Yahoo Noticias AMLO lanza paquete de reformas; repite iniciativas rechazadas, suma debilitar contrapesos y despedir ministros
A ocho meses de dejar el poder y a cuatro meses de las elecciones presidenciales de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de reformas, 18 constitucionales y dos legales, en las que lo mismo recicla propuestas ya rechazadas que apuesta por modificaciones de fondo en los poderes Legislativo y Judicial.
Hay propuestas incluso que repiten lo ya establecido en la Constitución, como el reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos.
Las reformas, además, buscan afianzar el poder presidencial e incluyen eliminar a organismos constitucionales autónomos. En las reformas se abordan tal cantidad de temas que hasta se busca prohibir en la Constitución el uso de vapeadores.
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Las iniciativas van desde un paquete de propuestas para elevar a rango constitucional programas de su sexenio, como la pensión de adultos mayores o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hasta la prohibición del maltrato animal, el comercio del fentanilo, el fracking para la explotación minera, el uso de factureras y revive su propuesta para que la Guardia Nacional, una institución que se suponía debía ser civil, quede en manos del Ejército.
Las reformas fueron presentadas por el presidente en una inusual ceremonia celebrada en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, donde se discutió la Constitución de 1857 y en el marco de la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917.
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¿Es posible que Congreso apruebe reformas de AMLO?
Sin embargo, el presidente no cuenta con los votos necesarios en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados (334) ni en el Senado (86), para la aprobación de una reforma constitucional, pues se requieren de dos terceras partes de los votos de los presentes, es decir, mayoría calificada. Actualmente, Morena y sus aliados cuentan con 273 diputados y 75 senadores.
Además, solo queda un periodo de sesiones en este Congreso, por lo que los debates y votaciones podrían irse hasta septiembre próximo, cuando el Congreso ya estaría integrado por diputados y senadores electos en los próximos comicios de junio.
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Oposición considera que reformas de AMLO son una distracción
Los partidos del bloque opositor (PAN, PRI y PRD) calificaron las iniciativas presentadas por el presidente López Obrador como “electoreras” y acusaron que pretenden distraer a la población de problemas como inseguridad, acceso a salud, corrupción y escasez de agua.
Sin embargo, han anticipado que apoyarán la reforma de pensiones y la del salario mínimo y han rechazado tajantemente la eliminación de los organismos autónomos y las reformas judicial y electoral.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó las propuestas como demagógicas.
“Son pura demagogia, parte de su estrategia de distracción como jefe de campaña que es, aunado a que son regresivas y atentan contra la división de poderes y las instituciones democráticas. En un tercer mensaje Zambrano calificó las reformas como “electoreras”.
Mientras que Marko Cortés, dirigente del PAN, acusó al presidente López Obrador de intentar debilitar los contrapesos y equilibrios de poder.
Votar jueces y consejeros electorales
En lo político, destaca su intención de reducir las Cámaras del Congreso (300 diputados y 64 senadores), eliminando de tajo la Representación Proporcional.
Esta iniciativa contrasta con la que presentó hace un año, cuando propuso eliminar los distritos electorales y elegir a los diputados por listas nacionales de cada partido. Esa iniciativa se rechazó en diciembre de ese mismo año.
Si en la actual Cámara de Diputados no hubiera plurinominales, en las pasadas elecciones de 2021, Morena y sus aliados hubieran contado con 224 de los 300 legisladores.
También propone suprimir el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Estas reformas no serían para el actual proceso electoral.
El Consejo General del INEC estaría integrado por 7 integrantes (y no 11 como el actual INE), y se plantea que éstos sean electos mediante voto popular, a partir de ternas propuestas por los tres Poderes de la Unión (10 por cada Poder). El periodo de los consejeros sería de seis años, y no nueve como actualmente ocurre.
También sugiere que los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se elijan por voto popular a partir de propuestas del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También para un periodo de seis años.
Las elecciones de ambos cuerpos colegiados serían organizadas por el propio INEC, en un plazo máximo de un año después de la entrada en vigor de la reforma. Los actuales consejeros y magistrados podrían ser elegibles en esa primera ocasión.
Plantea AMLO una Corte con 9 ministros
Además, propone la elección mediante voto directo de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 752 jueces, 883 tribunales, 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 18 magistrados de Salas Regionales del TEPJF.
La iniciativa establece en los artículos transitorios que los ministros, magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de la reforma concluirán su encargo en la misma fecha que tomen protesta los nuevos servidores públicos que surjan de la elección extraordinaria que se celebre para la renovación de los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación.
Concentrar el poder y desaparecer al INAI
Luego de que todo el sexenio ha amagado desde la mañanera con una reforma para la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, finalmente envió al Congreso una iniciativa para la desaparición de órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI).
López Obrador propuso que los recursos destinados a estos organismos se usaran para pago de pensiones, si bien aportarían menos del 0.1% del total requerido.
La propuesta plantea que sería la Secretaría de la Función Pública la que se encargaría de resguardar los datos personales de los ciudadanos y de responder a solicitudes de transparencia, pero la colocaría en una posición de juez y parte, pues forma parte del poder Ejecutivo.
Además, propuso la eliminación del Consejo la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Y la fusión del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al INEGI.
Solo excluyó CNDH y Banco de México.
Reforma sin dinero suficiente: la de pensiones
La reforma de pensiones que propone el presidente no revierte la reforma de 1997, ni la reforma de 1973, se trata de una reforma compensatoria para que sea posible entregar a un pensionado el equivalente a su último salario o su salario promedio, según le convenga. Sin embargo, no hay claridad sobre si habrá dinero suficiente para mantener el proyecto.
