Yahoo Noticias AMLO deja el gobierno sin resolver la primera desaparición forzada que perpetraron funcionarios de Morena
Claudia Uruchurtu es una madre soltera de 51 años de edad, con un ferviente anhelo: “que las personas que nos gobiernan no sean corruptas y descaradas”, escribió en el año 2019.
Producto de esa aspiración, Claudia es también una convencida seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador, por quien votó en 2018, motivada por su discurso contra la corrupción.
Por esa razón, en el año 2018, decidió dejar Gran Bretaña, donde se había instalado, y volver a su natal Oaxaca, para presenciar desde ahí la “cuarta transformación” del país, anunciada por el político tabasqueño, quien acababa de convertirse en presidente de la República.
Paradójicamente, dos años después de regresar a México, en marzo de 2021, Claudia fue víctima de desaparición forzada, a manos de funcionarios públicos del gobierno municipal de Nochixtlán, Oaxaca, emanados del mismo partido del presidente, Morena, cuyos actos de corrupción ella detectó, documentó y denunció formalmente.
Debido a ello, la de Claudia Uruchurtu es considerada como la primera desaparición forzada plenamente documentada, que fue planeada y cometida por agentes del Estado mexicano durante el gobierno morenista, cuyo fundador y líder moral deja la presidencia del país este 1 de octubre de 2024, sin haber cumplido la promesa de justicia que formuló tras el rapto.
“Fue muy lamentable lo que acaba de pasar en Nochixtlán, Oaxaca –dijo López Obrador, en mayo de 2021–, donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación y un participante, como testigo protegido, da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido, presuntamente, supuestamente, de la presidenta Municipal (Lizbeth Victoria Huerta), del partido Morena. Y la instrucción es: sea quien sea, no llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. Entonces, que se aclare”.
Pese a esa promesa presidencial, cuatro años y medio después de la desaparición forzada de Claudia, esta activista permanece sin ser localizada, viva o muerta, mientras que las personas imputadas por el crimen en su contra han contado con apoyo tanto del gobierno estatal (también del partido Morena), como del Poder Judicial del estado de Oaxaca, en el intento de echar abajo el juicio emprendido en su contra.
“Su desaparición no solo ha dejado un vacío irreparable en nuestras vidas –explica Elizabeth, hermana de Claudia–, sino que, junto con otros casos en Oaxaca, ha expuesto una herida profunda en nuestra sociedad: la falta de justicia y verdad. Algo que a las autoridades de antes y de ahora no les importa, incluso, al contrario, luchan contra ella, para favorecer la impunidad”.
De esta manera, el anhelo de Claudia Uruchurtu, sobre un México sin personas “corruptas y descaradas” en el ejercicio del poder, permanece también incumplido.
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En abril de 2021, un mes después de la desaparición forzada de Claudia, el entonces candidato de Morena a la gubernatura estatal, Salomón Jara, actual mandatario del estado, salió en defensa de la exalcaldesa de Nochixtlán, postulada al cargo por el partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Aseguró que ella era víctima de una “terrible” campaña de “linchamiento” auspiciada por un partido rival, el PRI, con el objetivo de “desestabilizar el municipio (de Nochixtlán), porque quieren que nuestro movimiento no vuelva a ganar, quieren que nuestro movimiento se vaya para abajo”.
Sin embargo, tal como se desprende de las investigaciones ministeriales realizadas, Claudia fue secuestrada el 26 de marzo de 2021 por orden directa de la entonces alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, luego de participar en una protesta ciudadana frente al palacio de gobierno del municipio.
Según estas investigaciones, el secuestro fue ordenado por la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, como una represalia por los casos de corrupción municipal que Uruchurtu venía documentado a través de peticiones de transparencia, y que ya habían dado origen a una auditoría a las finanzas de Nochixtlán.
Entre las irregularidades que Uruchurtu denunció se hallan el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales, así como la simulación de procesos de contraloría ciudadana para ocultar desfalcos al erario. Ninguno de estos hechos ha sido esclarecido hasta ahora.
Tal como estableció el Ministerio Público, el rapto fue encomendado a un empleado municipal que cumplía las funciones de guardaespaldas de Lizbeth Victoria Huerta, así como al secretario particular de ésta, quienes fueron apoyados por elementos y vehículos tanto de la dirección de Protección Civil del ayuntamiento, como de la policía municipal. Todo ello, fue registrado por cámaras de seguridad de negocios particulares instaladas en la zona, y confirmado por uno de los involucrados, quien se convirtió en testigo protegido.
Derivado de estas investigaciones, en diciembre de 2022 se condenó hasta por 60 años de prisión a cuatro funcionarios públicos involucrados en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, incluida Lizbeth Victoria Huerta, pero días después esta sentencia fue irregularmente modificada por la misma juez que la había emitido, María Teresa Quevedo Sánchez, para reducir la pena impuesta a la exalcaldesa a sólo cuatro años de prisión.
Inicialmente, esta modificación irregular de la sentencia sólo benefició a quien fue alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, pero meses después, el entonces magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, anuló todo el juicio (incluida la sentencia contra los cuatro imputados).
Al revisar esta anulación de juicio ordenada por las autoridades de Oaxaca, el Poder Judicial de la Federación concluyó que carecía totalmente de sustento legal, por lo que dio un plazo de 20 días a los tribunales oaxaqueños para retractarse.
Sin embargo, esos 20 días se agotaron en septiembre, sin que las autoridades de Oaxaca hayan acatado hasta el momento la orden federal, abriendo la posibilidad de que los imputados queden en la impunidad, a pesar de las pruebas en su contra validadas en un juicio.
“Nuestro temor –explica en entrevista Elizabeth– es que a la alcaldesa que ordenó el crimen contra mi hermana la van a dejar salir más temprano que tarde, la quieren presentar como un chivo expiatorio, como una mujer honrada y trabajadora, como siempre lo ha sostenido el señor gobernador, Salomón Jara”.
“A nosotras –concluye–, no solo nos desaparecieron a Claudia, sino también la paz, la esperanza y la confianza en las instituciones que deberían protegernos. Es una forma de violencia que deja a las familias en un limbo interminable, atrapadas entre la espera y la desesperación”.
