AMLO va por su última batalla: la reforma electoral que más miedo da

Por más de 75 años del siglo XX en México, la exigencia de democracia estuvo acompañada por la violencia. En 1977 se empezó a abrir la puerta con la reforma política que, desde la secretaria de Gobernación, instrumentó Jesús Reyes Heroles.

Desde aquel primer episodio el proceso de construcción de la democracia en México avanzó en la exploración de los mejores caminos que dieran acceso al poder a las diversas corrientes políticas y formas de pensamiento. Destaca en este proceso la creación de instituciones que organizan los procesos electorales y dirimen, dentro de un marco legal, las disputas por el poder, lo que significó un gran avance al pasar estas funciones del dominio del gobierno al dominio ciudadano.

La primera reforma política se llevó a cabo hace 45 años. Desde entonces en cada sexenio el presidente en turno propone reformas para perfeccionar el sistema político. Destaca el incremento de legisladores en las cámaras de Diputados y Senadores, la creación de Instituto Federal Electoral, el acceso a la radio y la televisión de los partidos políticos en tiempos electorales, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el financiamiento público a los partidos y demás, lo que ha permitido que el país experimente la alternancia en el poder, en todos los niveles de gobierno. Significa un avance democrático no experimentado antes.

Desde la primera reforma política el objetivo del Estado fue abrir canales de participación a diferentes grupos políticos e ideológicos, los grupos autodenominados de izquierda se beneficiaron y lograron consolidarse al grado de estar actualmente en el poder.

El turno para proponer una reforma electoral es de López Obrador. Presentó una iniciativa al Poder Legislativo con la que, según dice, pretende “instaurar una democracia limpia y que nunca más haya fraudes”.

Para lograr este objetivo propone que el INE se convierta en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), disminuir el número de consejeros electorales de once a siete, eliminar el financiamiento para actividades ordinarias a los partidos políticos, desaparecer a los legisladores plurinominales, abaratar el costo de la democracia, con lo que se ahorrarían más de 24 mil millones de pesos, elegir por medio del voto popular a los consejeros electorales, eliminar a los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales estatales electorales, para que el INEC sea el único responsable de organizar elecciones en todo el país, reducir el número de legisladores locales y demás.

La reforma electoral planteada por López Obrador corresponde a una reforma constitucional, por lo que requiere para su aprobación del voto de dos terceras partes de los legisladores federales y la aceptación de, cuando menos, 17 legislaciones estatales.

El partido Morena, mayoritario en el legislativo, requiere del voto de los partidos de oposición, que consideran la propuesta presidencial como un retroceso que pone en riesgo lo alcanzado en la democratización del país. Señalan que la reforma de López Obrador pondría en manos del gobierno los procesos electorales, dominaría las instituciones del ramo y sepultaría la competitividad de los partidos, al retirarles el financiamiento público y arrebatarles los legisladores plurinominales, que aportan contenidos de calidad en el trabajo legislativo. Consideran que cancelar el financiamiento a los partidos equivale a abrir la puerta para que entre el dinero de la delincuencia organizada.

De la propuesta de reforma electoral de López Obrador destacan los objetivos de evitar los fraudes electorales y disminuir los costos financieros del sistema político electoral, en manos del INE. Ambos planteamientos han estado presentes, por cuatro años, en la retórica presidencial durante sus conferencias mañaneras, destacadamente su reclamo por los “altos sueldos”, asignados por ley, de los consejeros electorales, a los que pidió que disminuir sus ingresos, hasta ponerlos por debajo del salario presidencial, lo que no fue aceptado.

Es un hecho que López Obrador es un beneficiario directo del sistema político electoral, que le permitió llegar al poder, lo que incluye los cientos de millones de pesos con los financió sus campañas y los numerosos puestos de elección popular, en todos los niveles de gobierno, con los que benefició a sus incondicionales y construyó los apoyos, de todo tipo, que lo llevaron al poder.

Da la impresión de que la reforma electoral de López Obrador no es para perfeccionar el sistema político y mejorar la democracia, sino para que permanezca su opción política y se consolide la entelequia que llama Cuarta Transformación. Sus acciones corresponden al principio universal de conquistar el poder y permanecer el mayor tiempo posible.

En el caso de México, la experiencia de permanencia de más de 70 años corresponde al PRI y sus antecesores. Sacarlos tuvo el alto costo del tiempo perdido, la injusticia, la enorme desigualdad, presente aún, los muchos presos políticos, los innumerables muertos y desaparecidos, la gestación de una clase política que se niega a morir, por la vía del “Chapulineo” y la vigencia de un presidencialismo que cada seis años se renueva para siempre abusar del poder, con mayor o menor intensidad, hoy estamos al alza.

La lección de la historia es evidente. Entre menos gobierno en la disputa por el poder, más democracia. En Brasil acaban de dar la lección de cómo sacar del poder a un necio, aquí podría pasar lo mismo en dos años.

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