8M: delitos sexuales contra mujeres persisten pese a alertas por violencia de género en cinco estados de México

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Aunque los estados de Campeche, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco y Quintana Roo cuentan con Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) activas, la atención que dan a las víctimas de violencia sexual presenta “una serie de problemas significativos”, de acuerdo con un análisis elaborado por organizaciones sociales.

Entre esos problemas están: la falta de diligencias inmediatas para la atención de la salud, que el personal de las fiscalías y los hospitales no está sensibilizado ni capacitado en la materia y la poca información pública sobre los casos. 

Campeche, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco y Quintana Roo acumularon 15% de las 15 mil 646 carpetas de investigación por violaciones sexuales en México que se iniciaron en 2022, de acuerdo con el “Diagnóstico sobre la situación de la atención integral a la violencia sexual en cinco estados de la República Mexicana”.

Impunidad, consecuencia de falta de atención a víctimas de violencia sexual

Además, esos cinco estados son ejemplo de las necesidades que persisten en la atención a las víctimas, y que “generan impunidad y ponen en peligro la vida y salud de las mujeres” en todo el país, añade el estudio.

Para evaluar la atención que reciben las víctimas que acuden ante fiscalías u hospitales, el Observatorio Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género, FOS Feminista indagaron cuáles son las carencias o fallas en la investigación de las violaciones sexuales, así como el acceso al aborto legal por violación, mediante solicitudes de información.

delitos sexuales contra mujeres
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Aunque los cinco estados que se estudiaron cuentan con AVGM activas, el estudio encontró que las autoridades locales no han implementado medidas extraordinarias para atender la problemática, y tampoco pudieron comprobar que todo el personal que atiende a las víctimas está capacitado para dar atención integral, que incluya acompañamiento legal y médico, así como el acceso a la interrupción legal del embarazo cuando se solicite por una violación.

Campeche: faltan psicólogos para casos de violencia de género

En Campeche, la AVGM se emitió en noviembre de 2018, por lo que el estado tuvo que implementar acciones para atender los distintos tipos de violencia contra las mujeres, entre ellas la capacitación del personal de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Salud en materia de atención integral a víctimas de las modalidades familiar y sexual.

Sin embargo, la investigación encontró que hay falta de personal para el Programa de Atención a la Violencia de Género del estado, que solo cuenta con funcionarios en 8 de los 13 municipios de Campeche, hay solo 12 psicólogos/as en toda la entidad y no hay protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia sexual.

La Secretaría Estatal de Salud reportó que en 2022 fueron atendidas 5 víctimas por violación sexual, de las cuales una fue una niña menor de 12 años, 2 de entre 13 y 17 años y dos adultas. En los primeros cinco meses de 2023, la dependencia no registró ningún caso.

Las organizaciones expresaron su preocupación ante la diferencia de mujeres atendidas en hospitales por este tipo de agresión, ya que en el mismo periodo de tiempo se iniciaron 164 carpetas por violación sexual y 345 por violación equiparada.

Además de que la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales cuenta solo con 12 funcionarios públicos que brindan atención de las 09:00 a las 17:00 horas, lo que deja en incertidumbre a las denunciantes que acudan en un horario distinto a buscar atención.

Guerrero: violencia sexual afecta más a las mujeres indígenas

Este estado cuenta con dos AVGM, la última de ellas emitida en junio de 2020, sin embargo, de acuerdo con la abogada Neil Arias, pese a estas declaratorias de emergencia persiste la violencia feminicida y sexual, que afecta particularmente a las mujeres indígenas.

La abogada, integrante de la organización Tlachinollan, explicó en conferencia de prensa que en Guerrero persisten las deficiencias para que las mujeres denuncien delitos en su contra, ya que no existen ministerios públicos en los 81 municipios del estado, y en aquellos donde hay no se cuenta con intérpretes que hablen lenguas indígenas, lo que limita el acceso a la justicia de las víctimas.

