Tiene 9 meses y es ciudadano de EEUU. ¿Por qué el DCF quiere enviarlo a Haití?

Nació en el Condado Broward de una madre con problemas que perdió la custodia permanente debido a problemas de salud mental. La patria potestad de su madre sobre tres de sus hijos mayores ya se había extinguido. Su padre, de regreso en Haití, no estaba en el panorama.

Exhortad por el Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF), un juez de circuito dictaminó que Ector —de 9 meses de edad y ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento— debe ser enviado a Haití para estar con su abuela materna, que vive en una región montañosa y no tiene ingresos fijos. La familia de acogida de la Florida que lo ha criado desde que tenía una semana de vida teme por su seguridad en un país desgarrado por las pandillas de secuestradores y una hambruna catastrófica y quiere adoptarlo. Presentaron una demanda para mantenerlo aquí bajo su cargo.

Haití es un país al borde del colapso. Las pandillas armadas bloquean regularmente las carreteras y cierran hospitales y escuelas, y un bloqueo continuado de las pandillas está haciendo que el combustible y el agua potable escaseen, lo que ha provocado un brote mortal de cólera y escasez de alimentos. El Departamento de Estado ha advertido a los ciudadanos estadounidenses de que no vayan y ha dicho que los que viven allí deben salir de Haití ahora a la vista de la actual situación de seguridad y salud y de los problemas de infraestructura.

Incluso en las mejores circunstancias, la atención sanitaria en Haití es problemática. Y Ector tiene más problemas sanitarios de los habituales, como un posible soplo cardíaco y la necesidad de insertar tubos en los oídos para frenar las infecciones causadas por la acumulación de líquido en el oído interno. Ninguno de los dos padecimientos es necesariamente raro o grave, pero deben ser atendidos y encontrar atención en Haití, donde los hospitales se han visto obligados a cerrar debido a la crisis actual, pudiera ser mucho más difícil.

“Lo que está ocurriendo allí ahora mismo no es nada bueno. Es aterrador y violento, y enviar a un bebé sin protección, lejos de su único hogar, lejos de todos los que conoce, a un lugar en el que pudiera tener problemas de alimentación, no tener agua potable, todo eso es muy preocupante”, dijo Tamara Simmons, quien con su esposo, Gerald, ha estado cuidando de Ector casi desde el nacimiento del niño.

Pudiera ser enviado a Haití cualquier día a pesar de las preocupaciones de sus padres de acogida, que han luchado en su esfuerzo legal para mantenerlo aquí.

“Nació aquí. Este es su derecho de nacimiento”, dijo Simmons, añadiendo que el niño es alimentado con fórmula. “Tiene derecho a agua limpia y a no morir de hambre”.

La disputa por la custodia pone de manifiesto la falta de uniformidad del DCF en el manejo de los hijos de la problemática madre: tres de los cuales recibieron autorización para ser adoptados en el sur de la Florida y ahora se ordena que un cuarto niño sea enviado a un país asolado por la violencia, la escasez de alimentos y los limitados servicios médicos.

En agosto, el juez del circuito de Broward José Izquierdo se puso del lado de las autoridades estatales de bienestar social y dictaminó que Ector debía ser colocado con su abuela materna porque consideró que es el pariente responsable más cercano. Esta medida, según el juez, reuniría a Ector con otro hermano al cuidado de la abuela y pondría a Ector “en proximidad” con su padre legal, con el que la madre de Ector estaba casada en el momento de su nacimiento, aunque los registros judiciales no muestran que haya expresado ningún interés en el niño. La pareja está ahora separada. Por otro lado, hay un padre biológico, que tampoco tiene relación con el niño. Ambos se encuentran en Haití.

“Están arrojando al niño a un volcán activo”, dijo el Dr. Jim Wilentz, un cardiólogo estadounidense que atiende a niños con problemas cardíacos en Haití y que no tiene relación con el caso. “No entiendo la urgencia de enviar a un niño a Haití en un momento de profunda deconstrucción del Estado haitiano, incluida la atención sanitaria”.

La agencia de la Florida que lleva el caso de Ector es ChildNet, la organización sin ánimo de lucro contratada por el DCF para prestar servicios de bienestar infantil basados en la comunidad en el Condado Broward. El DCF no respondió a una solicitud de comentarios del Miami Herald.

Simmons dijo que Ector tiene tres hermanos biológicos mayores que viven en Estados Unidos que han sido adoptados y se ven. No entiende porqué a Ector no se le da la misma oportunidad.