La propuesta de López Obrador consiste en la apertura de un “fondo semilla” con un presupuesto de 64 mil 619 millones de pesos (mdp), que de ser aprobado comenzará funciones el 1 de mayo de 2024. Este fondo permitirá depositar el dinero faltante a las personas pensionadas.
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De acuerdo con la iniciativa, el 75% del dinero provendrá de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; además de la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (que originalmente estaban propuestos para ayuda en Acapulco); la eliminación de órganos autónomos, descentralizados y desconcentrados y la liquidación de la Financiera Rural.
Además de la venta de inmuebles del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el ISSSTE; de los adeudos al SAT, el IMSS y el ISSSTE de parte de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Congreso de la unión, el Poder Judicial, organismos autónomos, congresos y administraciones locales.
También de los recursos provenientes de subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del IMSS que no fueron reclamadas después de diez años, de los recursos de la subcuenta de vivienda que gestiona INFONAVIT y que no fueron reclamadas después de diez años y el 25% de los ingresos del Tren Maya, AIFA y aeropuertos de Sedena y Marina. Así como de donaciones.
El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, dijo que la reforma al sistema de pensiones resultó insuficiente y se está perdiendo la oportunidad de beneficiar a trabajadores como los municipales y de universidades, que no están contemplados.
“Va a ser un beneficio para muy pocas personas, ‘fondeado’ de una manera que no es correcta. Por votarlo no hay problema, el PRI lo va a votar, pero no engañen a la gente. Esto no es lo que se dijo. Para empezar se dijo que se jubilarían con el 100 por ciento. Falso. Si alguien ganaba 20 mil pesos, no se va a jubilar con 20 mil pesos. Y a los que se les va a subir son muy poquitos, pero no a los que se van por cesantía ni invalidez. Insisto, vamos a votarlo, porque hace bien, pero a un poquito número de gente”.
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AMLO revive reforma eléctrica
El presidente ya perdió dos batallas para reformar el sistema eléctrico, y lanza un tercer intento. Aunque lo hace apenas unos días después de que la Suprema Corte de Justicia tiró la ley eléctrica que promovió en 2021, por ir en contra de la libre competencia y darle preferencia al consumo de energía que produce la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre los puntos clave está eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, para que a la CFE se le denomine simplemente empresa pública y ya no se guíe por el concepto de las ‘mejores prácticas’, porque es una “definición neoliberal” que remite a un gobierno corporativo “que se constituye por accionistas e inversionistas”.
Otro es el de establecer en el artículo 27 que “las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica (como la generación), que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”.
Además de agregar en el artículo 28 que “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca”.
Lo anterior aunque una de las principales críticas a su ley eléctrica y al intento fallido de reforma constitucional en 2022 es que planteó darle prioridad al consumo de energía de la CFE por decreto, aunque en lo general el costo de la energía que producen sus plantas fuera más caro respecto al que se obtendría con subastas y otras formas de competencia en el mercado eléctrico, lo que da pie a depender más de subsidios para no elevar las tarifas.
Reforma para prohibir en la Constitución los vapeadores
Otra de las reformas con las que López Obrador quiere modificar la Constitución es añadiendo la prohibición a la producción, distribución y comercialización de drogas sintéticas, como el fentanilo –al igual que de vapeadores–. Sin contemplar ninguna otra propuesta sobre regulación de sustancias ni de prevención y atención al consumo problemático.
La producción, distribución y comercio de drogas ilícitas en México –caracterizada como delitos de narcomenudeo, que incluyen la posesión simple, y de narcotráfico– ya está prohibida y sancionada por la Ley General de Salud y el Código Penal federal. Desde la administración del expresidente Felipe Calderón este ha sido el rasgo principal de la “lucha contra las drogas”, que únicamente ha derivado en un reforzamiento de la militarización, violaciones a derechos humanos y una creciente criminalización al consumo.
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Inicialmente, en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el gobierno de López Obrador prometió un cambio de paradigma en política de drogas, que transitara de las medidas de guerra a una política de paz. En ese documento se reconoce que la estrategia prohibicionista era ya insostenible.
Sin embargo, en su propuesta de reforma antes de dejar la presidencia solo eleva a rango constitucional actividades que ya están penadas por la ley en el caso de las sustancias ilícitas.
Reformas sociales: protección a animales, medio ambiente sin maíz transgénico y sin fracking
La iniciativa propone elevar a categoría constitucional la protección de los animales, con una reforma al artículo 73 de la Constitución en la que se establezca que debe expedirse una ley general en la materia.
Esta protección deberá darse de acuerdo con la naturaleza y características de los animales, sus vínculos con las personas, así como con la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y aprovechamiento de aquellos que sean para consumo humano.
También buscará reformar el artículo 3° constitucional para hacer obligatoria la inclusión de la protección y cuidado de los animales en los planes y programas educativos.
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En materia de medio ambiente, la reforma del presidente propone reformar los artículos 4° y 27 constitucional para establecer la protección del agua para consumo personal y doméstico, así como la prohibición de cultivos de maíz transgénico, de la minería a cielo abierto y del fracking.
Sobre el maíz, la propuesta busca que, en su calidad de alimento básico y elemento de la identidad nacional, sea un producto de consumo humano libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas.
También pretende garantizar que el Estado fomente la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificado.
En materia de protección del agua, pide que se establezca como prioritario el consumo personal y doméstico por sobre cualquier otro uso, y que se prohíba el otorgamiento de concesiones en zonas con escasez del líquido.
Otras reformas que plantea son la prohibición del otorgamiento de concesiones para actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales a cielo abierto, así como del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos (fracking).
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Con información de Marcela Nochebuena, Siboney Flores, Andro Aguilar y Erendira Aquino