También expuso que “tenemos un grave problema con la Secretaría de Salud, porque las mujeres o niñas que son víctimas de una agresión sexual deben ir a hospitales para que las revisen, y contamos con pocos centros para todo los municipios, entonces se tienen que trasladar y todos los costos son de ellas”.

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Además, afirmó que aunque en Guerrero se permite la interrpción del embarazo por violación, persiste en los hospiales “mucha indolencia e insensibilidad para la atención de los casos, no ha quedado claro en las capacitaciones que es una medida obligatoria”, aunque aún con las barreras para el acceso a estos servicios se registraron 16 casos de mujeres que solicitaron abortar en 2022 en hospitales del estado.

Acerca de este estado, el diagnóstico concluyó que “queda en la incertudumbre la atención real que pueden recibir las mujeres víctimas de violación, a lo que se agrega el desconocimiento que puede tener el personal que atiende estos casos”, y “tampoco se cuenta con información exacta de la existencia de una red hospitalaria que tenga el servicio que aplique la NOM 046 y procedimientos de interrupción del embarazo, lo que transgrede el derecho de las víctimas a acceder a la atención pronta y expedita”.

Entre 2019 y 2023, la fiscalía atendió a mil 708 víctimas de violación, siendo el 2022 el año con más registros, con 249 atenciones por violación simple y 190 por la modalidad equiparada.

delitos sexuales contra mujeres
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ciudad de México: falta evidencia sobre capacitación a funcionarios que atienden solicitudes de aborto

En el caso de la capital del país, organizaciones sociales solicitaron la activación de una AVGM en septiembre de 2017, misma que fue negada por las autoridades de la Ciudad de México, que finalmente emitieron una Declaratoria de Violencia contra las Mujeres, que incluyó cinco medidas para la atención de las agresiones de índole sexual.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó que en 2022 fueron abiertas carpetas de investigación por 2 mil 104 mujeres víctimas de violación sexual, entre ellas 189 menores de 12 años, 456 de entrre 13 y 17 años, mil 191 afultas y 286 cuya edad no se especificó. En 2023 atendieron a mil 167 agredidas, de ellas 138 fueron menores de 12 años, 328 de entre 13 y 17, 635 adultas y 66 son especificar.

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Sobre el acceso a la interrupción del embarazo por haber sido víctimas de violación, la Secretaría de Salud de la capital informó que en 2022 fueron atendidas 97 víctimas de este delito, y 32 de ellas pidieron apoyo para practicarse un aborto.

Aunque la Ciudad de México es la entidad donde se aprobó primero la interrupción legal del embarazo, el análisis encontró que no hay evidencia de que el personal que labora en las clínicas donde se practica cuenten con capacitación actualizada sobre la NOM-046 (que permite el aborto en casos de violación y obliga a las instituciones de salud a garantizar ese derecho), correspondiente a la atención de solicitantes.

Con la información que le fue proporcionada a las organizaciones, estas encontraron que hay una deficiente coordinación institucional entre las dependencias que atienden a las mujeres víctimas de violencia sexual, que ha influido en que se mantenga el aumento de carpetas de investigación por violación, que pasaron de mil 449 en 2019 a 2 mil 525 en 2022.

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Jalisco: capacitación incompleta en atención a víctimas

En noviembre de 2018, en Jalisco se emitió una AVGM, sin embargo, a la fecha el estado reporta capacitaciones incompletas de los funcionarios relacionados con la atención de víctimas, y se desconoce a cuántas mujeres ha llegado la información que existe sobre la NOM-046 y la violencia sexual que el estado debió difundir como parte de las medidas por la declaratoria de emergencia.

El estado tampoco presentó información que compruebe que cuenta con el equipo interdisciplinario para atender a las víctimas de violencia sexual, así como la suficiencia de recursos materiales y humanos.

El número de denuncias presentadas en la fiscalía del estado fue de 526 carpetas de investigación por violación en 2022 y 242 en 2023.

En cuanto a las mujeres que acudieron a hospitales por haber sido víctimas de violación, se reportaron 32 casos en 2022, de ellas una niña menor de 12 años, 12 adolescentes de entre 13 y 17 años y 19 adultas. Para 2023 se atendieron otras 32 agresiones, de ellas 3 de menores de 12 años, 10 de entre 13 y 17 años y 19 de mayores de edad. Todas ellas requirieron interrupción legal del embarazo.

