Apela FGR orden de jueza de devolverle casa a Emilio Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubicado en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, sigue asegurado y no será devuelto.

Indicó que es evidente que la residencia se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación.

"El criterio expresado por la jueza federal, Ana Lilia Osorno Arroyo, es inaceptable, al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma", resaltó la dependencia en una tarjeta informativa.

Recalcó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, de acuerdo al artículo 12 y 6 transitorio, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado y que son legales y válidos los procedimientos de extinción.

Los cuales se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad.

La FGR señaló que los artículos y toda la ley correspondiente fueron convalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando revisó esa legislación.

Dijo que la apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal, y se informará sobre los alegatos que la FGR expondrá.

"Independientemente de lo anterior, dicho inmueble también se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal diferente a éste, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita", enfatizó la dependencia.

Esto, luego de que el jueves pasado la jueza Osorno Arroyo declaró improcedente la acción de extinción de dominio que la FGR interpuso a la propiedad de Lozoya.

En el fallo, la juzgadora detalló que cuando el exfuncionario adquirió la propiedad por 38 millones 175 mil pesos, en diciembre de 2012, la ley no contempla como causal de extinción de dominio el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y no se puede aplicar la ley de manera retroactiva.