“Es ciudadano estadounidense. ¿Qué derecho tienen a negarle la asistencia sanitaria? ¿Qué derecho tienen a negarle agua potable? ¿Qué derecho tienen a negarle una educación?”, dijo Simmons. “Es su derecho y creo que es enfermizo que su madre sea ciudadana aquí y que todos sus otros hermanos puedan estar aquí, en su derecho de nacimiento, y comer adecuadamente y recibir asistencia sanitaria e ir a la escuela y él no pueda”.

Tamara Simmons dijo que no empezó queriendo adoptar a Ector. De hecho, se suponía que iba a ser colocado con la familia de uno de sus hermanos. Cuando esa familia no pudo acogerlo al poco de nacer, el niño acabó en su casa con otros niños de acogida que ella cuida.

Simmons dijo que cuando una trabajadora social del estado voló a Puerto Príncipe para hacer un estudio del hogar de la abuela, Simmons apoyó inicialmente la colocación del niño allí, como una forma de promover la reunificación familiar. Pero cuando Simmons se enteró de las condiciones de la casa de la abuela —sin cañerías, sin electricidad, sin ingresos fijos, dice que le dijo la trabajadora social— se alarmó. Adquirir suministros requería caminar una milla hasta una parada de autobús y viajar 45 minutos por una montaña hasta Puerto Príncipe, donde pandillas violentas fuertemente armadas dominan ahora el terreno.

A Simmons le preocupan otras cosas: Los trabajadores de bienestar infantil están tratando de enviar a Ector a un hogar donde la abuela materna ya está pasando apuros para cuidar a un hermano mayor de Ector. Ella depende económicamente de su hijo, que no ha podido trabajar debido a la crisis actual, dijo Simmons.

Izquierdo, en la orden judicial, dijo: “No todas las colocaciones pueden o tienen que estar en una zona acomodada a escasos minutos de los mejores hospitales o escuelas. El objetivo claro de la ley es garantizar que el niño o los niños tengan acceso a los servicios que necesitan para atender sus necesidades médicas, educativas y emocionales”.

Los documentos del tribunal señalan que la decisión de colocar al niño con la abuela materna parte del deseo de la madre. El tribunal también señala que la madre padece graves problemas mentales y vive en un albergue para indigentes.

“Si se trata de averiguar el interés superior de un niño, hay que mirar todos los hogares”, dijo Simmons, añadiendo que las necesidades de salud del niño pudieran ser difíciles de abordar en Haití, dada la agitación actual y la lejanía del hogar de la abuela.

Simmons dijo que no tiene problemas con la abuela materna de Ector ni con el hijo en el que se apoya. “Son personas muy amables conmigo. No son ellos como seres humanos, sino la situación a la que le están enviando” lo que le preocupa.

Wilentz, que ha pasado los dos últimos años luchando por proporcionar atención médica a los niños en su organización sin ánimo de lucro Cardiac Alliance, dijo que no puede imaginarse enviar a un niño a Haití en las circunstancias actuales. Las pandillas han lanzado ataques mortales contra los barrios, forzando el desplazamiento de decenas de miles de personas y bloqueando las vías de acceso críticas para salir de la capital.

Mientras tanto, las protestas antigubernamentales en todo el país han provocado el saqueo de almacenes de Naciones Unidas y de organizaciones benéficas en las afueras de Puerto Príncipe. La ONU ha pedido a Estados Unidos y a otros países que detengan todas las deportaciones debido a la grave crisis humanitaria.

Muchos hospitales han cerrado o reducido sus servicios, y el único hospital infantil de Haití, el Hospital Pediátrico San Damián, situado en Tabarre, no lejos de la Embajada de Estados Unidos, vio cómo sus médicos eran secuestrados.

“El acceso a la atención cardíaca, incluso en los mejores tiempos, ha sido extremadamente difícil”, dijo Wilentz. “Ahora mismo, solo atravesar las barricadas ... es increíblemente difícil; conseguir una atención cardíaca adecuada en Haití es casi nulo”.

El destino de Ector depende ahora del juez de distrito Raag Singhal de Fort Lauderdale, a quien se le ha pedido que haga lo que las autoridades estatales se niegan a hacer: permitir que el niño permanezca en el país donde nació.

