Yahoo Noticias Alfredo del Mazo defiende en tribunales un megaproyecto irregular en Jilotzingo autorizado en el gobierno de Eruviel Ávila
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, impugnó una sentencia emitida el 20 de abril que anula las autorizaciones para la construcción del megaproyecto inmobiliario Bosque Diamante, en el municipio mexiquense de Jilotzingo, luego de que el Poder Judicial determinara que existieron irregularidades en el otorgamiento de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y en las modificaciones al uso de suelo.
Bosque Diamante es un megaproyecto anunciado en agosto de 2017 en el Periódico del Estado de México, que pretendía transformar un bosque de encino de 186 mil 504 árboles en el mayor desarrollo inmobiliario construido en los últimos 13 años en el Estado de México. Las autorizaciones, que se expidieron en un tiempo récord en los últimos meses de la administración del exgobernador Eruviel Ávila (2011-2017), contemplan la edificación de 20 mil viviendas en una zona boscosa y adyacente a un área de conservación ambiental.
El 29 de enero de 2019, tras la difusión pública del caso, un juez admitió a trámite el juicio de amparo 68/2019, promovido por la asociación civil Trabajando por el Desarrollo de Jilotzingo y seis ejidatarios del municipio a título individual. De inmediato, se otorgó una suspensión provisional, que prohibió cualquier construcción o modificación al terreno —incluida la tala—, en tanto no se resolviera el juicio, que, tras cuatro años, finalmente generó una sentencia en favor de los afectados a finales de abril pasado.
En ella, el juez ordena al secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México “dejar insubsistente la autorización s/n para desarrollar el proyecto de conjunto urbano de tipo mixto (habitacional, comercial y de servicios) ‘Fracción 3 y 4 de la Ex Hacienda San Nicolás Apaxco’, denominada comercialmente como ‘Bosque Diamante’, publicada el 1 de agosto de 2017 en la Gaceta del Periódico Oficial del Estado de México”.
Además, la sentencia establece que la solicitud de Bosque Avivia 58 —empresa constructora del desarrollo— deberá resolverse de nueva cuenta, “y en específico deberá cumplir con el principio de prevención, en el sentido de que no puede otorgarse una autorización para la construcción de 19 mil 985 viviendas y una superficie comercial de servicios de 119 mil 910 metros cuadrados… sin que previamente se haya concluido con la evaluación de impacto ambiental”.
Mientras a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le ordena dejar sin efecto la MIA del megaproyecto y emitir una nueva determinación donde se subsanen vicios de fundamentación y motivación, al gobernador del Estado de México le instruye a tomar las medidas necesarias para emitir un programa de manejo para la zona sujeta a conservación ambiental Espíritu Santo, adyacente a los terrenos donde se pretendía construir el megaproyecto.
Sin embargo, apenas dos semanas después de emitida la resolución, el pasado 9 de mayo Maribel Ruiz Manjarrez, como representante legal del gobernador Del Mazo, interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia, argumentando que las determinaciones del juez constituyen agravios para él y su gobierno.
Entre otras cosas, reclama que el despacho promovente inicial del amparo no cumplió con establecer de antemano que se dedicaba a la defensa de derechos colectivos, y que, según el funcionario, el Periódico Oficial es suficiente para avalar el aprovechamiento y ocupación del suelo. Incluso, hace alusión a supuestas contradicciones en la sentencia, sobre las que el órgano jurisdiccional aclara en el mismo documento que ni siquiera fueron consideradas para sus conclusiones finales.
El impacto ambiental de Bosque Diamante
El megadesarrollo inmobiliario Bosque Diamante contempla, de acuerdo con su proyecto, la construcción de casi 20 mil viviendas en 236 hectáreas, cinco veces más de las que actualmente tiene Jilotzingo. Esto equivaldría a una densidad poblacional de 80 mil nuevos habitantes —hoy son 19 mil 877—. Para ello, se contempla la deforestación de 186 mil 504 árboles, más de los que tiene el Bosque de Chapultepec, aunque concentrados en una superficie que equivale solo a la tercera sección.
Esa cantidad de árboles son nueve veces más de los que fueron plantados en actividades de reforestación en Jilotzingo en 2017 y equivalen a 30 veces más de los que se talan con autorización anualmente en la Ciudad de México. Al avalar el proyecto, la propia Semarnat se contradijo en sus valoraciones, pues incorporó al expediente de la MIA —y después la ignoró— una opinión negativa de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) que lo calificó de inviable por fragmentar el ecosistema.
Luego de un juicio que duró cuatro años, el juez Décimo de Distrito en el Estado de México, René Ramos Pérez, concluyó, tras diversos peritajes, que hubo vicios de fundamentación y motivación en la MIA. La autorización —señala— no tomó en cuenta que 95.4% de la superficie municipal es área verde no urbanizable, de acuerdo con su propio plan de desarrollo urbano, además de que los usos habitacionales que colindan con áreas naturales protegidas, como es el caso, deben ser de baja densidad.
“La autorización presenta insuficiente motivación, ya que la Semarnat no plasmó ningún razonamiento propio a partir del cual se pudiera explicar cómo efectuó la evaluación del impacto ambiental del proyecto ‘San Nicolás Apaxco’ —nombre original del predio— y en particular cómo concluyó que los impactos ambientales que producirá son aceptables y que las medidas de mitigación propuestas por el solicitante son adecuadas”, dice la sentencia.
Agrega que, al no haberse externado ningún análisis respecto del área de influencia del proyecto, la Semarnat omitió hacer referencia a la cercanía de los predios con la zona de conservación ambiental Espíritu Santo, además de que omitió pronunciarse sobre las características del sistema ambiental regional, y por lo tanto, respecto de los impactos que el megadesarrollo puede representar para el cambio climático “al autorizar el retiro de la vegetación de más de 230 hectáreas de terrenos forestales”.
Aunado a las inconsistencias en la MIA, el juez también ordena al director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Jilotzingo dejar insubsistentes las autorizaciones de cambio de uso de suelo, incremento de densidad, coeficiente de ocupación e incremento de altura HAJ/DDU/CUS/003/2016 y HAJ/DDU/CUS/004/2016, que fueron otorgadas para la construcción del proyecto.
“La Presidenta Municipal, el Ayuntamiento, y la Dirección de Desarrollo Urbano, todos del municipio de Jilotzingo, tomen las medidas necesarias para ajustar los mapas E-1 y E-2, anexos al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a fin de que estos sean acordes con dicho plan, y quede clara cuál es la voluntad del ayuntamiento, tomando como base que en el contenido del texto se estableció que el 94.45% del territorio municipal es un área no urbanizable, y no tiene uso de suelo urbano; y que solo el 0.14% del territorio municipal corresponde a un área urbanizable”, determina el juez.
En tanto, a todas las autoridades mencionadas les instruye a realizar las inspecciones necesarias en el polígono que ocupa la zona de conservación ambiental Espíritu Santo, adyacente al proyecto, para identificar si existen construcciones dentro de la misma, y en ese caso, tomar las medidas necesarias —incluso el inicio de procedimientos administrativos contra terceros— para garantizar que se respete la normatividad que le aplica como área natural protegida.
Dentro de este contexto, un grupo de personas publicó en la plataforma Change.org una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Poder Judicial de la Federación para que impidan la reforestación del bosque de Jilotzingo.
