Alejandra Barrales ganó 12 millones de pesos en 2015 y Enrique Ochoa tiene 50 automóviles
Los nuevos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Alejandra Barrales presentaron sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, conocidas como 3 de 3, con lo que iniciaron lo que parece una carrera por lograr credibilidad en el combate a la corrupción.
En el caso de Enrique Ochoa Reza, se comprometió a presentar sus declaraciones y hacerlas públicas en su discurso de toma de posesión como presidente del PRI, lo que cumplió ante el Instituto Mexicano de la Competitividad con un documento en el que se detalla la información sobre su patrimonio el cual, señala, es superior a los 38 millones de pesos.
El documento que detalla el patrimonio de Ochoa Reza indica que tiene propiedades valuadas en 19.9 millones de pesos, una flota de 50 automóviles con un valor de más de 4 millones de pesos así como obras de arte y colecciones con un valor de más de 4 millones de pesos.
En sus declaraciones registró 9 millones de pesos en “activos intangibles” y bienes por más de 156 mil pesos, además de ocho cuentas bancarias y un fondo de inversión.
Informó que “cuenta con ingresos anuales por 3 millones 509 mil 539 pesos, de los cuales 2 millones 52 mil 478 correspondían a su salario como funcionario -antes de dirigir el PRI fue titular de la Comisión Federal de Electricidad- y un millón 442 mil 702 por actividades empresariales o comerciales; así como un millón 589 mil 878 de ingresos de su esposa.”
Por lo que corresponde a su declaración fiscal el Sistema de Administración Tributaria (SAT) informa que Ochoa Reza se encuentra al corriente de sus obligaciones.
Por su parte Alejandra Barrales, presidenta del PRD, manifestó en su declaración 3 de 3 que es propietaria de 24 inmuebles que tienen un valor de más de 24 millones de pesos. Una casa en la Ciudad de México, adquirida a crédito, un departamento en Acapulco, un terreno en el estado de México, producto de una herencia y un departamento en la Ciudad de México.
Sobre sus ingresos Barrales informó que ganó más de 12 millones de pesos el año pasado, por su desempeño como senadora y secretaria de Educación en la Ciudad de México. Además manifestó que vendió una casa por 7 millones y el fisco le regresó 70 mil pesos de impuestos. Reportó que es socia con el 99 por ciento de las acciones de la empresa Albana Transportes, S.A. de C.V.
Llaman la atención las declaraciones de los dirigentes de estos partidos porque se enmarcan en el contexto de la lucha contra la corrupción que se institucionalizará con el Sistema Nacional Anticorrupción.
El problema de la corrupción es, en el horizonte de la disputa por el poder en 2018, el tema que servirá de plataforma en el discurso de los candidatos que buscarán la presidencia y uno de los enfoques previsibles será responsabilizar al gobierno actual de su avance, así como denunciar su “red de complicidades” que podrían ejemplificarse con algunos políticos que saldrían del poder como “nuevos ricos”.
En este contexto, tiene sentido el discurso de Enrique Ochoa, quien señala que en el partido deben “ser los primeros en señalar casos donde cualquier funcionario público que venga de las filas del PRI haya traicionado en la sociedad y se haya corrompido. Tenemos que señalarlo, pedir la investigación correspondiente, que se fiscalice y en caso de que las pruebas así lo acrediten, debemos pedir hasta la destitución del cargo".
Para Ochoa Reza el PRI debe ser garante de la honestidad de sus gobernantes y hacerse cargo de los resultados de sus gobiernos, pero también defender a quienes sean acusados injustamente en el calor de las campañas electorales.
Según el nuevo presidente del PRI “es el momento de un diálogo abierto, crítico, autocrítico, pero sobre todo, de propuestas constructivas. Debemos seguir las mejores prácticas partidarias para crear un órgano anticorrupción al interior del instituto político”.
Las declaraciones 3 de 3 de los dirigentes del PRI y del PRD aunadas a la promulgación de las leyes anticorrupción y el discurso permanente de López Obrador que denuncia la corrupción de la “mafia del poder”, indican que la carrera por la sucesión presidencial ya empezó y lo que está en disputa en estos momentos es la credibilidad del discurso que dominará la retórica de los candidatos que buscarán la presidencia en 2018.
Lo que parece inevitable es que, para que el PRI recupere la credibilidad, va a tener que poner algunos ejemplos de combate a la corrupción y esos tal vez se encuentren ya en “capilla” con los casos de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Conservar o conquistar el poder es lo que cuenta. Lo demás es problema de percepción. Perdón.