El jueves, los abogados de los padres adoptivos pidieron una suspensión para evitar que el bebé sea enviado a Haití. A Tamara Simmons le preocupa que los trabajadores de bienestar infantil no esperen a la resolución de la demanda federal.

Ector, “como ciudadano estadounidense, goza de ciertas protecciones que le garantiza la Constitución de Estados Unidos”, escribieron los abogados de los padres de acogida en su demanda ante el juez federal. “Estas incluyen su derecho ... a permanecer sano y salvo con sus figuras parentales en Estados Unidos ... en lugar de ser enviado a vivir en la pobreza y el caos con una abuela a quien no conoce”.

Incluso antes de la crisis más reciente, Estados Unidos reconocía que las condiciones eran tan peligrosas en Haití que los haitianos en Estados Unidos sin estatus legal necesitaban un Estatus de Protección Temporal que les permitiera vivir y trabajar sin miedo a la deportación. Y con el país actualmente clasificado como un riesgo de seguridad de nivel cuatro, se aconseja a los ciudadanos estadounidenses que no viajen “debido a los secuestros, la delincuencia y los disturbios civiles”.

Retirado del cuidado de su madre a los seis días de vida

La odisea de Ector comenzó apenas seis días después de su nacimiento en el Condado Broward, cuando un tribunal lo retiró del cuidado de su madre, una ciudadana estadounidense que carecía de la custodia de sus seis hijos anteriores, y lo colocó con los Simmons, con quienes ha permanecido desde que salió del hospital.

Tres meses más tarde, el DCF solicitó la extinción de la patria potestad de su madre, y el juez Izquierdo dictaminó el 1 de junio que era lo mejor para Ector. Aunque dijo que el DCF pretendía colocar a Ector con su abuela materna, lo que “reuniría al niño con un hermano y lo pondría cerca de su padre”, Izquierdo también citó la adopción en la Florida como objetivo.

En la presentación ante el tribunal federal, los Simmons señalaron que “por razones desconocidas”, el DCF no ha adoptado ninguna medida para poner fin a los derechos parentales del padre “a pesar del abandono evidente”.

Tamara Simmons señala que el juez del tribunal de circuito denegó una solicitud para que se le asignara a Ector su propio abogado privado para representar sus derechos.

“Si se trata de averiguar el interés superior de un niño, se deberían examinar todos los hogares”, dijo.

La ONU adopta medidas contra las pandillas haitianas

El viernes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reconociendo la crisis humanitaria y de seguridad en Haití, votó por unanimidad a favor de sancionar a las pandillas haitianas y a quienes las apoyan financieramente y las arman.

El Consejo también está estudiando una resolución respaldada por Estados Unidos para enviar una fuerza armada especializada que ayude a la policía nacional haitiana a desbloquear las carreteras y los puertos marítimos y la principal terminal de combustible en poder de una poderosa pandilla para que la ayuda humanitaria pueda volver a fluir.

Según la principal agencia de la ONU para el bienestar de la infancia, UNICEF, los disturbios sociales, la violencia de las pandillas y el resurgimiento del cólera han afectado a más de 2.4 millones de niños en Haití.

“Solo en 2022 se han registrado casi mil secuestros, y la inseguridad general sigue impidiendo que millones de niños asistan a clase, aísla barrios enteros y deja a las familias extorsionadas y quemadas en sus propios hogares”, declaró la semana pasada Helen La Lime, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas en Haití, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El reporte que ella presentó en nombre del Secretario General António Guterres describía un panorama aún más sombrío: niños tiroteados indiscriminadamente por las pandillas cuando sus padres intentaban huir del terror, y otros que se convertían en testigos de la violación de sus madres. En algunos casos, las pandillas atacan a niños de tan solo un año.

“La violencia armada vinculada a las pandillas ha tenido consecuencias devastadoras para los niños. Muchos murieron o resultaron heridos en el fuego cruzado mientras estaban en sus casas, en la escuela o en la calle”, dice el informe. “Miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, dejando a cientos de niños separados de sus familias y/o no acompañados”.

El informe también señala que, además de la falta de combustible y agua potable, el hambre va en aumento y se calcula que 5.6 millones de haitianos tienen dificultades para conseguir alimentos. El persistente malestar social dentro y fuera de la capital, según la ONU, está provocando una “persistente desnutrición” entre los niños, especialmente los menores de cinco años.

La editora adjunta de investigaciones del Miami Herald Carol Marbin Miller contribuyó a este artículo.