Tras la aprobación del Presupuesto, Sergio Massa pone la lupa en las empresas públicas del Estado

Sergio Massa se retiró eufórico del recinto de la Cámara de Diputados aquel miércoles por la mañana. Hasta última hora el ministro de Economía pulseó los artículos claves del presupuesto 2023 y el tablero de la votación lo premió con 180 votos positivos. No le dio importancia a la derrota del oficialismo en su intento por imponer el impuesto a las ganancias a la Justicia y de recuperar el manejo de las retenciones; en rigor, lo que más le interesaba era que los favores que había cristalizado en una decena de artículos –los más polémicos- fuesen aprobados.

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Ahora el ministro va por más. El mismo día del debate del presupuesto en la Cámara baja, el Poder Ejecutivo emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el 712/2022, que le permitirá al Ministerio de Economía contar con información pronta y certera sobre el flujo de recursos que manejan las empresas públicas y los fondos fiduciarios a fin de que sus excedentes sirvan al financiamiento del Tesoro por medio de títulos públicos a un plazo mayor al actualmente permitido, 180 días.

Se trata de fondos multimillonarios: las 33 empresas públicas y los 29 fondos fiduciarios que conforman el sector público tendrán excedentes (ingresos menos gastos) por $525.711 millones de pesos (U$S 3500 millones) el año próximo según el presupuesto 2023. Una “caja negra” que escapa al control del Tesoro, pues los fondos fiduciarios y las empresas públicas administran por su cuenta sus recursos por estar fuera de la órbita de la Administración Pública Nacional.

Estas no son las únicas cajas más suculentas del Estado. Dentro de la Administración Nacional funciona una suerte de ministerio sin ministro, llamado “Obligaciones a cargo del Tesoro”, por el cual el Gobierno asigna créditos para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado con cierta discrecionalidad. Massa se aseguró que esta partida sea la más favorecida (después de los servicios de la deuda) del presupuesto del año próximo, un año electoral. Le asignó la friolera de $2881 millones, un 94% de suba respecto del año pasado –muy por encima de la inflación promedio del 76%-.

¿Por qué es importante este “ministerio sin ministro”? Porque quienes conducen la cartera de Economía –Massa y sus antecesores en el cargo- han sabido echar mano de esos fondos para atender las urgencias de la gestión y los reclamos de la política. Un ejemplo: ante el malestar desatado en su propio bloque por la poda brutal que el Ministerio de Economía había impuesto en las partidas sociales (entre ellas la de Educación) en el presupuesto 2023, Massa echó mano de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro y las reforzó con $320.655 millones extra. Así, se aseguró el voto de los diputados kirchneristas y de los representantes de los movimientos sociales.

A los gobernadores peronistas, en tanto, les repartió obras públicas como pan caliente y fondos frescos para el transporte automotor en sus provincias: $20.000 millones de refuerzo para el año próximo. Provendrían el Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, el más suculento de los fondos, el cual es manejado por un hombre de Massa, Alexis Guerrera, ministro del área.

Dadivoso, Massa aplacó los connatos de rebeldía de los diputados del interior, aunque a algunos los favoreció especialmente. Por caso, a las provincias cuyas empresas de energía tienen fuertes deudas con la mayorista Cammesa (nada menos que $530.000 millones) les concedió un plan de 96 cuotas mensuales para regularizar su situación.

Al riojano Ricardo Quintela, un gobernador de férrea lealtad al Gobierno, le concedió $47.000 millones (el doble de lo que estaba previsto en el presupuesto original) a su provincia y los municipios. A los misioneros, en tanto, les incluyó un artículo por el cual se faculta al Ministerio de Economía (o sea, al propio Massa) pueda constituir áreas aduaneras especiales, una promesa de larga data que hasta ahora no se cumplió.

Hubo favores para todos. A los sindicatos les regaló un aumento en hasta el 49% en las alícuotas de las obras sociales que deben pagar los monotributistas, mientras que al clan Moyano le cedió una jugosa deducción del impuesto a las ganancias para unos 130.000 camioneros y que tendrá un costo fiscal de $84.000 millones, acusó el diputado Luciano Laspina. Eso sí, le vetó a los gremios la posibilidad de que se graven con el 15% los planes especiales de las prepagas y obras sociales, pero la jugada le permitió a Massa asegurarse el voto de confianza de las poderosas empresas de medicina privada.

