En el marco de la última sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una serie de modificaciones a la Ley N° 269, a través de las cuales se amplían las herramientas legales para facilitar el cobro de deudas alimentarias, promoviendo un sistema más eficiente y justo.

Es que el Registro Público de Alimentantes Morosos cumplió 25 años y era necesario actualizarlo. Este registro llevará un listado de las personas que adeuden total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas en un mismo año calendario, sean estas alimentos provisorios o definitivos, homologados o fijados por sentencia firme.

Respecto de los cambios en dicha norma, la presidenta de la Comisión de Justicia y diputada de la Unión Cívica Radical-Evolución (UCR-Ev), Inés Parry, le explicó a LA NACIÓN que “el 98% de las personas afectadas por la falta de pago de cuotas alimentarias son mujeres, y de ese grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza” e insistió en que “la reforma no busca atacar los ingresos de los deudores, sino que apunta a sus gastos, priorizando las necesidades de los hijos frente a gastos superfluos como actividades recreativas. Así como hacer solidariamente responsables a empleadores que oculten a deudores”.

“Además, fundamentalmente reduce la cantidad de cuotas por la cual se pasa a ser deudor, lo que implica acortar los plazos y tiempos procesales”, añadió.

Las modificaciones tuvieron el voto negativo de los legisladores libertarios Marina Kienast, Ramiro Marra, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert y de los integrantes de Vamos por Más Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas.

De esta manera, con los nuevos cambios en la Ley N° 269 ahora la inscripción o baja en el Registro se seguirá realizando por orden judicial, de oficio o a petición de parte; será gratuita y se comenzará a registrar a todas las personas que deban más de dos cuotas. Además, las personas registradas tendrán restricciones específicas, como la imposibilidad de obtener habilitaciones, concesiones, licencias o permisos por parte del Gobierno de la Ciudad. También se restringirá su acceso a ciertos beneficios como planes de pago, quitas o financiaciones.

En el ámbito laboral y electoral, se requerirá la presentación de un certificado de no inclusión en el Registro. Esto aplicará a proveedores estatales, postulantes a cargos electivos o judiciales, y nuevos empleados del Gobierno de la Ciudad.

En casos de operaciones notariales que involucren a deudores alimentarios, los escribanos deberán comunicarlo al Registro y al juzgado interviniente. La transacción no se completará hasta que se regularice la situación.

Cambio cultural

Además, el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, celebró la reforma afirmando que “con estas modificaciones buscamos generar un cambio cultural, promoviendo la responsabilidad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad”. En la misma línea, el director general de Asuntos Registrales, Agustín Ulanovsky, destacó que “la aprobación de esta reforma nos permite contar con una herramienta más eficaz y moderna para combatir la morosidad alimentaria. Con estas nuevas disposiciones, avanzamos hacia un sistema más ágil, justo y eficiente”.

Cabe destacar que la iniciativa contó con un amplio consenso dentro de la Legislatura porteña y fue acompañada por todas las fuerzas políticas. En ese sentido, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano explicó que “es una situación muy difícil la que se está viviendo. La inmensa mayoría de los que incumplen son hombres y las víctimas son mujeres, el 98% son mujeres y el 65% está bajo la línea de pobreza”.

No obstante, advirtió que “este proyecto no es suficiente porque acá hay un problema de tipo estructural, que es que, aunque la Justicia ordene que el empleador derive una parte de su salario a sus hijos como cuota alimentaria, en la Argentina hay un 40% de la fuerza de trabajo no registrada. Y la que sí está registrada, una parte de su ingreso muy probablemente no esté registrada. Es decir, cobra 700.000 en blanco y 300.000 en negro. Entonces la posibilidad de evadir es muy grande. Y el hecho de afectar los gastos de esa persona para tratar de que cumpla parece una solución precaria”.

Por su parte la diputada de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira afirmó que “logramos llegar a un consenso para mejorar esta ley que busca garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. En la Ciudad hay muchas mujeres jefas de hogar que terminan afrontando solas la crianza y la educación de sus hijos, una situación que se ve agrava aún más con la crisis económica que vive el país y que desde la Ciudad tenemos que poder acompañar más y mejor”.

“Esta es una herramienta más, pero desde ya tenemos que seguir trabajando para garantizar lo que en definitiva es un derecho de los niños, niñas y adolescentes”, insistió.