Arrestos por fraude electoral de DeSantis tienen el efecto de intimidar votantes | Editorial

La Florida anunció con gran fanfarria la semana pasada que 20 personas habían sido acusadas de votar ilegalmente en las elecciones de 2020. Eso puede sonar como una victoria temprana para la nueva fuerza policial electoral que el gobernador Ron DeSantis impulsó a través de la Legislatura la primavera pasada. Pero en realidad se trata de intimidación a los electores en la víspera de una elección.

Para tener una perspectiva, estamos hablando del arresto de 20 personas en unas elecciones en las que votaron más de 11 millones de personas. En ese momento, DeSantis se jactó de que el proceso de votación en 2020 —en el que entregó la Florida a Donald Trump— fue muy limpio: “La forma en que la Florida lo hizo, creo, inspira confianza. Creo que así es como deben llevarse a cabo las elecciones”.

Ahora, sin embargo, DeSantis —quien anunció los arrestos en una sala del Condado Broward, flanqueado por agentes de policía— aparentemente cree que hay tanto fraude electoral en la Florida que esto es solo la primera tarea para la nueva Oficina de Crímenes Electorales y Seguridad.

Los arrestos se produjeron en cinco condados —Hillsborough, Orange, Broward, Palm Beach y Miami-Dade— donde la mayoría de los electores registrados son demócratas. El anuncio se produjo pocos días antes de las primarias del martes 23 de agosto, y se hizo en un condado considerado el mayor bastión de votos demócratas.

Los arrestados fueron condenados por homicidio o por agresión sexual, es decir, lo peor de lo peor. Ambas categorías están excluidas de la Enmienda Constitucional 4 del estado que restablece el derecho de voto a los delincuentes. Así que, ¿quién pudiera estar en contra de que se les acuse?

Pero, ¿se trata de un fraude? ¿O fue en realidad una confusión, ayudada por la demora del propio estado a la hora de implementar esa enmienda constitucional de 2018?

Cinco de las personas arrestadas dijeron al Miami Herald que no sabían que no eran elegibles, y supusieron que si sus formularios de registro de electores eran aprobados, eran libres de votar. Un hombre dijo que estaba renovando su licencia de conducir cuando una persona en una cabina de registro de electores lo convenció de que era elegible para votar. Otra persona dijo que pensó erróneamente que sus derechos habían sido restablecidos en virtud de la Enmienda 4, la enmienda sobre el derecho al voto de los ex convictos aprobada por cerca del 65% de los floridanos. La ley no aplica a los condenados por homicidio o delitos sexuales.

‘Les conceda un poco de gracia’

El senador Jeff Brandes, el republicano de St. Petersburg que redactó el proyecto de ley que implementa la Enmienda 4, dijo en Twitter que los legisladores esperaban que “a los inelegibles el Estado les conceda un poco de gracia si se registraron sin intención de cometer fraude electoral”. Algunos de los individuos lo verificaron con [supervisores de Elecciones] y creyeron que podían registrarse. #Intentmatters”.

Brandes, que no se presenta a la reelección, también dijo que el secretario de Estado de Florida “debería cotejar todas las nuevas inscripciones de electores con una base de datos de delincuentes y confirmar que son elegibles. La mayoría de los individuos son simplemente ignorantes de la ley y no tienen intención de cometer fraude electoral, solo quieren empezar un nuevo capítulo en la vida”.

La Junta Editorial contactó el lunes, con preguntas, al secretario de Estado de la Florida, Cord Byrd, pero no recibió respuestas.

El fraude electoral debe ser erradicado, por supuesto. Pero la fuerza de la ley —y el peso de esta nueva oficina electoral— debería aplicarse por igual. ¿Dónde está la determinación de perseguir a los candidatos fantasmas? El ex senador estatal de Miami-Dade Frank Artiles sigue acusado de reclutar y pagar a un candidato sin partido, Alexis Pedro Rodríguez, para que influyera en el resultado de una contienda para el Senado estatal de Miami-Dade.

Y también está el caso de los encuestadores del Partido Republicano que ilegalmente cambiaron las afiliaciones partidistas de más de 100 ancianos de Miami-Dade el año pasado sin su consentimiento. ¿Pudiéramos tener una conferencia de prensa en la sede del tribunal sobre ese tema? ¿O cuando un puñado de habitantes de The Villages, en la región central de Florida, fueron arrestados acusados de haber emitido más de un voto en las elecciones de 2020?

El tipo de fraude electoral al que se apunta en los casos anunciados por DeSantis debería ser identificado a nivel estatal. En cambio, el Estado no se ocupa del problema, el gobernador se atribuye el mérito de “arreglarlo”, y las personas anteriormente encarceladas que han restablecido legítimamente el derecho al voto se quedan preguntándose si deben arriesgar su propia libertad para emitir un voto.