8 de marzo: un recordatorio de que estamos vivas en un país feminicida

Renata, una adolescente de 13 años, soñaba con ser bailarina y poner un refugio para perros de la calle, pero la mataron. Ella vivía con su mamá en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, una de las entidades del país con más feminicidios.

El 29 de noviembre de 2020 fue encontrada en su propia casa, recostada en su cama, con las cobijas encima, la cabeza totalmente encintada y en su cuerpo había signos de violencia.

Karen Martinely Reyes, mamá de Renata, cuenta que ese domingo salió temprano a trabajar, la dejó dormida y más tarde ella se iría a la casa de sus abuelos –que estaba a una cuadra y media de la suya− a almorzar y pasar el día, pero nunca llegó.

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Sus abuelos fueron a su casa a buscarla. Nadie abrió. Marcaron a su mamá, pero su celular se quedó sin batería. Cuando Karen regresó del trabajo, su familia le dijo que no habían visto a Renata. Ella se alertó, se dirigieron a su casa y al entrar no la vieron, se acercaron al bulto de cobijas, las quitaron y ahí estaba.

A Renata la mataron en el lugar que debería estar segura: su casa. Los vecinos dicen que no vieron ni escucharon nada.

Su mamá relata que se publicaron versiones falsas de que la habían hallado colgada de una viga. Y el grito que se ha vuelto común en protestas y manifestaciones se repite: “No fue suicidio, fue feminicidio”.

A tres meses de su asesinato no hay responsable de su muerte ni sospechoso, y se desconoce cuál es la línea de investigación de las autoridades.

Karen Martinely sospecha de la expareja con la que vivió durante cinco años. Ella presentó cinco meses antes una denuncia en su contra en la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS), por acoso contra su hija. No hubo seguimiento de las autoridades y ni siquiera lo citaron a declarar.

Renata se dio cuenta que él la grabó con su celular mientras se bañaba, le dijo a su mamá, lo denunció y se separaron.

“Llevé el video, la mandaron a declarar y hasta ahí. Yo también pedí medidas de protección porque su familia no quería que sacara mis cosas y tenía mucho miedo (…) Pensé que había hecho las cosas a tiempo, lo correspondiente”.

Tras el feminicidio, su casa estuvo vigilada las 24 horas, aunque sin previo aviso esta medida ya se le retiró. Su última reunión con la fiscal fue en diciembre y no se le ha notificado algún avance.

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“Estoy muy arrepentida por haberme ido ese día, como hubiera querido que ese día se me hubiera hecho tarde, no haber tenido esa presión económica de tener que salir a conseguir otro trabajo”, se lamenta Karen, quien tenía un negocio de comida, pero ante las bajas ventas por la pandemia, el dinero ya no era suficiente.

Karen dice sentir mucho miedo porque el asesino de su hija está libre, aunque también se siente cobijada por mujeres, que sin conocerla, se han acercado a ella para brindarle todo su apoyo y la han acompañado para exigir justicia.

En redes sociales se usó el hastag #JusticiaParaRenata para exigir que su caso no quede impune. Su mamá la recuerda como una niña muy alegre y noble que quería ayudar a todos y siempre le preocupaba la gente en situación de calle. El baile era su pasión, tomaba clases de jazz y su sueño era convertirse en una gran bailarina.

“Ella es y seguirá siendo lo más importante de mi vida, qué más quisiera estar con ella porque ahorita mi vida no tiene sentido. Sabe que la amo y que me disculpe si lo que estamos haciendo aún no es lo suficiente, pero que no vamos a descansar. No sé si mañana, pasado o en unos meses o tarde. Uno, dos o tres años, el tiempo que me tenga que tardar para conseguir que esta persona le hizo daño pague, lo voy hacer”, asegura la mamá de Renata.

El Estado de México, donde vivía Renata, cuenta con dos alertas de género: una por feminicidio y la otra por desapariciones, pese a ello, estos delitos no han parado. En 2020 fue la entidad con más feminicidios de todo el país, con 150 víctimas.

Tan solo en enero de este año ya se abrieron 67 carpetas de investigación por feminicidio en el país. El Edomex encabeza la lista con 12 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con la abogada penalista, defensora de género y de derechos humanos, Ana Katiria Suárez, la situación es más alarmante de lo que parece, pues “tan solo el año pasado se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres, por lo menos 10 cada día, de las cuales solo 914 fueron tipificadas como feminicidio”.

