Agente alquiló habitación en su casa de Hialeah a sospechoso y lo puso sobre aviso, dicen fiscales federales

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Mark Lennihan/AP

Es raro, pero los agentes federales a veces son acusados de delitos. Más raro aún es que un agente sea detenido mientras investiga, y colabora, con delincuentes.

Pero el caso de Al Crespo, agente de Salud y Servicios Humanos (HHS) suspendido, es aún más inusual. Crespo alquiló un estudio detrás de su casa en Hialeah al principal sospechoso de una red ilegal de distribución de analgésicos y se le acusa de haberlo alertado sobre una investigación en curso, según los documentos recién presentados en el tribunal federal de Miami.

Crespo, quien ha trabajado casi 30 años en varios empleos de las fuerzas del orden del sur de la Florida, enfrenta cargos por vender analgésicos y proteger al principal objetivo de una investigación federal sobre tráfico de drogas.

Ese sospechoso, Jorge Díaz Gutiérrez, junto con una pareja formada por Yandre Trujillo Hernández y Anais Lorenzo, ya se declararon culpables a principios de este mes de confabulrse para vender miles de kilos de píldoras de oxicodona que fueron recetadas por un médico de Hialeah previamente condenado por fraude al Medicare.

Díaz, un reclutador de pacientes para el médico, también se declaró culpable de obstrucción a la justicia y ahora enfrenta hasta siete años de prisión, más que Trujillo y Lorenzo, que están cooperando con los fiscales federales y podrían testificar contra Crespo en su próximo juicio en el tribunal federal de Miami. El juicio estaba previsto para el lunes, pero se aplazó hasta diciembre debido a conflictos en la agenda del juez.

Los abogados defensores de Crespo afirman que el veterano agente de 47 años no ha hecho nada malo y que desea limpiar su nombre en el juicio por los cargos de confabulación para distribuir oxicodona, manipulación de testigos y obstrucción a la justicia.

Los abogados, José Quiñón y Marc Seitles, dijeron al Miami Herald que los fiscales de la Procuraduría General y los investigadores del FBI “hicieron ingeniería inversa en la acusación” de su cliente.

“No hay ni una pizca de evidencia de que estuviera involucrado en ninguna distribución de oxicodona”, dijo Quiñón. “No hay pruebas de que Al obstruyera la justicia o impidiera que la investigación” siguiera adelante.

“Este tipo tiene sangre azul”, dijo Seitles, señalando que Crespo ha trabajado de investigador de Salud y Servicios Humanos desde 2010, y antes de eso trabajó en la DEA, la Policía de Hialeah y la Policía Militar de la Fuerza Aérea. “No hay nada en su historial que sugiera lo absurdo de estas acusaciones”.

Pero los fiscales, en una declaración de hechos presentada con el acuerdo de culpabilidad de Díaz, alegan que el veterano agente especial del HHS ayudó activamente a proteger a la red de distribución de analgésicos de Díaz proporcionándole información privilegiada sobre la investigación sobre la oxicodona, evidencia captada en grabaciones encubiertas de teléfonos móviles.

“El [agente especial] Crespo le dio repetidamente a [Díaz] instrucciones detalladas para que destruyera y manipulara la evidencia, obstruyera la investigación y proporcionara información materialmente falsa a los agentes investigadores cuando el acusado fuera entrevistado”, según la declaración de hechos de Díaz presentada con su acuerdo de culpabilidad, que fue firmada por él, su defensor público adjunto y un fiscal federal la semana pasada.

“[El agente especial] Crespo y [Díaz] también hablaron de cómo ocultar su forma de vida a los agentes investigadores y hablaron de golpear, apuñalar y matar a posibles testigos cooperantes, incluido el coacusado Lorenzo, si era necesario”, dice la declaración presentada en el tribunal federal.

Según una denuncia penal del FBI, la investigación por corrupción se inició en marzo de 2019. Crespo y Díaz fueron grabados en escuchas telefónicas hablando de protegerse mutuamente, emitiendo maldiciones religiosas de santería y amenazando con matar a los soplones en la investigación subyacente sobre la oxicodona. Ambos hombres fueron arrestados en julio de 2020, pero su acusación fue retrasada por el jurado de instrucción federal hasta principios de 2021 porque no pudo reunirse durante el apogeo de la pandemia del COVID-19.

Crespo está acusado de usar su posición en el grupo de ataque del HHS para alertar a Díaz de una investigación sobre un médico de Hialeah, Rodolfo González-García, según los fiscales federales Sean McLaughlin y Christopher Clark.

González-García se declaró culpable de estafa al Medicare y otros cargos en 2019 por prescribir y dispensar ilegalmente pastillas de oxicodona. Otros tres acusados también se declararon culpables de delitos similares. Díaz fue distribuidor de narcóticos en la clínica del médico, dice la denuncia del FBI, mientras que también recibió sobornos por la referencia de pacientes. Los coacusados Trujillo y Lorenzo admitieron en sus acuerdos y declaraciones de culpabilidad haber desempeñado papeles similares.

Crespo alertaba regularmente a Díaz sobre el estado de la investigación del grupo de ataque sobre la supuesta red de oxicodona, según la denuncia del FBI. Díaz dijo a una fuente federal confidencial que había estado reclutando pacientes y comprando y vendiendo recetas de oxicodona durante años, y que Crespo estaba al tanto de sus actividades delictivas, dice la denuncia.

Según la declaración de Díaz presentada con su acuerdo de culpabilidad, Crespo le llamó en junio de 2020 para reunirse en su casa de Hialeah porque el agente le dijo que “necesitaba advertirle” en persona sobre la investigación sobre la supuesta red de distribución de analgésicos.

Las grabaciones de teléfonos móviles también indican que Crespo se reunió con Díaz en la casa de Hialeah para poder mostrarle un correo electrónico interno del HHS en el que se enumeraban los nombres de los pacientes a los que el doctor González había recetado analgésicos y que iban a ser entrevistados como parte de la ampliación de la investigación.

Las interceptaciones telefónicas “confirmaron que [Díaz] se reunió con SA Crespo y que SA Crespo le reveló a [Díaz] el contenido del correo electrónico con los objetivos de las entrevistas previstas, según la declaración presentada con su acuerdo de culpabilidad”.

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