Fernández y los gobernadores del PJ piden el juicio político de Rosatti, pero no tienen los votos en Diputados

En línea con los cuestionamientos del kirchnerismo a la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández anunció hoy que impulsará un pedido de juicio político contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, a raíz de su actuación en el conflicto por los fondos de coparticipación entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. El mandatario involucró a los gobernadores del PJ en su jugada política, que sin embargo no reuniría los votos necesarios para avanzar con el proceso en el recinto de la Cámara de Diputados .

La oposición rechaza el pedido de juicio político que hizo Fernández al presidente de la Corte

De todos modos, la coalición gubernamental Frente de Todos cuenta con un voto más que la oposición en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, con lo cual estaría en condiciones de abrir el proceso, lo que le permitiría instalar en el debate público las acusaciones contra Rosatti. Sin embargo, según afirmaron fuentes legislativas, la iniciativa fracasaría una vez que llegue al recinto porque allí se necesita del apoyo de dos tercios de los diputados presentes y Juntos por el Cambio (JxC) cuenta con el número necesario para bloquearla .

“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, detalló Fernández en el marco de un mensaje de buenos augurios ante el año que comienza, publicado hoy en el sitio oficial de la Casa Rosada.

Una orden al ministro de Justicia

El Presidente también reveló una indicación que le dio a Martín Soria. “Ordené al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”, añadiió el texto que también compartió Fernández en sus redes sociales.

Fernández hizo referencia en ese último punto a la nueva filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, con empresarios de medios y Silvio Robles, mano derecha de Rosatti y vocal de la Corte Suprema. Tras desmentir los mensajes, el funcionario porteño aseguró que no piensa renunciar a su cargo y que los presuntos intercambios son “falsos” y que es “víctima” de una maniobra de espionaje ilegal.

En el comunicado, el Presidente argumentó: “Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado”.

El paso a paso del juicio político

El pedido de enjuiciamiento a Rosatti debe ser presentado en la Cámara de Diputados y luego será analizado por la comisión de Juicio Político, que encabeza la legisladora del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard. Si tiene dictamen, se necesita la firma de más de la mitad de los integrantes de la comisión presentes, deberá ser aprobaba la acusación con los dos tercios en el recinto de sesiones.

Son los 31 parlamentarios que conforman esta comisión los que deciden qué denuncias son admisibles y cuáles se descartan. Una vez que se acepta una denuncia, es la propia Comisión la que inicia un sumario y cumple el rol de fiscal. Puede convocar testigos, información a jueces federales, solicitar escuchas o intervenciones de comunicaciones telefónicos o de mensajes de texto y la declaración del funcionario acusado.

Con todo esto, lleva adelante la investigación que, una vez que se de por terminada, se emite el dictamen que debe contar con el aval de la mitad más uno de los integrantes presentes. Es decir, si están presentes los 31, al menos 16 deben dar luz verde al dictamen.

Recién ahí pasa a que lo debata el pleno de la cámara, que cuenta con 257 parlamentarios. Allí se necesita que, al menos, dos de cada tres de los presentes apoye la decisión de apartar al funcionario en cuestión. En este caso, al titular de la Corte.

Es en esa misma sesión que el pleno de legisladores de la Cámara baja deberá designar a dos diputados que asumirán el rol de acusadores ante el Senado. Será la Cámara alta, quien tendrá la última palabra y que deberá decidir, con el aval de dos tercios de los presentes, si se destituye o absuelve al titular de la Corte. En caso de que estuvieran presentes los 72 senadores que integran el cuerpo, necesitarían 48 votos.

Hasta ahora no se han abierto a investigaciones los pedidos de juicio político, incluidos los que hay contra Alberto Fernández, debido a que ni el FdT ni JxC consigue alcanzar los dos tercios de los miembros presentes en la sesión por la extrema paridad que existe en la Cámara de Diputados.

El fallo de la Corte del 21 de diciembre, en el que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, fue cuestionado desde el Poder Ejecutivo Nacional como por 18 mandatarios.

Para que un juicio político se pueda plantear, sea contra un juez de la Corte o un presidente, primero debe presentarse una causa válida para destituir a un funcionario: mal desempeño de sus funciones o la comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones.

Desde que asumió su mandato, Fernández ya recibió dos pedidos de juicio político por parte de Juntos por el Cambio. El primero de ellos se originó tras la denuncia penal contra el Presidente por haber violado la cuarentena durante la pandemia con una reunión social en Olivos. El segundo se presentó tras las declaraciones de Fernández contra el fiscal Diego Luciani, encargado de acusar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita en la causa Vialidad.

Actualmente, el kirchnerismo no tendría el consenso suficiente para llegar a ese resultado. La última destitución ocurrió en 2005, en el caso del juez de la Corte Antonio Boggiano. En cuanto a la primera etapa que se da en Diputados, en los últimos cinco años se hicieron casi 50 presentaciones y ninguna prosperó.

El comunicado completo de Fernández

“Querido Pueblo Argentino:

Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos.

Contra los pronósticos de muchos, hemos logrado cumplir con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado.

Pudimos hacerlo en una economía pujante que ha permitido que nuestro producto bruto interno acabe creciendo muy por encima del 5%. En este año que termina habremos registrado un récord de inversiones y de exportaciones. Pudimos sortear la falta de divisas y nuestras reservas de libre disponibilidad han crecido significativamente.

El empleo también ha crecido. Desde nuestra llegada al gobierno, el empleo registrado del sector privado creció un 4,1%. Esa cifra contrasta en mucho con los cuatro años que nos precedieron en los cuales el empleo registrado privado se contrajo el 3,5 % expulsando de sus empleos formales a casi 220 mil trabajadoras y trabajadores.

Registramos hoy una tasa de desempleo del 7,1% que se presenta como la segunda más baja desde 2003. A la vez, 21 provincias de Argentina observan tasas de desempleo ínfimas. El trabajo sigue creciendo en Argentina con un modelo de desarrollo y ordenamiento fiscal.

Tenemos por delante dos desafíos importantes. El primero, seguir trabajando para que la inflación que heredamos y que se potenció con la guerra desatada, siga su camino descendente. El segundo, mejorar los ingresos de los que trabajan que han padecido una perdida significativa en los cuatro años que precedieron a nuestra llegada. Ocuparnos primero de los últimos sigue siendo nuestro compromiso.

Terminamos el año disfrutando el éxito de nuestra Selección Nacional de Fútbol. La merecida obtención del título que durante tanto tiempo nos resultó esquivo llenó de alegria a la Argentina en pleno. Toda nuestra gratitud para el plantel de jugadores y para el equipo técnico. Nos han demostrado lo que somos capaces de hacer unidos cuando el valor de las convicciones asoma en nosotros.

Aún cuando todo lo dicho nos da la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto, recientemente han quedado al descubierto las peores practicas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho.

En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado.

Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica.

He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal.

También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.

Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado.

Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución.

Mis mejores deseos de felicidad para todas y todos ustedes.

Muchas Gracias.

Presidencia de la Nación Argentina / Buenos Aires, enero 1 de 2023″