AP EXPLICA: quién es la fiscal general de Guatemala que se interpone en el gobierno de Arévalo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Bernardo Arévalo inicia el camino de su presidencia con el respaldo de millones de guatemaltecos pero el obstáculo de la fiscalía general, encabezada por Consuelo Porras, ante las promesas del nuevo presidente de limpiar de corrupción un Estado que, por años, ha mantenido marginados y empobrecidos a miles de ciudadanos.

El mandatario de Guatemala ha dicho que planteará una reunión esta misma semana con Porras y que le pedirá la renuncia, aunque su periodo al frente del Ministerio Público termina en 2026, dado que el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, la ratificó en su cargo hace dos años.

Porras llegó a pedir tres veces que le retiren la inmunidad a Arévalo y planteó anular las elecciones.

La retirada de la fiscal es, además, una exigencia de las autoridades indígenas que sostuvieron en las calles a Arévalo en los meses previos a su investidura. Responsabilizan a Porras de la grave crisis política que el país vive desde hace casi medio año.

Sancionada dos veces por el gobierno estadounidense por socavar la democracia y torpedear la lucha anticorrupción, fue abiertamente cuestionada por la comunidad internacional. “El Ministerio Público sigue empeñado en traer casos del pasado para afectar la transición”, concluyó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a inicios de diciembre.

AP explica quién Consuelo Porras y su cuestionado rol al frente de la Fiscalía General.

¿QUIÉN ES LA FISCAL GENERAL PORRAS?

La cabeza del Ministerio Público, mujer menuda y de baja estatura, concentra todo el poder de investigación y persecución penal en Guatemala.

Tiene 70 años y un doctorado en Derecho. Su tesis fue denunciada y cuestionada por incluir fragmentos copiados textualmente de la tesis de otro profesional fallecido sin citarlo. Esa polémica, que quedó en la nada, estuvo a punto de impedirle postularse de nuevo para la reelección como fiscal general. Salvó la controversia con advertencias de investigar y denunciar a sus electores si eso interfería.

Ya para cuando pretendía renovar el cargo, Porras acumulaba señalamientos por bloquear investigaciones sobre corrupción, proteger los intereses de ciudadanos poderosos —incluido Giammattei, quien la reconoce como amiga— y criminalizar a jueces y fiscales.

Quedó al frente de la Fiscalía General por primera vez en 2018 con el apoyo del entonces presidente Jimmy Morales, en reemplazo de Thelma Aldana, en lo que supuso un deterioro significativo de la reputación del Ministerio Público.

¿QUÉ PASÓ CON LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN EL PERIODO DE PORRAS?

Años atrás, el Ministerio Público de Guatemala era ejemplo a seguir en América Latina por sus esfuerzos anticorrupción. Incluso logró que un mandatario renunciara.

Con la llegada de Porras, toda esa lucha retrocedió e incluso se presionó para la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), que investigó las irregularidades cometidas desde el Estado y llevó a juicio a más de medio millar de personas.

Los enemigos de este ente de Naciones Unidas consiguieron que el entonces presidente Morales no renovara el mandato de CICIG y ésta se marchara del país.

En el periodo de mandato de Giammattei, Porras dejó sin investigar denuncias públicas —como la de enriquecimiento ilícito por la compra de vacunas de COVID-19— contra el presidente. Tampoco presentó petición alguna para levantar su inmunidad y poderlo investigar.

¿POR QUÉ PORRAS SE EMPEÑÓ EN OBSTACULIZAR EL CAMBIO DE PODER?

Para la exfiscal Claudia Paz y Paz, la agenda de Arévalo contra la corrupción es una respuesta.

“Va la demanda para que ella cumpla con su obligación de investigar estos casos", apuntó Paz y Paz. Ahora, ese objetivo viene respaldado "también desde el ejecutivo”.

Los problemas para Arévalo con la fiscalía comenzaron justo al confirmarse que pasaba al balotaje. En la misma jornada en que se oficializaron los resultados de la primera vuelta, el juez Fredy Orellana anunció una investigación contra el Movimiento Semilla y ordenaba la suspensión de su personalidad jurídica.

Así como Porras, Orellana también está sancionado en Estados Unidos.

Pese a que la candidatura de Arévalo con Semilla pasó todos los filtros del Registro de Ciudadanos, la fiscalía arrancó una secuencia de acciones que derivó en órdenes de aprehensión y allanamientos a las autoridades y trabajadores electorales, así como el secuestro de actas y votos.

La arremetida judicial sigue su curso, pero ahora con Arévalo en el poder.

¿PUEDE ARÉVALO DESHACERSE DE LA FISCAL GENERAL?

El Congreso modificó en 2016 la ley para hacer más difícil la remoción de la fiscal general, dado que entonces el presidente decidía su nombramiento y su destitución por cualquier motivo. La reforma estableció que sólo puede ser removida con sentencia condenatoria firme por cualquier delito doloso.

Pedirle la renuncia o iniciarle un proceso penal son las vías de salida. Una tercera que podría implementarse es que el Legislativo vuelva a modificar la ley. Pero el partido de Arévalo carece de mayoría en la Cámara, aunque sí consiguieron el apoyo necesario para hacerse con la presidencia de la Junta Directiva del Congreso.

“La ley prevé que cuando hay investigaciones donde se involucra a la fiscal general se tiene que nombrar un fiscal adhoc, pero lo hace ella misma”, apunta la exfiscal Paz y Paz.

La exfiscal explica que hay suficientes casos y evidencias para iniciar acciones penales contra Porras, que podrían justificar solicitudes de retiro de inmunidad, como son las remociones ilegales de fiscales o la criminalización y persecución a operadores de justicia.

Coincide con ella Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ahora exiliado tras ser destituido por Porras por sus investigaciones.

“Obstruyó las investigaciones, nos quitó insumos de trabajo, retrasó procesos e inició procesos administrativos y penales por realizar nuestro trabajo con prueba ficticia, hizo detenciones arbitrarias... Lo que provocó exilios ”, dijo Sandoval.

Ante todo eso, Paz y Paz plantea que “al salir del cargo, de igual forma habría que revisar sus acciones; ella no goza de impunidad”.