El paro simbólico con un “apagón de monitores” por 48 horas para las intervenciones programadas que iniciaron hoy los especialistas en hemodinamia y cardiología intervencionista es el primero en exponer un nuevo reclamo por la pérdida de valor de los honorarios en el sector de la salud. De a poco, así se empieza a oír entre los profesionales de distintas especialidades en un sistema que sigue quebrado.

A punto de cumplirse un año de que más de 30 asociaciones y sociedades científicas salieron públicamente a comunicar un acuerdo para implementar un honorario ético mínimo federal para las consultas médicas por los bajos honorarios, el reclamo se reaviva. En casi 12 meses, ese monto se triplicó: pasó de 6000 a 18.000 pesos entre septiembre de 2023 y agosto de este año, de acuerdo con la última actualización que difundieron las Sociedades Médicas Argentinas (SMA).

“Ningún especialista de la República Argentina podrá cobrar un valor inferior al de los honorarios éticos mínimos”, refirieron al actualizar ese valor para la atención por cartilla, que en parte lo cubre la obra social o la prepaga. La diferencia entre el honorario que les abonan las coberturas a los profesionales contratados y ese monto ético mínimo es lo que paga el paciente. Esto generó controversia con los financiadores, amparos y reclamos de usuarios.

Las 33 entidades firmantes de aquel acuerdo argumentaron que no se trataba de un coseguro, ni un adicional ni un copago. Encuadraron la diferencia por abonar como un bono complementario no reintegrable que se iría ajustando de acuerdo con el índice inflacionario. Este miércoles, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) inició un paro simbólico por 48 horas, con atención de urgencias o emergencias (alrededor del 70% de las prácticas que realizan), para visibilizar su reclamo, sin respuesta aún, por “honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario”.

El Ministerio de Salud de la Nación lo ubicó dentro de una “negociación con los prestadores y financiadores para mejorar el valor de sus intervenciones”, por lo que instó a que “debe resolverse en un marco de responsabilidad para no generar confusión y angustia en los pacientes”.

En el CACI, en tanto, evaluaban positivamente la primera jornada. “Según datos que estamos recibiendo en el CACI, hay un altísimo acatamiento al apagón de monitores. Las cifras oficiales las vamos a comunicar cuando la medida termine”, respondieron a LA NACIÓN.

Medida de fuerza

A través de un comunicado, ayer las autoridades de la entidad habían informado que por dos días no colocarían stents ni realizarían las angioplastías con turnos programados como una medida de fuerza a la que se vieron forzados frente a la falta de respuesta de obras sociales y prepagas. Venían reclamando por la caída de los honorarios y aumentos de hasta más de diez veces el costo de insumos esenciales importados para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

“Hace dos meses, habíamos anunciado públicamente el apagón de monitores [de intervenciones programadas], pero decidimos posponerlo un mes. Solo tuvimos recepción de parte de las autoridades de Salud del gobierno de la ciudad y estamos esperando la reunión que solicitamos con el Ministerio de Salud de la Nación, que por su rol rector en el sistema podría convocar al diálogo entre las partes”, dijo ayer Juan José Fernández, presidente del CACI, a LA NACIÓN.

Hoy, tras ese pedido público para llegar a una solución, desde la cartera a cargo de Mario Russo expresaron: “El gobierno nacional viene impulsando el reordenamiento del sistema de salud tanto en el sector público como en el sector privado, a través de desregulaciones que permitieron una mayor libertad para competir, con el objetivo de lograr mayor capacidad de financiamiento y que mejoren la calidad de las prestaciones en beneficio de los usuarios”.

En el texto enviado a este medio, la cartera sanitaria mencionó, además, que el reclamo no afectó la rutina en los servicios especializados de los centros de atención bajo su administración. “En lo que respecta al sector público en los hospitales nacionales, las intervenciones se están realizando con normalidad”, expresaron. Pidieron aclarar, también, que no hay dificultades con la provisión de insumos para la especialidad “como en años anteriores debido al cierre de importaciones”.

El valor de una angioplastía, un procedimiento que se utiliza para restablecer el flujo de sangre cuando hay una obstrucción o un estrechamiento vascular, debería rondar los US$4000, según puso como ejemplo el titular del CACI, pero las coberturas están abonando menos de la mitad. El médico interviniente debería percibir el 30% del costo del módulo de atención, que incluye la internación, los materiales utilizados y los honorarios.

Los pagos por todos esos ítems, según explicaron en el CACI, no solo aumentaron poco (140%), sino que se deterioraron en este tiempo, por lo que la ecuación no termina siendo conveniente para los prestadores. En esta situación, que consideran “muy crítica”, los insumos subieron entre un 600 y 1200% en el último año, según profundizaron en las últimas horas. Solo el contraste, de acuerdo con los montos detallados, cuesta US$ 400-500.

“Como ya fue expresado en mayo pasado, el CACI declaró el estado de emergencia en la especialidad –señaló la entidad–. El sector atraviesa una ‘tormenta perfecta’: la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial de los costos para (realizar) la práctica médica, como así también de los insumos, como el material de contraste y los stents.”

Acatamiento

Fuentes del sistema de medicina privada evaluaban hoy cerca del mediodía que el cumplimiento de esta primera medida era heterogéneo en ese sector. “No vemos un impacto importante en las instituciones, que en general están funcionando con normalidad”, dijeron.

Coincidieron en que no hay faltante de insumos para los procedimientos por cateterismo desde el reordenamiento del sistema de importaciones a principio de año, pero sí un aumento de los costos de los insumos y las tecnologías “muy por encima de la inflación”, lo que puede ocasionar demoras en la provisión de parte de financiadores o prestadores con más problemas para afrontar esos incrementos.

“La liberación de las cuotas [de las coberturas] al inicio [de la gestión de Javier Milei] permitió una recuperación de los ingresos de entre el 8% y12%, pero esto se volvió a retrasar –expresaron–. Las cuotas están muy justas con respecto de la inflación y los honorarios quedan retrasados en este contexto.”

Con la desregulación de las obras sociales y la medicina prepaga, cada institución prestadora de servicios negocia con el financiador sus acuerdos. Con el CACI, que nuclea a los profesionales, hubo reuniones en ese marco. “Todos coincidimos en el diagnóstico sobre el estado del sistema. Ahora, hay que encontrar la solución”, insistieron.