Sobre este servicio, las organizaciones señalaron que solo siete hospitales del estado practican interrupciones del embarazo, en Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Colotlán, Guadalajara y Puerto Vallarta, es decir, únicamente en las principales ciudades del estado, lo que limita el acceso para las mujeres que habiten en municipios alejados.

Quintana Roo: falta acciones para atender a víctimas de violencia sexual

Esta entidad cuenta con una AVGM desde diciembre de 2015, que entre las medidas de prevención y de justicia estableció la obligación de atender e investigar los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, sin embargo, la evaluación realizada por las organizaciones encontró que no hay acciones dirigidas para atender la violencia sexual, ni queda claro qué protocolo utilizan las autoridades para la investigación de este tipo de delitos.

Los datos proporcionados por la Secretaría de Salud del estado señalan que en 2022, los hospitales públicos atendieron a 797 mujeres víctimas de violación, 113 de ellas menores de 11 años, 446 de entre 12 y 17 años y 238 adultas; para 2023 se atendieron 443, de las cuales 42 tenían menos de 11 años, 208 entre 13 y 17 años y 193 adultas, pero en ninguno de los casos se registró que solicitaran interrupción del embarazo, lo que resulta preocupante para las activistas, dado que en el estado el aborto está permitido por esta causa.

En este estado, el número de atenciones en hospitales a víctimas de violación es mayor que el número de carpetas de investigación iniciadas, que en 2022 fue de 792 y en 2023 de 329, lo que refleja la desconfianza de las víctimas en las instituciones de justicia, porque en muchos casos prefieren no denunciar, comentó al respecto Lidia Castillo, activista de Quintana Roo.

Para las organizaciónes que realizaron el análisis, el incumplimiento de las autoridades a lo establecido en cuanto a la atención de víctimas de violencia sexual tiende, por un lado, a invisibilizar el problema, y por otro lado, a normalizar este tipo de agresiones, por lo que instó a las autoridades a garantizar todas las acciones par proteger a las mujeres y niñas.

Las recomendaciones

Ante las deficiencias encontradas en la atención a víctimas de violación en los cinco estados, las organizaciones recomendaron a las distintas autoridades responsables que se comprometan a completar la capacitación para su personal en la materia, y que esta considere los contextos multiculturales de cada entidad.

También pidieron que se garantice la universalidad del servicio de interrupción legal del embarazo por violación en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, así como de los sistemas del IMSS e ISSSTE, y que en todos ellos exista personal especializado para practicar estos procedimientos.

Sobre la atención médica, recomendó que se considere la atención a víctimas de agresiones sexuales como una urgencia de vida y que se brinde información clara y precisa de los pasos a seguir para prevenir y denunciar este tipo de delitos, en español y en las lenguas originarias de cada estado.

María de la Luz Estrada, directora del OCNF, alertó sobre la importancia de exigir información y medidas de atención específicas para atender agresiones sexuales, pues dijo, este tipo de conductas son “la antesala de los feminicidios”, ya que si no son atendidas a tiempo “pueden culminar en una violencia mayor”.

Animal Político documentó que, cada año, desde 2015, el número de carpetas de investigación de delitos relacionados con violencia sexual crece en México, sin que exista una política pública para atender la problemática, y sin que las víctimas que denuncian tengan justicia.

Entre 2015 y 2023, las carpetas de investigación por delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual aumentaron 184% a nivel nacional, al pasar de 31 mil 48 a 89 mil 253 casos reportados cada año ante las fiscalías de los 32 estados. 

Sin embargo, solo en el 1.89% de las carpetas de investigación abiertas por abuso sexual, acoso, hostigamiento sexual y violaciones abiertas entre 2015 y 2021 resultaron en una sentencia condenatoria. En el caso de las violaciones simples y equiparadas, sólamente llegaron a una sanción el 2.96%.