“¿Qué nos dice esta cifra? Que continúa la perpetuación de la violencia institucional para la correcta tipificación de las conductas, la falta de capacitación y sensibilización de los servidores públicos que integran las Fiscalías del país, y sobre todo que siguen siendo cifras que a nadie le importan más que a nosotras cuando salimos a la calle, cuando tenemos miedo de ser un número más”, señala la abogada.

Daños y pérdidas irreparables

El último día que Lorena Gutiérrez vio a su hija Fátima fue el 5 de febrero de 2015, cuando se fue de casa a la secundaria, en Santa María Zolotepec, Estado de México.

De regreso de la escuela, Fátima, de 12 años, fue interceptada por tres de sus vecinos, quienes la torturaron, la violaron, la asesinaron y enterraron su cuerpo en una zanja, donde fue hallada por su madre y su hermano menor, Daniel.

Lorena lleva seis años buscando justicia, pues uno de los tres agresores -que fueron entregados a las autoridades el mismo día del feminicidio- había sido dejado en libertad y actualmente continúa sin ser sentenciado. Desde entonces también vive desplazada, pues ella y sus hijos comenzaron a recibir amenazas de muerte. Tuvo que dejar su casa en el Estado de México para vivir “oculta” en Nuevo León.

“Llevamos seis años en este caminar, en esperar que se dé una solución al caso de Fátima, pero el desplazamiento ha sido algo que nos ha perjudicado demasiado, ha sido muy revictimizante y de muchas pérdidas, porque se han violentado muchísimo nuestros derechos. Ha habido pérdidas irreparables”, cuenta.

Daniel, su hijo menor, falleció hace tres meses. Lorena acusa que su muerte fue provocada por la falta de acceso a servicios de salud que viven debido a su estado de desplazamiento forzado y señala que sus problemas de salud fueron producto del estrés y la depresión que sufrió los años siguientes al asesinato de Fátima.

“Tenía 10 años cuando encontró asesinada a su hermana en esa zanja. La manera en la que la mataron, la revictimización, las amenazas de muerte, el haber sido desplazado… poco a poco fue minando su salud física y mental. Él tenía nulo acceso al sistema de salud. Su muerte fue por omisión e indolencia, porque le negaron el acceso al sistema de salud, la Comisión de Víctimas no garantizó su salud, y ese es un derecho que ningún niño debe padecer en México, menos siendo una víctima”, lamenta.

Para Lorena, Daniel es una víctima colateral del feminicidio de Fátima, y ahora que sus dos hijos han fallecido, dice que su único objetivo es encontrar verdad y justicia en ambos casos.

También debe pensar qué hará en cuanto liberen a uno de los dos agresores de Fátima que fueron sentenciados, pues cometió los delitos de violación y feminicidio siendo menor de edad y está próxima a cumplirse su condena.

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“Daniel debería estar aquí conmigo, dándome fuerzas y aliento para seguir, pero él, dondequiera que esté con Fátima, saben que mientras yo tenga fuerzas no me voy a rendir. Espero que esto deje de pasar y que las mujeres podamos vivir sin miedo y tener la seguridad de que vamos a salir y regresar a nuestra casa, de que nuestros hijos… bueno, en mi caso ya no, porque ya terminaron con mis bebés, pero ojalá que las mujeres tengan seguridad”.

Pese a que en los últimos años el Congreso federal y 13 congresos estatales han reformado sus códigos penales para agravar las penas por feminicidio, en los hechos solo 3 de cada 100 asesinatos son esclarecidos y llegan a una condena.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2015 a 2018 fueron asesinadas en México 12 mil 378 mujeres, pero en el mismo lapso solo se dictaron 407 sentencias condenatorias, que equivalen apenas al 3.2% de todos los casos.

En el mismo periodo de tiempo, los asesinatos de mujeres crecieron 57%, y los datos oficiales muestran que las entidades con mayor cantidad son precisamente las que tienen penas más altas de feminicidio: Estado de México, Chihuahua y Guanajuato.

La indiferencia ante llamadas de auxilio

Mariana Sánchez Dávalos, joven pasante de medicina asesinada en Chiapas, denunció que un médico de la clínica donde hacía su servicio social la acosaba y entraba borracho a su cuarto. La ignoraron. Fue hallada muerta el 28 de enero de este año en su habitación.

La respuesta de las autoridades −a pesar de que ya había más quejas contra él −fue ofrecerle unos tamales y darle unos días de descanso porque estaba “muy estresada”.

La madre de Mariana, Lourdes Dávalos, cuenta que desde que su hija llegó a la clínica de Nueva Palestina, en Ocosingo, pidió su cambio, pues le parecía una zona insegura, pero su solicitud no fue atendida por la Universidad Autónoma de Chiapas.

