"Animémonos y vayan", la inviable propuesta de Cristina Kirchner

Néstor O. Scibona
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Cristina Kirchner cumplió al pie de la letra con la arraigada consigna política basada en que quien avisa no traiciona. En su carta documento al Presidente -como la definió Carlos Pagni- reafirma públicamente su condición de accionista mayoritaria del heterogéneo Frente de Todos; se despega de la mala praxis de la gestión de Alberto Fernández al asegurar que es el único responsable de todas las decisiones y propone un incierto acuerdo que abarque "al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales" para resolver el problema de la economía bimonetaria, cuya gravedad parece haber advertido ahora después de décadas, aunque apunta a sus efectos y no a sus causas.

La sociedad ya está avisada. Si un eventual salto del dólar oficial, forzado por la alarmante caída de reservas del BCRA pese al superávit comercial, condujera a otra de las recurrentes crisis económicas que agregaría más inflación y millones de pobres, la responsabilidad será del Gobierno y/o la ausencia de un acuerdo político para evitarla a tiempo. Una versión voluntarista del "animémonos y vayan", expresada por vía epistolar y control remoto.

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Esta simplificación de lo urgente deja de lado casi todos los factores importantes, de forma y fondo, que tornan poco creíble y viable el acuerdo que propone CFK para frenar al dólar. Porque se desentiende de la actual desconfianza en el peso y en el gobierno, que ella misma contribuye a debilitar con sus críticas sin hacerse cargo de las diferencias ideológicas que complican su funcionamiento, ni de sus sistemáticas movidas para desplazar a jueces y fiscales a cargo de sus causas por corrupción. Las culpas, como siempre, son de los otros.

En lo formal, resulta inverosímil que Cristina sea quien promueva el diálogo político, cuando ejerció el monopolio del monólogo y las cadenas nacionales durante sus dos mandatos. Podrá argumentar que no puede convocarlo ahora como vicepresidenta de la Nación o por no ejercer la conducción formal del PJ, que Alberto F. tampoco logró el 17 de octubre. Pero esto no impide que también elija como interlocutores del Gobierno a sectores que invariablemente se encargó de fustigar, como a la oposición de Juntos por el Cambio y a los principales empresarios del país (incluso este año, cuando el Presidente ensayó algunos acercamientos en Olivos). O los equipare con los medios que no comulgan con el modelo K, ni ocultaron el desvío de fondos públicos que permitió su enriquecimiento ilícito y el de sus ex funcionarios y secretarios privados. Otra incógnita es si en los "sectores sociales" incluye o no al sindicalismo peronista.

La desconfianza que crean estos antecedentes es superada por las diferencias ideológicas cada vez más notorias dentro del oficialismo sobre la postura frente al régimen de Maduro en Venezuela. Y también con las usurpaciones de tierras que desvirtúan el derecho a la propiedad. Tras meses de vacilaciones, el desalojo de Guernica tuvo un alto costo político, mientras en Entre Ríos la participación de funcionarios de segunda línea y de Juan Grabois como protagonistas de micro revoluciones anticapitalistas fue condenada con mayor énfasis por la Iglesia que por el Gobierno. De ahí que Mauricio Macri aprovechara para recuperar espacio político y condicionara por Twitter su participación en una mesa pública de diálogo al respeto de la Constitución y las leyes, el fin de los embates contra la Justicia y la propiedad privada y la defensa de las libertades.

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A un año de las elecciones que confrontaron dos modelos de país, con 48% y 41% de los votos, este contexto de incertidumbre política resulta inseparable de la corrida cambiaria de octubre. Y si bien CFK no lo menciona en su carta, el refugio en el dólar ha sido y sigue siendo consecuencia de la desconfianza en el peso. Aun así, se permitió una concesión al realismo al admitir que no se trata de una cuestión de clase social sino que las compras abarcan a trabajadores y empresas y no sólo a maniobras especulativas.

El economista Jorge Ingaramo coincide con el diagnóstico de economía bimonetaria, pero sugiere que una forma de encarrilar el problema sería modificar por ley el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que prohíbe expresamente que los contratos en dólares se resuelvan con billetes de esa moneda porque no tiene curso legal. También considera necesario derogar el impuesto PAIS y la retención de Ganancias a las restringidas compras de dólar ahorro, ya que crean una brecha implícita de 65%, pasar las Leliq remanentes a un bono dólar link y eliminar todas las restricciones en el mercado de contado con liquidación y dólar Bolsa para tranquilizar el mercado cambiario.

Precisamente, esta semana el Ministerio de Economía pudo frenar transitoriamente la suba del dólar con una acción inversa a la que la venía alimentando: mayor absorción del excedente de pesos provocado por la fuerte emisión monetaria para cubrir el mayor gasto público provocado por el shock del Covid-19. Buena parte ($254.000 millones) se logró con la colocación de bonos indexados al dólar oficial, que permiten cubrir el riesgo de una mayor devaluación (aunque no el de un eventual desdoblamiento del mercado oficial) y la devolución de adelantos transitorios del BCRA para que reduzca sus pasivos en Leliq y pases. Ingaramo considera que esta opción, por ejemplo, hace que un productor de trigo pueda pre-venderlo ahora al precio que le convenga, entregarlo cuando quiera y comprar los insumos dolarizados al tipo de cambio comercial para sembrar la cosecha gruesa cubriéndose del descalce financiero productivo.

No obstante, otro factor de incertidumbre surge del realismo mágico implícito en los números del presupuesto nacional para 2021, con media sanción del oficialismo en Diputados, que prevé el fin de la pandemia para fin de este año y eliminar el gasto extra en asistencia a trabajadores y empresas (ATP e IFE) para reducir el déficit primario a 4,5% del PBI, sin otras señales de austeridad fiscal. Tampoco prevé reducir la proporción de 60% del desequilibrio con emisión monetaria y complica la puesta en marcha del Plan Gas, al anular el pago de una deuda del Tesoro a las petroleras por la pesificación de tarifas. No solo eso. También sube a 17% el impuesto interno para celulares, notebooks y productos electrónicos (y a 6,5% para los ensamblados en Tierra del Fuego), que había sido eliminado por el gobierno de Macri, con lo cual encarece el costo de equipos cada vez más imprescindibles para la etapa de "nueva normalidad" y contrarresta la desgravación en Ganancias prevista en la reglamentación de la anacrónica Ley de Teletrabajo.

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Todo indica que, tras su aprobación en el Senado, el Presupuesto 2021 tendrá una segunda ronda de ajustes cuando el ministro Martín Guzmán deba negociar el nuevo programa con el FMI, que también enviará al Congreso para incluir un programa fiscal a tres años para reducir el déficit y financiarlo con más colocación de deuda en pesos y menor emisión que la prevista, así como de acumulación de reservas. Las duras declaraciones a LA NACION del nuevo presidente del BID, Mauricio Claver Carone, sugieren que la tarea no será sencilla.

Mientras tanto, subsiste la incógnita sobre el impacto de la inflación reprimida con su componente de creciente distorsión de precios relativos. En enero debería comenzar el descongelamiento de tarifas de energía y telecomunicaciones. Pero el Ministerio de Desarrollo productivo acaba de prorrogar hasta el 31 de ese mes los precios máximos para 2000 productos de consumo masivo, con los mínimos ajustes autorizados en julio y octubre sin considerar los mayores costos (cambiarios, combustibles y derivados del Covid), además de obligar a las empresas a exhibirlos e intimarlas trabajar al máximo de su capacidad productiva.

nestorscibona@gmail.com