Otros sectores empresarios también salen favorecidos con el presupuesto. Por caso, los productos electrónicos fabricados (o ensamblados) en Tierra del Fuego serán más caros por la suba de los impuestos internos dispuesta en el presupuesto con el objetivo de proteger su industria, de por sí privilegiada con un generoso programa de promoción industrial, que el año próximo le costará al Estado casi $530.000 millones (0,3% PIB). En otro artículo, que se incluyó a último momento, Massa les hace otro guiño a las empresas al admitir el ajuste por inflación del balance impositivo para el Impuesto a las Ganancias; un beneficio que apunta, sobre todo, a las grandes empresas con balances positivos.

Las empresas concesionadas Edesur y Edenor (esta última conducida por José Luis Manzano y Daniel Vila, cercanos al ministro) también se llevaron su tajada al asegurarse que podrán afrontar la deuda con Cammesa, de $200.000 millones, con un reajuste en las tarifas de luz a partir del año próximo.

Massa tampoco se olvidó de AySA, la empresa estatal que preside Malena Galmarini, su esposa: a ella le garantizó una prórroga por diez años de la concesión, pese a que vence recién en 2026. ¿Por qué otorgar una prórroga con semejante antelación?, criticó la oposición. Según el artículo, para “asegurar la continuidad del plan de inversiones de los servicios apalancado por los financiamientos de largo plazo por parte de organismos multilaterales y bilaterales de crédito, así como cumplimentar los compromisos asumidos por la concesión”. No sólo el oficialismo votó este artículo; también el bloque Pro; la UCR y la Coalición Cívica, al igual que los libertarios y la izquierda votaron en contra.

Divisiones opositoras

Las divisiones dentro de Juntos por el Cambio fueron funcionales a Massa, quien no fue inocente al incentivarlas. El ministro, diestro a la hora de repartir favores a los opositores “amigos”, privilegió al bloque Evolución Radical al concederle un artículo que permite deducir hasta un 40% los gastos de educación sobre la ganancia no imponible del impuesto. También aseguró un refuerzo de 7000 millones extra a las universidades, un gesto que el diputado Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA y de fluido diálogo con Massa, se encargó de exaltar.

El bloque que encabeza el cordobés Rodrigo De Loredo y se referencia en el senador Martín Lousteau fue el primero en sentarse en las bancas a la hora de dar quorum; lo mismo el radicalismo, que hasta pocas horas antes de la votación se dirimía entre la abstención (postura que agitó el macrismo) o el apoyo al presupuesto. Se impuso la segunda opción merced a la presión que, desde las sombras, ejerció el jefe de la UCR y gobernador de Jujuy Gerardo Morales, de buenos vínculos con Massa.

Este cúmulo de concesiones a oficialistas y opositores no alteran los techos presupuestarios ni las metas de déficit pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Para complacer a unos y otros Massa no subió el gasto, sino que redirigió partidas que no estaban específicamente asignadas en la millonaria jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Pero esta caja no alcanza, máxime si se considera que el déficit financiero previsto para el año próximo seguirá alto, de 3,9 puntos del PBI.

Al tener restringida la asistencia por parte del Banco Central, Massa apunta a otras fuentes de financiamiento: los fondos excedentes de las empresas públicas y de los fondos fiduciarios. Esto explica el DNU 712 dictado la semana pasada. Con esta medida Massa pretende asegurarse dos objetivos: primero, que las empresas públicas y los fondos fiduciarios destinen sus excedentes transitorios de liquidez en títulos públicos, incluso a un plazo mayor de 180 días.

Segundo, y más importante, por medio de este DNU las empresas del Estado y los fondos fiduciarios deberán informar al Ministerio de Economía, de manera mensual, cuál es su flujo de fondos. Asimismo, el Banco Central y los bancos privados deberán dar cuenta de los activos financieros (léase plazos fijos u otras operaciones) que poseen aquellos entes públicos. Está claro que Massa, lo que pretende, es sacarle el velo de opacidad con la que hoy se manejan estos fondos multimillonarios y echar mano de ellos cuando la economía, en tiempos electorales, apriete.