“Ella no quería quedarse en este lugar. No conocía a nadie y el cuarto donde estuvo estaba prácticamente a la intemperie, abría la puerta y estaba el monte. Los sanitarios estaban alejados del cuarto, tenía que caminar varios metros para llegar a un baño que no tenía ni puerta y se compartía con hombres, con todos. No tenía cama, mesa, sillas, nada”, dice.

Aunque tenía poca comunicación con su mamá debido a la falta de internet en la comunidad, Mariana le contó que un compañero de trabajo la acosaba, y tal mal estaba la situación que había presentado su renuncia.

“Me dijo ‘mamá, mamá, estaba aguantando pero ya no, ya no aguanto, ya renuncié”’. La convencieron de quedarse asegurándole que harían algo, pero al hombre solo lo cambiaron de turno. Siguió pasando, se siguió quejando. La respuesta a sus llamadas de auxilio solo fueron indiferencia.

“Yo digo que si se truncaron los sueños de mi hija, que por lo menos tenga fruto todo lo que pasó Mariana y sufrió. Que sirva para que haya mejores condiciones en las que trabajan los médicos y pasantes, que sean dignas, que haya una limpieza tanto en la universidad y en las instituciones, que la escoria salga”, señala.

#JusticiaParaMariana: Hallan muerta a pasante de medicina que hacía su servicio social en Chiapas

A la señora Lourdes nadie le explicó qué pasó con Mariana. De Saltillo, donde trabajaba, viajó a Chiapas con muchas dudas y las autoridades hicieron muchas cosas sin su consentimiento, como agilizar su incineración cuando tenía que haber de por medio una investigación para aclarar su muerte.

“Alcancé a estar con ella durante 20 minutos. Cuando salimos de la funeraria pensé que podía darle el último adiós a mi hija, pero la carroza se fue demasiado rápido, cuando llegué donde me dijeron que estaba ya la habían metido al crematorio. No me permitieron ni siquiera darle un último adiós”.

Después se enteró que un familiar autorizó la incineración por desconocimiento. “El Ministerio Público fue el que dijo que se tenía que cremar y todo fue demasiado rápido”.

La Fiscalía del estado reabrió la carpeta de investigación como posible feminicidio, pues en su primer informe había dicho que Mariana se había suicidado. Su mamá tuvo que poner un amparo para que las autoridades le entregaran la carpeta de investigación.

Según la necropsia de ley, la causa de su muerte de la joven de 25 años fue por “asfixia mecánica secundaria”. Lourdes solicitó a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso de Mariana al considerar que hay “irregularidades y omisiones” en la investigación.

Analí “N”, directora de la clínica en la que Mariana prestaba su servicio social, fue detenida “por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad” en agravio de la pasante de medicina.

Además, un juez de control vinculó a proceso al médico Fernando “N”, como probable responsable del delito de hostigamiento sexual en contra de Mariana.

En 2020, en México se abrieron 5 mil 597carpetas de investigación por el delito de acoso sexual. Tan solo en enero de este año ya contabilizan 411. Chiapas registró el año pasado 28 carpetas de investigación por feminicidio.

Lourdes Dávalos recuerda a su única hija como una joven muy risueña, sencilla, con muchos amigos. Le encantaba ir al gimnasio, la música, tenía habilidades para el dibujo y le apasionaba su profesión. Estaba en trámites para titularse y quería hacer una especialidad en pediatría, pues le gustaban mucho los niños.

Su madre solo pide saber qué pasó y que se haga justicia.

“Ella me está impulsando a ser lo que yo pueda hasta las últimas consecuencias, yo estoy hablando por ella, soy su portavoz, recordando todo, cuando le dieron la espalda, desde cuando se presentó a pedir que le dieran su cambio, que la reubicaran. La ignoraron con total indiferencia. Los que le dieron la espalda, todo lo que le hicieron ahora la van a escuchar, yo hablo por ella. Ella es mi fuerza, ella es mi motor y lo seguirá siendo mientras yo viva”.

Este panorama muestra que en México la perpetuación de la violencia de género es sistemática, de acuerdo con Ana Katiria Suárez.

Por ello, “este 8 de marzo no podemos felicitar a nadie, es un recordatorio para saber que si estamos levantando la voz es que solo el día de hoy seguimos vivas en este país feminicida, podemos dar una entrevista, ir a una marcha, rayar una pared o exigir al presidente que voltee a ver la gravedad de los feminicidios… es solo porque en este instante estamos vivas, mañana no sé”.

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