Yahoo Noticias Afromexicanas, grupo más olvidado en la agenda y el segundo más discriminado en México; reforma resulta insuficiente, aseguran
Datos desagregados que contemplen las particularidades de los contextos que habitan las mujeres afromexicanas para diseñar políticas públicas específicas, promover medidas que disminuyan el subregistro de datos oficiales y asignar presupuesto suficiente para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra ellas son pendientes que aún tienen las autoridades con esta población.
En entrevista, Sagrario del Carmen Cruz, de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora Capítulo México, subraya que aún son múltiples y diversas las violencias específicas que enfrentan las mujeres afromexicanas, y que es importante remarcarlas como un tema no resuelto durante las próximas jornadas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Además, recuerda que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 el segundo grupo más discriminado en México, después de las diversidades sexuales, son las personas afrodescendientes, en buena medida –añade– por su apariencia y estereotipos asociados a sus rasgos físicos y tono de piel.
“Esto cambia radicalmente desde el 2017, que fue la última Enadis, porque en aquel entonces el grupo más discriminado era la diversidad religiosa y luego la diversidad sexual, y ahora no es así. El segundo grupo ahora son los afrodescendientes; no tengo la certeza, pero quizá sea por la abundante migración que ha habido de personas de diversas partes del mundo, entre ellos afrodescendientes, y que esa sea la causa que agudiza la discriminación”, sostiene.
La distinción por rasgos físicos, sobre todo en el caso de las mujeres afrodescendientes, tiene que ver con su altura y su volumen, el aspecto de su cabello e incluso la hipersexualización. “En este sentido, la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica no ocurre en un vacío, está profundamente entrelazada con la discriminación que enfrentamos”, detalla el informe Identidades entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional, coordinado por Católicas por el Derecho a Decidir.
Esa discriminación se manifesta a través del colorismo y reduce la visibilidad de las experiencias de esa población que, durante siglos, sostiene el documento, ha luchado por el reconocimiento de los pueblos afromexicanos y ahora enfrenta una batalla específica por el reconocimiento de los derechos de las mujeres que cargan la doble discriminación de ser afros y ser mujeres.
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“Aunque la invisibilidad no surge exclusivamente de nuestro género, sino del régimen de racialización colonial, esta invisibilidad profundiza las violencias que enfrentamos como mujeres afromexicanas”, señala el informe que al mismo tiempo recuerda que el Censo de Población y Vivienda 2020, que contó por primera vez a las personas afrodescendientes, encontró que en México viven 2 millones 576 mil 213 que se identifican como tales.
De esa cantidad, la mitad son mujeres, y la mayor presencia de dicha población está en Guerrero (8.6%), Oaxaca (4.7%), Baja California Sur (3.3%), Yucatán (3%), Quintana Roo (2.8%), Veracruz (2.7%) y Campeche (2.1%). Sin embargo, el informe destaca que el censo aún tiene varios sesgos: la dificultad de identificarse como afromexicana en un contexto racista y por otro, los obstáculos en el levantamiento, lo que implica un subregistro difícil de dimensionar.
De ahí que uno de los pendientes que remarca Cruz es la falta de datos desagregados que reconozcan en su especificidad a las mujeres afromexicanas que, detalla el informe, enfrenten principalmente al menos siete tipos de violencia: falta de acceso a servicios de calidad, violencia psicológica, económica, médica y obstétrica, política, hacia niñas y adolescentes y hacia mujeres de la diversidad sexual.
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“Son violencias que se dan desde la niñez más temprana hasta tu vejez; entonces cuando te pones a analizar todo esto no es nada más decir ‘ay, qué sensible’, como nos han dicho. Es una violencia estructural que se da dentro de la familia: el colorismo, por ejemplo, cómo catalogan al hijo o al nieto desde el más claro al más oscuro, dentro del salón de clases también, con una visión eurocéntrica de belleza”, cuestiona la activista.
