Abogada municipal de Miami ayudó a desviar al distrito de Carollo $10 millones destinados a proyectos municipales

Cuando un urbanizador llegó a la Comisión de Miami en febrero de 2020 con un acuerdo para construir un rascacielos de lujo en terrenos propiedad de la ciudad, los comisionados votaron unánimemente a favor del proyecto. Como parte del acuerdo, el urbanizador había prometido construir una nueva estación de bomberos y dar a la ciudad $10 millones para mejoras en parques y otros beneficios públicos en todo Miami.

Pero en el transcurso de las seis semanas siguientes, la Oficina del Abogado Municipal y otros funcionarios modificaron discretamente el acuerdo para transferir esos fondos a un único distrito. Entre bastidores, las revisiones del contrato cambiaron el destino de esos millones: en lugar de ser usados para proyectos en toda la ciudad, el dinero se entregaría al Distrito 3 del comisionado Joe Carollo, donde se ubica el rascacielos.

Registros revisados por el Miami Herald muestran que en marzo y abril de 2020, la abogada municipal Victoria Méndez intercambió docenas de mensajes de texto con la cabildera del urbanizador en un esfuerzo por finalizar esa nueva versión del acuerdo. El acuerdo enmendado, que se firmó en abril, nunca se presentó públicamente a la Comisión Municipal ni a los habitantes después de la votación de febrero, a pesar de los cambios que eliminaban el beneficio financiero para toda la ciudad.

En una entrevista reciente con el Herald, el comisionado del Distrito 4, Manolo Reyes, dijo que a él nunca se le informó de que el acuerdo sobre el que votó en febrero había sido modificado.

“Absolutamente me siento decepcionado por no haber sido informado”, dijo Reyes. “Es decir, todos deberíamos haber sido informados”.

El acuerdo enmendado aprobado por Méndez negoció aún más dinero del urbanizador, prometiendo $13.5 millones en pagos del urbanizador a la oficina de Carollo: $9 millones para la promoción y el desarrollo de proyectos de vivienda asequible y parques en su distrito, incluida la adquisición de terrenos; $4 millones para el desarrollo de parques e instalaciones recreativas en el distrito, y $500,000 para “arte, cultura y entretenimiento”, incluida la “distribución general de alimentos” en el Distrito 3. Esos son los tipos de regalos que el comisionado ha destacado en las redes sociales y ha usado para impulsar su perfil político, especialmente su distribución de miles de pavos y paletas de cerdo durante las fiestas.

No está claro si o cuando los pagos fueron recibidos por la oficina de Carollo o cómo su oficina gastó los fondos.

Las revelaciones llegan en un momento de mayor escrutinio para Méndez, quien enfrenta una propuesta en la reunión del jueves de la Comisión para que sea despedida inmediatamente, semanas antes de que finalice su contrato en junio. La asediada abogada municipal ha apoyado públicamente durante mucho tiempo a Carollo, quien también ha apoyado a Méndez cuando su puesto ha estado en peligro.

En respuesta a las preguntas del Herald, Méndez negó que las revisiones fueran “cambios sustanciales”, diciendo que la resolución que los comisionados votaron en febrero “claramente permitía que el acuerdo fuera negociado y ejecutado por el administrador”.

Méndez añadió además que los comisionados reciben “constantemente” actualizaciones sobre dichos acuerdos y que es inexacto sugerir lo contrario.

En un correo electrónico, Carollo reconoció que su oficina estuvo directamente involucrada en la revisión del contrato, diciendo que no hubo “nada inusual” en ello.

“Yo era comisionado en ese entonces, y la Oficina del Administrador Municipal siempre mantendrá informado al comisionado y recibe sus aportaciones y opiniones sobre los grandes proyectos como este en su distrito”, dijo Carollo, describiendo el artículo del Herald como “un ataque”.

Méndez también afirmó que no existía ningún requisito legal para llevar el acuerdo modificado de nuevo a la Comisión Municipal para revisar los cambios.

Reyes, sin embargo, dijo que debería haber habido un “argumento o discusión” en un foro público, como se hizo en 2019 cuando él y el ex comisionado del Distrito 5 Keon Hardemon regatearon en el estrado sobre aproximadamente $19 millones para la ciudad provenientes de los urbanizadores del Magic City Innovation District. En una audiencia pública nocturna, acordaron dividir el dinero entre sus distritos.

Reyes dijo que algo similar debería haber ocurrido con el proyecto del rascacielos y estación de bomberos del urbanizador en Brickell.

“Habríamos tenido un debate muy animado. Yo habría intentado conseguir parte de ese beneficio, no solo para mi distrito, sino para toda la ciudad”, dijo Reyes, añadiendo que, al final de la discusión, si Carollo hubiera presentado “argumentos convincentes”, él podía haber aceptado que Carollo se quedara con el dinero en su distrito.

“La verdad del asunto es que debería haber acudido a nosotros, ante nosotros”, dijo Reyes.

‘Diferencias importantes’

Para cuando Méndez firmó la versión final del contrato, era el 13 de abril de 2020, el lunes después de la primera Semana Santa en confinamiento.

Los registros de las semanas previas al día en que Méndez ejecutó el acuerdo muestran un flujo constante de comunicaciones de texto entre la abogada municipal y la cabildera Melissa Tápanes, que representaba al urbanizador Michael Stern. La empresa de Stern, JDS Development Group, está construyendo la estación de bomberos y la torre de condominios de lujo en una mezcla de terrenos públicos y privados junto al Southside Park de Brickell, un espacio verde propiedad de la ciudad.

