Alto cargo de la SBA supervisó PPP y luego trabajó para uno de sus peores infractores

Como jefe de personal de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), William Manger supervisó la puesta en marcha del Programa de Protección de Nóminas (PPP), dotado con $800,000 millones.

El emblemático programa federal de ayuda a las pequeñas empresas, introducido a principios de la pandemia por el COVID-19, ofrecía préstamos de hasta $10 millones que se condonaban si se usaban para gastos aprobados, como las nóminas.

El dinero para el programa procedía del gobierno federal, pero la SBA dependía de los prestamistas, entre ellos miles que nunca antes habían trabajado con la agencia, para examinar a los solicitantes y ayudar a llevar dinero lo más rápidamente posible en las cuentas bancarias de las pequeñas empresas en dificultades. Los prestamistas recibían una comisión según una escala basada en el volumen del préstamo.

Después de su salida de la agencia en enero de 2021, Manger pasó a trabajar para una empresa identificada por los investigadores del Congreso como uno de los peores infractores: la empresa tecnológica llamada Womply.

Womply no era en sí misma un prestamista, pero creó un portal en línea para que los posibles solicitantes de PPP presentaran su información y luego canalizó a los solicitantes a varios bancos y prestamistas con los que la empresa se asoció.

Los socios de la empresa, entre ellos Benworth Capital, prestamista de Coral Gables, y Fountainhead, prestamista de la zona de Orlando, acabaron por tener poca confianza en los servicios prestados por la empresa y se convencieron que Womply había facilitado un amplio fraude. Algunos de los préstamos PPP supuestamente fraudulentos facilitados por Womply fueron obtenidos por una presunta pandilla de narcotraficantes de la Florida.

Womply, que anteriormente había prestado servicios de gestión de la reputación, mercadotecnia y análisis de datos a pequeñas empresas, dijo a los prestamistas que investigaría a los solicitantes de PPP y que solo aprobaría a los que cumplieran los requisitos del programa, que estaba dirigido a empresas en el mercado y excluía a los candidatos con antecedentes de delitos financieros o que se enfrentaran a cargos penales por delitos graves.

Según las condiciones de los acuerdos que firmaba con sus socios, Womply solía quedarse con la mayor parte de las comisiones generadas por estos préstamos.

Al final, la empresa consiguió que se aprobaran más de 1.3 millones de préstamos, por un total de $16,000 millones. Las comisiones generadas por esos préstamos ayudaron a la empresa a obtener ingresos de casi $2,000 millones en 2021, y también obtuvo dos préstamos PPP en 2020 y 2021 bajo su nombre corporativo Oto Analytics, Inc., que sumaron un total de $5.1 millones.

Pero los prestamistas socios de Womply dijeron que la tecnología de la empresa parecía “armada con cinta adhesiva y chicle” y la acusó de facilitar un “fraude desenfrenado”. La SBA le prohibió a la empresa hacer negocios con la agencia luego de un informe publicado el pasado diciembre por la Subcomisión Selecta sobre la Crisis del Coronavirus de la Comisión de Supervisión de la Cámara federal, que contenía las acusaciones de los socios de Womply.

Según el informe del Congreso, la empresa se convirtió en uno de los conductos favoritos para los préstamos PPP de una pandilla de narcotraficantes de la zona de Orlando llamada Army Gang, cuyos presuntos miembros fueron detenidos en el marco de la operación X-Force de la Oficina Metropolitana de Investigación en 2021.

La puerta giratoria

Cuando Manger, nombrado por la administración del entonces presidente Donald Trump, dejó SBA el 20 de enero de 2021, era a la vez jefe de personal de la agencia y también supervisaba su oficina de acceso al capital, que trabajaba con los bancos para poner préstamos a disposición de las pequeñas empresas.

No está claro cuándo empezó a trabajar para Womply, pero después de ser elegido en 2022 como fideicomisario de Southampton Village, una lujosa localidad de los Hamptons, figuró como consultor de Oto Analytics, Inc., en su formulario de declaración financiera.

Pero un abogado que representa a Womply dijo que la caracterización de Manger de su trabajo para la compañía no era correcta.

“El señor Manger no es, y nunca ha sido, consultor de Womply”, dijo Alexander L. Cheney, abogado del bufete Willkie Farr & Gallagher. Más bien, dijo que a Manger le pagaron copmo “testigo experto” en el arbitraje entre Womply y uno de sus prestamistas asociados, Benworth Capital, sobre los honorarios que Womply dijo que Benworth le debe.

“La SBA está al corriente tanto del arbitraje como del papel del señor Manger como experto”, dijo Cheney.

Contactado por teléfono, Manger no quiso hacer más declaraciones sobre la naturaleza exacta de su trabajo.

“No tengo nada que añadir”, dijo.

En respuesta a preguntas por escrito, la SBA no dijo si conocía el trabajo de Manger para Womply y si lo había aprobado.

Los empleados de la SBA que “ocupen un puesto que implique discreción sobre la concesión o administración de la ayuda o que ejerzan discreción al respecto” tienen prohibido trabajar como “empleados, socios, agentes, abogados u otros representantes” de cualquier empresa que haya recibido ayuda de la SBA durante los dos años siguientes a la concesión o administración de la ayuda.

La normativa federal sobre puertas giratorias normalmente se centra en restringir la capacidad de los altos funcionarios para presionar a sus antiguos empleadores después de dejarlos, pero el hecho de que la SBA tenga normas específicas relacionadas con la asistencia se debe a la naturaleza única de la agencia, que está muy involucrada en ayudar a las pequeñas empresas a obtener préstamos y otros tipos de financiación, dijo Kathleen Clark, profesora de Derecho de la Universidad de Washington en San Luis (WUSTL), especializada en ética gubernamental.

“Habla de la preocupación de que los funcionarios de la SBA concedan ayuda con vistas a un futuro empleo”, dijo. “El reglamento es una forma de evitar que eso ocurra”.

La SBA confirmó en un comunicado que los préstamos PPP, como los obtenidos por Oto Analytics, cuentan como ayuda de la SBA. Se negó a decir qué empleados estarían sujetos a las restricciones.

Según sus propias declaraciones, Manger supervisó el programa PPP y envió cartas a varias oficinas locales de Planned Parenthood, pidiéndoles que devolvieran los préstamos PPP que se les habían concedido o que demostraran que cumplían los requisitos para recibirlos. La agencia, después de las protestas de los legisladores republicanos, había determinado que las oficinas locales de Planned Parenthood estaban demasiado afiliadas a la organización nacional y contravenían las normas de elegibilidad para los préstamos, que solo estaban disponibles para empresas con menos de 500 empleados.

Sin embargo, no está claro si Manger se enfrentaría a alguna consecuencia en caso de infringir la ley; la única sanción que figura es para los empleados actuales de SBA, quienes se enfrentan a la posibilidad de medidas disciplinarias, “incluida la destitución o suspensión” por infringir las normas de conducta y las restricciones y responsabilidades de los empleados actuales y anteriores de SBA.

No se indica cuánto cobró Manger por el trabajo que hizo para Womply como fideicomisario de Southampton Village, una localidad adinerada en los Hampton, se autoidentificó como asesor de Oto Analytics en su declaración financiera.

Pero un abogado que representa a Womply dijo que la descripción de Manger de su trabajo para la empresa no era correcta.