Yahoo Noticias Alerta temprana para Guanajuato
La Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su Reglamento establecen una medida preventiva que ha sido poco utilizada en el país: se trata de la Alerta Temprana, que consiste en “Programas y planes de acción de la Federación y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se eviten agresiones potenciales a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Aunado al diagnóstico que le acompaña, el marco normativo establece un Plan de Contingencia que implica que la federación y las entidades federativas, diseñen y elaboren los planes que correspondan para cumplir este objetivo.
Colectivos de familias de personas desaparecidas y periodistas presentaron durante febrero y marzo de este año solicitudes relacionadas entre sí, para que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) establezca la Alerta y el Plan en Guanajuato.
¿Es necesaria una medida así en la entidad? Organizaciones, buscadoras y periodistas consideran que sí: al menos cinco personas buscadoras asesinadas en tres años, periodistas asesinados y desaparecidos. Según ARTICLE 19, la entidad es 4º lugar nacional en agresiones a periodistas durante 2023, incluso por encima de Veracruz. Territorios enteros controlados por la delincuencia organizada frente a la inacción o la colaboración de gobiernos municipales de todos los colores.
El Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido omiso en implementar el Atlas de Riesgo y no ha elaborado el diagnóstico anual de la situación que la Ley local exige. Por el contrario, el Gobierno del Estado ha dejado que el Consejo sea una “ventanilla” al Mecanismo Federal. Es mentira que en Guanajuato haya un Mecanismo local.
Si bien en el marco legal se establece la competencia de la Junta de Gobierno del Mecanismo para decretar la alerta, será fundamental el papel de la Coordinación Ejecutiva Nacional y de las Unidades del Mecanismo. La disposición y colaboración del Gobierno del Estado y de los municipios también será relevante.
Hay dos experiencias previas en la materia: una fallida en el caso de Veracruz, y una fundamental que sí avanzó en la práctica, que es la de Chihuahua, de la que habrá que recuperar la experiencia de las organizaciones locales y de las que fueron acompañantes. Acá se puede consultar este antecedente.
Así que la experiencia de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), del Espacio OSC y de las organizaciones locales solicitantes, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDHEM) es bienvenida. Para una política pública en la materia que proteja a las buscadoras, que ya han construido un movimiento sólido al margen del interés partidista, y al gremio periodístico, que ha resistido el embate del control de las líneas editoriales y que ha aprendido a realizar coberturas en contextos de violencia extrema, se requiere voluntad política.
La solicitud debe incluir una reflexión profunda de qué se entiende por prevención en el contexto de violencia macrocriminal, debe garantizar la participación social más allá de intereses partidistas, urge la participación incluso de instancias internacionales, como ONUDH, que puedan ofrecer los diagnósticos que ya ha desarrollado y, lo más importante, requiere ser sostenible en el tiempo y, efectivamente, cubrir las expectativas de sus beneficiarias: prevenir las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y, a las y los periodistas.
* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.
