Agentes del Alguacil y el condado aún no acuerdan nuevo contrato. Hay preocupación

La Asociación de Agentes del Alguacil del Condado de Merced (DSA) y el Condado de Merced iniciaron el proceso de negociación, pero aún no han llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

La DSA, que representa a unos 100 miembros, incluyendo forenses, despachadores y más de 80 agentes jurados, rechazó la última oferta del Condado de Merced de un aumento salarial del 8% y un aumento del 10% en los topes de atención médica.

Según el presidente de la Asociación de Agentes del Alguacil del Condado de Merced, Roberto Torres, la oferta del condado no se ajustaba a lo que la asociación consideraba en aquel momento un aumento del 18% al 25% en los costos médicos de los empleados. El contrato actual de la DSA con el condado finaliza en junio.

Torres dijo que la oficina del alguacil enfrenta problemas no solo con la retención, sino también con la contratación y quienes se van no necesariamente se van a ciudades más grandes, como en el Área de la Bahía.

“Se van a dependencias en nuestro propio patio trasero”, dijo Torres. “El Condado de Stanislaus, el Condado de Madera, dependencias dentro de nuestro propio patio trasero”.

Torres dijo que el Condado de Merced no ofrece salarios y beneficios competitivos con las dependencias cercanas.

“El departamento del alguacil, el condado tampoco es competitivo ante las dependencias circundantes”, dijo Torres. “Son dos problemas que deben abordarse hasta el punto de que si no lo hacemos, entonces realmente vamos a ser... el barco está casi hundido”.

Según Torres, un agente con cónyuge y un hijo paga de su bolsillo algo más de $23,000 al año en cobertura médica.

Cuando el Condado presentó su oferta actual a finales del año pasado, lo hizo sin la opción de ningún diálogo adicional, según Torres. La DSA y el condado comenzaron a negociar a finales de febrero y el Condado no ha presentado a la asociación ninguna oferta nueva.

Torres dijo que no es ningún secreto que la agencia tiene un gran déficit de personal y parece que el centro de llamadas de la dependencia perderá otro despachador en las próximas semanas.

“Espero que el Condado lo vea y haga algo”, dijo Torres.

El alguacil del Condado de Merced, Vern Wanke, ha criticado abiertamente a la junta de supervisores y al director ejecutivo del condado en las últimas semanas por su apoyo a la seguridad pública y a la financiación.

En un video publicado en redes sociales, Warnke dijo que tiene las manos atadas por la Junta de Supervisores del Condado de Merced, mientras la dependencia sigue haciendo frente a la escasez de personal en puestos como agentes, despachadores y guardias de correccionales. Debido a la falta de personal, la dependencia probablemente se negará a responder a ciertos tipos de llamadas en todo el condado, advirtió Warnke durante el video.

El subalguacil Corey Gibson apareció junto a Warnke en el video y dijo que la dependencia tiene actualmente un déficit de 21 agentes del alguacil y está estudiando la reducción de los servicios en todo el condado. Gibson dijo que la falta de agentes pudiera obligar a la dependencia a dar prioridad a las llamadas en curso y las llamadas de violencia. De acuerdo con la oficina del alguacil, la dependencia tiene actualmente alrededor de 10 personas pasando por la verificación de antecedentes después de solicitar puestos fuera de la Oficina del Alguacil del Condado de Merced.

Warnke dijo que cree que habrá alrededor de $8 millones restantes en el presupuesto del condado al final del año fiscal y que el dinero pudiera ser usado para contratar agentes adicionales.

“Cuando me eligieron para el cargo, me eligieron para operar la seguridad pública y lo estoy haciendo ahora”, dijo Warnke. “Pero no veo ninguna ayuda, y me refiero a ninguna ayuda, de la oficina del director ejecutivo con respecto a eso”.

Según Gibson, la dependencia solicitó un aumento de presupuesto para el año fiscal, pero fue rechazada por la oficina del director ejecutivo del Condado de Merced. Gibson dijo que cuando la dependencia solicitó fondos a poco de iniciado el año fiscal, los fondos fueron sacados de la pequeña cuenta de herramientas de la dependencia en lugar de usar los fondos de los ahorros salariales.

Según el portavoz del Condado de Merced, Mike North, la Junta de Supervisores tiene discreción sobre los Ingresos de Propósito General, que ascienden a $126.7 millones para el presupuesto final del año fiscal 2023-24. Alrededor de 74 centavos de cada dólar discrecional disponible del fondo general se dedica a la seguridad pública, según North.

La Oficina del Alguacil del Condado de Merced tiene un gasto total de $93.5 millones, según el condado. Un total de $56.4 millones se destina a salarios y prestaciones, mientras que $30.5 millones se destinan a servicios y suministros. North dijo que $111,081 se destinan a otros gastos y un total de $230,204 a transferencias, que normalmente representan el pago a o desde otros departamentos del Condado de Merced por servicios prestados o recibidos entre departamentos.

Según North, la oficina del alguacil dispone actualmente de $6.67 millones en su fondo de bienes de capital. Según el Condado de Merced, estas cifras no tienen en cuenta los grandes proyectos de capital aprobados por la junta.

Varios habitantes hablaron sobre el tema de la seguridad pública durante una reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Merced en febrero, instando a la junta a apoyar más a la Oficina del Alguacil del Condado de Merced.

La vecina de Atwater Rebecca Tucker, de 47 años, fue uno de los varios miembros de la comunidad que se dirigió a la junta y habló de cómo su familia se ha visto afectada por la escasez de personal en la oficina del alguacil. Según Tucker, ella y su marido fueron víctimas de falsificación por parte de un exmiembro de la familia, que supuestamente firmó un contrato para realizar trabajos en su propiedad sin su permiso por un total de $67,000. La Oficina del Alguacil del Condado de Merced comenzó a investigar el caso de falsificación de delito grave en junio.

Tucker dijo que su caso ha sido investigado por el detective de la oficina del alguacil encargado de la extracción de datos de teléfonos móviles. Durante ese tiempo, Tucker dijo que el detective ha tomado licencia prolongada y alega que se han cometido delitos adicionales contra su familia por la misma persona involucrada en la presunta falsificación. Tucker dijo que a su familia se le concedió una orden de alejamiento civil contra el individuo y a un miembro de su familia se le concedió una orden de alejamiento por violencia doméstica contra la misma persona.

Tucker escribió una carta detallando su experiencia y preocupaciones que entregó a los supervisores en diciembre de 2023. Tucker dijo que su carta no recibió respuesta de los supervisores durante más de dos meses.

“Durante los últimos ocho meses hemos vivido en el limbo preguntándonos si llegarán los cargos y cuándo”, dijo Tucker mientras hablaba ante la junta.

Según Tucker, existen dos órdenes de alejamiento contra el individuo y le preocupa que, si se presentaran en su propiedad rural, los agentes del alguacil no respondan a tiempo.

Dijo que toda la experiencia les ha dejado a ella y a su familia aterrorizados. La pareja ha instalado recientemente cámaras de seguridad en toda su propiedad de 30 acres y ella y su marido tienen un permiso CCW.

“Queremos que las fuerzas del orden nos protejan en nuestra propiedad, no queremos sentir que tenemos que protegernos nosotros mismos, esa es nuestra única opción, queremos que las fuerzas del orden estén allí para protegernos”, dijo Jason Tucker, de 49 años, esposo de Rebecca.

Según el Supervisor del Distrito 1 y presidente de la junta, Rodrigo Espinosa, que leyó una declaración preparada durante la reunión, tres de los cinco grupos laborales de la oficina del alguacil han aceptado la oferta del condado.