Sin embargo, esas violencias que se reproducen desde la familia y el salón de clases escalan hasta las decisiones de poder. Cruz critica el cambió al artículo 2 de la Constitución, que no representó una modificación mayor, sino que agregó un apartado que solo les menciona. Refiere también las acciones afirmativas políticas, que han simulado o usurpado los lugares que le corresponderían a personas afro.
“Que no pertenecen a ninguna organización ni han tenido un activismo claro, que eso fue lo que exigimos al INE, que fuera una acción afirmativa, pero con un reconocimiento y un respaldo comunitario para que tuviera una validación, y no se cumplió. Todo eso es parte de estas violencias estructurales, y que el Estado puede decir que está cumpliendo una agenda, pero no es así”, añade.
Según el informe coordinado por Católicas por el derecho a decidir, de la Enadis se desprende que las principales problemáticas que enfrentan las personas afrodescendientes, en ese orden, son la falta de respeto a sus tradiciones, usos y costumbres; la falta de reconocimiento a su autonomía como pueblo, la carencia de servicios básicos como luz, agua y caminos; que el gobierno o empresas exploten sus recursos naturales sin consultarles, así como la persecución y violencia a quienes defienden sus territorios y recursos.
“Hay mucho por hacer. Yo sé que en el discurso dicen que se ha avanzado mucho, pero queda solamente en el papel, no en la realidad, y sé que la lucha por los derechos civiles en referentes como Estados Unidos, que empezó desde los 60, costó mucho trabajo, entonces nosotros estamos apenas gateando en esta lucha por los derechos civiles”, lamenta Cruz.
Mujeres indígenas, con discapacidad y diversas, mayormente afectadas por la violencia
El informe Identidades entrelazadas busca visibilizar, rumbo al 25N, las múltiples formas de opresión desde un enfoque interseccional, según plantea el propio documento, que permita comprender cómo se cruzan factores como la identidad, la etnicidad, la discapacidad y la diversidad sexogenérica, y cómo la falta de medidas integrales agudizan las desigualdades que enfrentan no solo las mujeres afromexicanas, sino también las indígenas, aquellas que viven con una discapacidad y las que pertenecen a la diversidad sexogenérica.
Si bien, señalan en sus conclusiones, se constata que cada grupo enfrenta violencias particulares, la intersección de factores como el racismo, la precarización, el capacitismo y la discriminación por identidad, expresión de género y orientación sexual demuestra que existe un terreno común de exclusión, marginación y violencia institucionalizada.
Según el documento, los cuatro puntos urgentes de atención para estas poblaciones son el acceso a la justicia, la atención a la salud mental, la sensibilización y educación, así como su reconocimiento y representación.
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“Es fundamental reformar los sistemas de justicia que actualmente perpetúan la violencia de género mediante la burocracia, la falta de perspectiva intercultural, así como el machismo, racismo y clasismo estructural”, apunta el informe al detallar que, de manera urgente, se necesita personal capacitado que pueda ofrecer acceso justo, rápido y seguro que respete las particularidades de cada población.
“La violencia de género tiene un impacto devastador en la salud mental de las personas. El alto índice de ideación suicida entre las personas de la diversidad sexogenérica y los graves problemas emocionales de las mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad hacen evidente la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental, brindando apoyo integral y accesible”, agrega el documento.
Por otro lado, la escuela, los espacios médicos y laborales son precisamente los lugares donde enfrentan exclusión, violencia y discriminación, por lo que urgen programas efectivos de capacitación y sensibilización que integren la crítica feminista, antirracista, anticapacitista, anticapitalista y de la diversidad sexogenérica, y que al mismo tiempo eliminen las prácticas y estructuras que refuerzan las violencias basadas en género y entrelazadas con otras opresiones.
Además, en los entornos legislativo y social es indispensable fortalecer procesos de reconocimiento legal, participación política y representación cultural de todas las identidades, lo que incluye a mujeres de pueblos originarios, afromexicanas, con discapacidad, trans, no binarias y de diversas identidades y orientaciones. “Es fundamental reconocer su valía y aportación a una sociedad diversa, compleja y más justa”, concluye el informe.
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