Acusan a Bonilla de persecución contra Leyzaola

A meses de que inicie el proceso electoral, un excolaborador del militar Julián Leyzaola fue detenido, y dirigentes de partidos denunciaron al gobierno estatal de ejecutar una persecución política y campaña negra.

Leyzaola y el detenido Gustavo Huerta fueron denunciados en 2009 de torturar a policías cuando eran responsables de la seguridad de Tijuana, pero sus órdenes de aprehensión se emitieron apenas hace unos días.

Tras la detención, el director de comunicación del gobierno del estado, Juan Guízar polítizó la detención.

“Le van a adelantar la campaña a Leyzaola… si la vez anterior hizo campaña pistola bajo las piernas, hoy será amparo bajo el brazo”, escribió Guízar a periodistas la mañana del viernes. Después borró el mensaje.

El dirigente de Encuentro Social, Alfredo Ferreiro, ya había señalado en un comunicado que había intereses políticos y una campaña negra contra Leyzaola.

“Se advierte el temor de un grupo político bien identificado”, dijo en un comunicado el dirigente del partido conservador que apoya a Leyzaola.

Abraham Correa, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, acusó que es una decisión ya tomada del gobernador del estado, Jaime Bonilla.

“Se está cumpliendo lo que se había perfilado: una persecución política con todo el peso del estado para detener al teniente coronel y con eso impedir que sea candidato a la alcaldía en el ayuntamiento de Tijuana”, dijo Correa.

El diputado federal Héctor Cruz, que coordinó la campaña de Leyzaola por la alcaldía de Tijuana en 2019, acusó en un comunicado que la Fiscalía estatal es un instrumento político para limitar la participación electoral del militar Leyzaola.

Dos politólogos de la región fueron contactados para conocer su opinión del caso, pero se abstuvieron de comentar.

Vicente Sánchez, Investigador de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), descartó que se trate de una persecución política y dijo que es normal que estas investigaciones se dilaten por años cuando intervienen instancias internacionales.

En el caso contra Huerta y Leyzaola intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denuncias de tortura cuando el teniente Julián Leyzaola era Secretario de Seguridad Pública, durante la administración del panista Jorge Ramos Hernández.

Mientras tanto, la mayoría de las denuncias de abuso policial en Tijuana no concluyen en sanción, según datos oficiales.

Apenas 2 denuncias contra policías de Tijuana han resultado en sanciones de octubre pasado a la fecha, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), Jorge Ayón.

La síndico procuradora, María del Carmen Espinoza, explicó que en este gobierno se abrieron 444 expedientes por quejas ciudadanas contra policías.

“En su mayoría son por abuso de autoridad, provenientes de colonias donde hay alta marginación”, dijo la síndico.

De las dos sanciones a policías, una es contra los dos agentes que son investigados por el caso de Oliver López, quien murió presuntamente asfixiado en el proceso de su detención en una gasolinera el pasado 27 de marzo.

La otra sanción corresponde a un elemento que fue suspendido por 15 días, según el titular de la SSPCM, Jorge Ayón.

Entre los casos que la Sindicatura investiga, hay más expedientes recientes por muertes durante las aprehensiones.

El 9 de enero falleció un detenido de origen haitiano cuando era trasladado a pie por la policía municipal, en el centro de Tijuana.

Además, el pasado 18 de mayo murió una persona por supuesta sobredosis en un parque en Playas de Tijuana, pero se investiga si los oficiales involucrados en su detención actuaron conforme a los protocolos establecidos.

En lo que va de este año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) ha recibido 106 quejas ciudadanas contras agentes de la policía de Tijuana.

En número de quejas, solamente les supera el Sistema Estatal penitenciario, que ha registrado 800 casos.

Según la CEDH, los principales derechos humanos que presuntamente han vulnerado los policías de Tijuana, son el derecho a la seguridad jurídica, al trato digno, a la libertad y a la legalidad.

Esta nota fue corregida el 7 de junio porque decía que el proceso electoral iniciaba a menos de 80 días, cuando en realidad el proceso electoral local inicia el primer domingo de diciembre. Ofrecemos una disculpa por el error.