Apoyo a las poblaciones sin vivienda en Estados Unidos: tema angular con miras a las elecciones presidenciales

La falta de vivienda es uno de los problemas fundamentales que enfrenta Estados Unidos actualmente. Es un problema que se extiende a lo largo y ancho del país y cuyas consecuencias son profundas. Estar en situación de calle está asociado, por ejemplo, con mayores tasas de hospitalización y mortalidad. Además, carecer de hogar en la infancia aumenta la probabilidad de cometer asesinatos y delitos contra la propiedad en la edad adulta. Con la campaña presidencial estadounidense de 2024 ya en marcha, es necesario que los reflectores apunten a las múltiples dificultades que afrontan las poblaciones sin hogar. Esto contribuye a abordar las carencias en el mercado de la vivienda y extender la oferta de servicios de ayuda holísticos e integrales para las poblaciones en situación de calle.

Aunque los datos muestran una reducción significativa en el número de personas en situación de calle en Estados Unidos –diez por ciento entre 2007 y 2022– la carencia de vivienda todavía es un problema grave para el país. Durante dicho período, la cantidad de personas sin hogar aumentó en 18 estados, y los impactos residuales de la pandemia provocaron que los casos de personas sin hogar incrementaran en el último año. En 2022, en una sola noche, alrededor de 582,500 personas, o 18 de cada 10,000 habitantes del país, se encontraban en situación de calle. En algunos estados como California, ese número alcanzó un promedio de 171,521 personas sin hogar en una sola noche.

Es importante resaltar que obtener estadísticas sobre la población en situación de calle es muy complejo. Existen dos maneras principales de medir a estas poblaciones: hacerlo durante una noche al año en las grandes urbes de Estados Unidos o recabar los informes de entradas a albergues a lo largo del año. En el primer caso, se corre el riesgo de que la noche elegida sea atípica y, por ende, no representativa la distribución de la población en situación de calle en otros días del año. En el segundo caso, se invisibiliza a las personas que no buscan ayuda en albergues. Desafortunadamente, ambos métodos son imprecisos y es probable que subestiman la tasa real de personas que experimentan situación de calle.

Para complicar las cosas, al igual que sucede con casi todas las políticas públicas a las que el país debe hacer frente, la oferta de vivienda está fuertemente racializada y las poblaciones vulnerables son las más afectadas. Aunque los afroamericanos constituyen alrededor del 12 por ciento de la población, en 2022 representaron 37 por ciento de todas las personas sin hogar y 27 por ciento de las personas sin vivienda que, además, carecen de alojamiento o albergue. La distribución racial desigual de la población sin vivienda es un reflejo de los problemas estructurales más amplios que enfrenta el país.

Por ejemplo, la evidencia sugiere que los altos porcentajes de personas sin hogar entre las poblaciones afroamericanas están vinculados a la desigualdad económica racial, a la discriminación en la oferta de vivienda y a la segregación residencial. Este último punto es particularmente importante, dada la creciente evidencia que detalla la manera en la que la segregación racial se ha cimentado en el paisaje urbano del país y ha permanecido relativamente inmóvil durante décadas. Además, en comparación con aquellas poblaciones que cuentan con vivienda, la prevalencia de problemas de salud mental es mucho mayor entre las poblaciones en situación de calle.

A nivel nacional, la literatura sugiere que los factores relativos a la vivienda, como los costos elevados y la falta de oferta habitacional, son más significativos al momento de predecir la situación de calle que otros factores como el uso de drogas, la enfermedad mental, la pobreza o el contexto político local. Por lo tanto, corregir fallas en el mercado de la oferta habitacional debe ser una prioridad y se puede lograr por medio de las siguientes estrategias: ayudar a aplanar la curva de precios de la vivienda mediante una mayor oferta habitacional, promover la densificación urbana expandiendo la oferta de vivienda asequible cerca de los centros de las ciudades y las rutas de transporte, y relajar las leyes de uso de suelo para fomentar la construcción de vivienda en comunidades de medianos o altos ingresos. En los diferentes niveles de gobierno existen varias herramientas de política pública que se pueden utilizar para impulsar estos cambios. Una estrategia consiste en otorgar subsidios intergubernamentales condicionados a la implementación de dichas políticas.

De manera paralela se necesitan iniciativas adicionales para atender las necesidades de aquellos segmentos de la población que carecen de hogar. Entre dichas iniciativas se cuentan: ofrecer a poblaciones en situación de calle acceso a una serie de servicios integrales, que incluyen refugio, salud mental y opciones de capacitación empresarial, e impulsar el desarrollo de programas holísticos para apoyar la transición de dichas personas hacia una vida independiente con vínculos sociales. En lo que respecta a los programas de oferta habitacional, un estudio experimental que analizó una serie de intervenciones encontró que los subsidios de alquiler a largo plazo, a diferencia de los subsidios de alquiler a corto plazo y la vivienda de transición, son las estrategias más eficientes para ayudar a disminuir del número de personas en situación de calle y promover la seguridad alimentaria.

Finalmente, dado que la desigualdad racial está enhebrada en el tejido social del país, dichos programas de vivienda deben de contar con un fuerte componente de acción afirmativa, cuyo foco esté orientado a nivelar el acceso a oportunidades de vivienda entre los blancos y las poblaciones afroamericanas. Fomentar políticas de acción afirmativa es particularmente urgente, especialmente porque tales políticas están bajo amenaza, como lo demuestra la decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia a través de la cual ahora es anticonstitucional tomar en cuenta la raza de solicitantes en las admisiones universitarias.

* Jonathan Grabinsky (@jgrabinsky) es especialista en temas de gobierno, cuenta con licenciatura y maestría en Política Pública por la Universidad de Chicago. Luisa Godínez Puig, PhD (@Luisa_Godinez_P) es especialista en temáticas de equidad en el centro de investigación Urban Institute de Washington D. C.

Las opiniones presentadas aquí son de los autores y no representan las opiniones del Urban Institute.