalistas repudiaron su desembarco por su procedencia como ejecutivo de la compañía de semillas y herbicidas Syngenta y ahora se sumó una nota a la Oficina Anticorrupción por potenciales conflictos de interés.

En la Casa Rosada ratificaron que el empresario preferido de Fernández y exCEO de Syngenta, será, a partir del 1 de febrero, el nuevo jefe de asesores de la presidencia de la Nación. Con su incorporación, el Presidente quiere exhibir apertura a las inversiones y refrescar su equipo, que tuvo varias bajas en los últimos meses. “Va a ser asesor y como tal no tendrá firma dispositiva en absoluto”, señalaron fuentes oficiales a LA NACION consultadas sobre los planteos por potenciales conflictos de interés contra Aracre.

Desacostumbrado a la exposición de la función pública, en los últimos días Aracre se manifestó abierto a impulsar una reforma laboral y habló de “flexibilizar y modernizar” los procesos de inclusión al mercado del trabajo. Sus declaraciones le valieron el repudio del sindicalismo en pleno, desde el moyanismo hasta la conducción moderada de la CGT y la CTA Autónoma. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, salió a decir que era “una idea personal” de Aracre y el propio empresario aclaró que “el Presidente no cree necesaria una reforma laboral”. La portavoz, Gabriela Cerruti, buscó clausurar el asunto el jueves. “Él lo aclaró suficientemente y el tema está terminado”, dijo.

Repudio de la sociedad civil

Además de la polémica por sus declaraciones, en los últimos días aparecieron voces de la sociedad civil que repudiaron la designación de Aracre, por su perfil empresario y su rol en Syngenta. Las protestas llegaron hasta los oídos de Fernández. Esta semana, cuando estaba inaugurando un hospital modular en Los Cardales, un grupo de ambientalistas lo interrumpió con gritos en contra de Aracre y una pancarta que rezaba: “Paren de fumigarnos, Basta de cáncer”. Fueron apartados por las fuerzas policiales. Fernández hizo mención al episodio. “Estoy seguro que el compañero que se quejaba por el uso de agroquímicos lo hacía honestamente. Equivocado el modo, pero lo hizo honestamente y tal vez haya que escucharlo”, dijo.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), por su parte, le reclamó al Gobierno que “anule” la designación de Aracre como jefe de asesores al considerar que representa la llegada del “agronegocio al poder”. “Deberá asesorar al Presidente en temas cruciales sobre los cuales tiene evidente conflicto de interés: regulación de los agrotóxicos, privatización de semillas, ley de acceso a la tierra, derecho a la alimentación”, sostuvo la organización.

A ese planteo se sumó otro, que entró por mesa de entradas del Gobierno. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas redactó una carta pública que sumó miles de firmas, en la que se advierte por potenciales conflictos de interés, dado que la Ley 25.188 de Ética Pública establece que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado.

“Las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado. Si bien el cargo de Jefe de Asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulación de agrotóxicos en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas”, dice la nota.

El escrito fue presentado esta semana en la Casa Rosada y, acto seguido, una copia ingresó en la Oficina Anticorrupción para “poner en conocimiento” al organismo especializado. No se trata de una denuncia formal, debido a que Aracre no fue oficializado en el cargo aún.

En la Casa Rosada apuntaron: “La carta reconoce que Aracre no tendrá firma dispositiva e incurre en una mera elucubración que no se condice con ningún hecho de la realidad”. Si bien no tuvo vinculación alguna con el área de competencia que tendrá Aracre, hay resoluciones del Estado que inciden en el negocio de Syngenta, como la recomendación que esta semana hizo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a la Secretaría de Comercio para aprobar la adquisición de la empresa Nidera Seeds Argentina por parte de esa compañía.

La OA, a la espera de un nombramiento

En la OA están al tanto de la notificación en contra de Aracre y entienden que deberán, de mínima, estudiar el caso, al igual que otros expedientes por potenciales conflictos de interés de la gestión de Fernández y de la gestión de Mauricio Macri que están pendientes de resolución. Entre otros, se tramita el caso contra Ricardo Gil Lavedra iniciado por la AFIP por haber asesorado de forma externa al organismo recaudador en el juicio contra el empresario kirchnerista Cristóbal López, y el expediente contra Patricia Bullrich (iniciado por la propia OA) por la compra de equipamiento a Israel. También está pendiente de trámite una denuncia de la Coalición Cívica contra el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico y contra el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Alexandre Roig por la celebración de convenios con el Movimiento Evita, que tiene a ambos funcionarios como referentes.

El organismo anticorrupción está acéfalo desde que, a fin de año, dejó su cargo Félix Crous, que optó por retomar funciones en el Ministerio Público Fiscal. Crous sugirió que haya una continuidad de su gestión en la OA a través de su segundo, el subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, que también está en uso de licencia en la Procuración General de la Nación.

Villanueva, lanzó a posteriori de la salida de Crous el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), para que las empresas privadas, públicas o con participación estatal hagan públicos sus programas de integridad ética. Pero aún así el funcionario no tuvo señales de la Casa Rosada acerca de una posible continuidad. Cerca de Fernández aseguraron que el Presidente aún no resolvió a quién designará en la OA. Se espera que lo haga en los próximos días, por tratarse de un cargo sensible con una agenda caliente de temas por resolver.