Tápanes no contestó a las preguntas del Herald, y Stern no respondió a una solicitud de comentarios.

Antes de que el acuerdo se presentara ante los comisionados en febrero, se había negociado con el Departamento de Bienes Inmuebles y Gestión de Activos de la ciudad.

Pero las negociaciones con el urbanizador continuaron incluso después de que los comisionados votaran el acuerdo, aunque tras la votación de febrero, la Oficina del Abogado Municipal pareció tomar la iniciativa. Los mensajes de texto muestran a Méndez ayudando a Tápanes, la cabildera, a coordinar las reuniones con los asistentes de la abogada municipal en su oficina, diciéndole a Tápanes el 5 de marzo que “intentaría reunir a todos”.

Según el contrato aprobado por los comisionados, cualquier cambio debería haber sido supervisado por el administrador municipal, que estaba autorizado a hacer “revisiones y enmiendas no sustanciales”, que estaban sujetas a la aprobación de la abogada municipal.

Aunque Méndez dijo que los cambios realizados en el acuerdo después de la aprobación de la Comisión Municipal estaban “permitidos por la resolución” y negó que fueran “sustanciales”, un correo electrónico de una de los principales administradores de bienes inmuebles de la ciudad los describió de otra manera.

El 9 de marzo de 2020, Jacqueline Lorenzo, entonces administradora de proyectos en el Departamento de Bienes Inmuebles de la ciudad, envió un correo electrónico al administrador municipal Art Noriega y a otros miembros del personal en el que esbozaba lo que denominaba “diferencias importantes” entre la versión del acuerdo que la Comisión Municipal aprobó en la reunión de febrero y una nueva versión preliminar.

En un comunicado emitido esta semana, la oficina del administrador municipal afirmó que los comisionados habían autorizado a Noriega a ejecutar el acuerdo, “eliminando la necesidad de una nueva aprobación por parte de la Comisión” y que “cualquier sugerencia de irregularidades o falta de transparencia en este acuerdo carece de fundamento”.

La oficina de Noriega describió las negociaciones contractuales posteriores a febrero como una colaboración entre el Departamento de Bienes Inmuebles, el Departamento Jurídico y la oficina de Carollo. Sin embargo, en un correo electrónico a un abogado municipal asistente el 30 de marzo de 2020, Lorenzo, la administradora de proyectos de la ciudad, escribió que su oficina tuvo poca participación en el acuerdo ese mes, diciendo que el Departamento de Bienes Inmuebles “no ha estado involucrado en este acuerdo desde la última vez que nos reunimos con su oficina y la oficina del Administrador Municipal” tres semanas antes.

Carollo dijo en su declaración al Herald que si alguien en el Departamento de Bienes Inmuebles de la ciudad “siente que no estuvieron suficientemente involucrados en las negociaciones, entonces tal vez debería haber dejado la seguridad de su hogar y venido a trabajar durante el COVID, como hizo mi personal”.

HOA de Brickell interviene

La oficina del administrador municipal dijo que aunque no fue necesario que el acuerdo revisado volviera a la Comisión el público fue “informado de este proceso”, aunque Noriega no especificó cómo ni cuándo ocurrió.

Las actas de la reunión de la Brickell Homeowners Association (HOA) en junio de 2020 indican frustración y confusión sobre el acuerdo por parte de los habitantes de la zona, señalando que el acuerdo ejecutado por la ciudad el 13 de abril es “bastante diferente” de la versión que la Comisión Municipal aprobó en febrero y que los cambios se hicieron “sin ABSOLUTAMENTE NINGUNA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN”.

En los meses siguientes, sin embargo, la asociación de propietarios y el urbanizador Michael Stern se reunieron y discutieron el proyecto, lo que hizo que la HOA se sintiera más cómoda con el plan. El cambio de postura de la HOA quedó reflejado en el acta de su reunión de febrero de 2021, en la que se describe el proyecto como una “mejora de la calidad de vida del barrio”.

En una entrevista la semana pasada con el Herald, el presidente de la HOA de Brickell, Ernesto Cuesta, dijo que aunque hubo preocupaciones iniciales en 2020, él y sus vecinos están ahora satisfechos con el acuerdo, con los compromisos del urbanizador y con el esfuerzo de Carollo para promover parques en el distrito.

“Hay que ser justo en la vida”, dijo Cuesta, que en el pasado criticó duramente a Carollo.

Cuesta dijo que Stern ha hecho un buen trabajo comunicándose con la asociación de vecinos y recogiendo sus comentarios sobre el proyecto, que actualmente está en construcción y se espera que esté terminado para 2028.

Cuesta también dijo que, si bien sabe que el acuerdo cambió después de la votación de la comisión, el urbanizador no puede ser culpado por el “mal juicio de la ciudad de Miami.” Del mismo modo, no culpó a Carollo por trabajar en beneficio de su distrito.

“Desde el punto de vista administrativo, por parte de la ciudad, probablemente haya fallos. Probablemente”, dijo Cuesta. “Pero por parte del urbanizador, no. Han sido de gran ayuda”.

Reyes, el comisionado del Distrito 4, dijo que recae en el administrador municipal —y especialmente en el abogado municipal— la responsabilidad de llevar el contrato modificado de nuevo a la Comisión antes de ejecutar el acuerdo. Hizo hincapié en que la financiación de la ciudad debe estar determinada por la necesidad, no por la política.

“Somos comisionados de de Miami. Deberíamos preocuparnos por todo lo que ocurre en Miami”, dijo Reyes. “Es decir, no creo en este feudo que se ha creado por distritos”.

La periodista de datos visuales de McClatchy Susan Merriam contribuyó a este artículo.