LA PLATA.– La Justicia deberá expedirse sobre los despidos masivos de carteros y los cierres de las sedes de Correo Argentino en todo el territorio nacional, ante una acción de amparo promovida en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

En el escrito elevado al juez Enrique Alonso Regueira se reclamó que la Justicia ordene en menos de 48 horas una medida de no innovar destinada a preservar la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023 en todas sus sucursales.

La acción de amparo “en resguardo al derecho de incidencia colectiva de defensa de la correspondencia pública y privada” fue promovida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con patrocinio letrado de Eduardo Barcesat.

El Correo Argentino tuvo, hasta la llegada de Javier Milei a la Presidencia, 1452 oficinas y 16.800 empleados en todo el país. Como publicó LA NACION semanas atrás, el plan del gobierno nacional supone reducir el plantel a 500 oficinas y 9500 personas, con retiros anticipados y despidos. Unos 3500 empleados ya se desvincularon, otros 377 fueron despedidos y al menos 50 sucursales fueron cerradas.

El proyecto de la nueva gestión busca crear 5000 “Puntos de Correo”, ventanillas que tendrán hardware y software oficial que serán ofrecidas a comercios de los pueblos, como almacenes, delegaciones municipales, estaciones de servicio o farmacias. El comerciante se quedará con una comisión por cada operación. ¿Cómo funcionarán? Cada comerciante deberá capacitarse en el uso y manejo del sistema postal.

El nuevo modelo operativo tiene un objetivo: dejar de ser una empresa deficitaria, algo que no sucede desde 2008. El déficit de 2023 fue de $112.000 millones y el proyectado para 2024 asciende a $224.000.

La mayoría de los cierres tuvieron lugar en territorio de la provincia de Buenos Aires, por lo que decidió acudir a la Justicia el intendente de Esteban Echeverría, donde además Correo Argentino tiene su principal sede de clasificación y distribución, según recuerda el amparo.

Entre los pueblos, ciudades y localidades que cerrarían sus sucursales o habrían comenzado el proceso de desvinculación de empleados del Correo Argentino se encuentran

• Bayauca, que atiende ahora en la sucursal de la ciudad de Lincoln, a 20 kilómetros;

• Bonifacio, que atiende ahora en la ciudad de Guaminí, a 37 kilómetros;

• Gobernador Castro, que atiende ahora en la ciudad de San Pedro, a 34 kilómetros;

• Inés Indart, que atiende ahora en la ciudad de Salto, a 40 kilómetros;

• La Emilia, que atiende ahora en la ciudad de San Nicolás, a 12 kilómetros;

• Lima, que atiende ahora en la ciudad de Zárate, a 19 kilómetros;

• Villa Cacique, que atiende ahora en la ciudad de Vela, a 43,2 kilómetros.

“Vengo a promover acción expedita y rápida de amparo (art. 43, 2° párrafo, CN), la que solicito tramite por el procedimiento del juicio sumarísimo de la Ley 16.986, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (...), en su condición de accionista principal de la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA (...) tendiente a obtener la tutela jurisdiccional del derecho, como consumidores y usuarios, de contar con un servicio de correo, público y privado, eficiente y de tarifas razonables y trato digno para los usuarios (art. 42 de la CN), lo que comporta el mantenimiento de la estructura funcional y normativa (DNU 701/2004) vigente hasta la malhadada imposición del DNU 70/2023, el que pretende trastocar al Correo Oficial de la República Argentina SA mediante un proceso de desmantelamiento de su estructura, competencias, personal y sucursales, a los fines de su privatización”, se lee en la demanda judicial.

Y continúa: “El Correo tiene su principal sede de clasificación y distribución en el Centro de Distribución de Correspondencia, sito en el partido de Esteban Echeverría (BA), lo que conlleva reclamar el mantenimiento y/o la reposición de todo el personal de planta de la misma y del conjunto de sus sedes, en todo el territorio de la Nación argentina. Comprende también esta acción de amparo la tutela de los fines institucionales y de política económica establecidos en el art. 75, incisos 18, 19, y 23 de la CN, en cuanto concierne a la comunicación derivada del servicio de correspondencia, pública y privada, amenazados por un incierto proyecto de privatización que está –ya– lesionando los derechos que tutela la CN”.

Testimonios

El plan de reestructuración tiene nombre y apellido en cada punto del país. Por ejemplo, Luis del Valle recibió un telegrama de despido sin previo aviso el 26 de abril. Un día después estaba afuera de la empresa este hombre que, por 26 años, fue el único cartero de la localidad de Roberts, situada a 75 kilómetros de Lincoln.

“Me llamó el jefe de la oficina de Lincoln, que tenía el telegrama de despido. Yo solo me pude notificar. La oficina cerró desde el momento que me despidieron”, dijo a LA NACION Del Valle, cuyo padre fue también cartero. Él había ingresado a trabajar a la empresa en 1988.

Los primeros diez años, trabajó como cartero en la cabecera del partido. Poco antes de que echaran a su padre, fue trasladado a la oficina postal de Roberts, un pueblo de 6000 habitantes.

“Es muy triste. Soy hijo de un cartero que echaron en la privatización de Menem [Carlos]. Mi viejo murió poco después de ese disgusto. Ahora me echaron a mí de la empresa donde aprendí a caminar, donde trabajé toda mi vida”, lamentó Del Valle.

Roberts es un pueblo pequeño que ahora queda incomunicado. “Ahora la gente tiene que viajar más de una hora para cobrar o hacer envíos. Es muy lamentable”, cuestionó el cartero despedido.

Según Correo Argentino, Del Valle fue despedido por no cumplir con las metas y por inconductas que no se precisaron a la hora de enviar el telegrama.

En Santa Regina, un aislado paraje bonaerense de 500 habitantes del partido de General Villegas, lograron revertir el cierre de la oficina de correos luego de que todo el pueblo se uniera en su defensa y de un artículo de LA NACIÓN. La empresa estatal decidió evaluar la situación y confirmar la continuidad. El empleado Diego Mittino había recibido el 8 de mayo la noticia del cierre del servicio, una propuesta de retiro voluntario, pero también un posible despido.

“No es una oficina más, es especial”, argumentó entonces Jorge Leani, delegado municipal. Abierta hace 124 años, jamás cerró sus puertas. Está ubicada en el que fue un fortín en la época de la Conquista del Desierto. Mittino no solo distribuye la correspondencia y la paquetería, todas las compras que los vecinos hacen en plataformas digitales, sino algo más importante: paga todos los meses la jubilación a 105 jubilados y da 35 AUH.

“El correo de Santa Regina no se cierra y va a continuar con todos los servicios que viene prestando”, confirmó Analía Balaudo, concejal de La Libertad Avanza de General Villegas. Una vez que la noticia se dio a conocer, miembros del bloque se acercaron hasta el pueblo. “Nosotros no estamos de acuerdo en todo lo que plantea el Presidente, a veces lo macro se olvida de lo micro y nosotros somos muy micro”, afirma Balaudo.