41 trabajadores firman carta para que se investigue al director de Culturas Populares por violencia de género y corrupción

Un grupo trabajadores y excolaboradores de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU) entregó una carta con 41 firmas al Comité de Ética de la Secretaría de Cultura federal, para exigir la investigación de actos de hostigamiento laboral, violencia de género y corrupción presuntamente cometidos por Jesús Antonio Rodríguez, “Frino”, titular de esta área.

En la misiva, recibida por el Comité de Ética este jueves, los firmantes acusan que “es común que en la relación laboral cotidiana, el C. Jesús Antonio Rodríguez Aguirre se conduzca de manera selectiva con amenazas, burlas y trato despectivo, especialmente con las mujeres”.

Afirmaron que “en su forma de proceder también son frecuentes la intimidación, la falta de claridad en las instrucciones que emite, las contraindicaciones a sus propias solicitudes, el hostigamiento sistémico y el despilfarro de recursos”.

Según las personas que presentaron el documento ante la Secretaría de Cultura, las actitudes del titular de la DGCPIU han provocado desajustes en las dinámicas de trabajo, ya que cuando le han señalado que se conduce de manera violenta ha contratado a personas que dupliquen las funciones de sus críticos, y en algunos casos se les ha dejado de renovar el contrato.

Animal Político consultó a la Secretaría de Cultura sobre las acciones que se tomarán ante las denuncias presentadas, a lo que la dependencia respondió que estas serán procesadas mediante los canales institucionales establecidos para ello, ya que “rechazamos tajantemente todo tipo de conducta que implique acoso, discriminación o exclusión de cualquier tipo”.

Sin embargo, hasta el momento Cultura no ha informado si Rodríguez Aguirre permanecerá en el cargo mientras se desahogan las investigaciones.

De acuerdo con los testimonios de funcionarias firmantes de la misiva, el hecho que motivó a 41 trabajadores a organizarse para ir ante el Comité de Ética fue que el pasado 3 de octubre se le informó a una directora de área que su contrato no fue renovado, acto que consideran como represalia porque esta había expresado a Rodríguez Aguirre su desacuerdo con la forma en la que trataba a algunos de sus subordinados.

En entrevista con el medio, la funcionaria cuyo contrato no se renovó, comentó que en la DGCPIU “hemos vivido desde años acoso laboral, que en muchos casos —como el mío— ha cancelado la oportunidad y el derecho al trabajo de los trabajadores, con despidos que se encubren como rescisión o no renovación de contratos”.

En su caso, señaló que “empezó a quitarme personal, teniendo varios proyectos en curso de gran responsabilidad, y después exigía o reclamaba cosas que eran absurdas o no eran ciertas, pero todo empeoró cuando vi cómo maltrataba a otras compañeras e intervine diciendo que eso no era posible”.

“Ojalá esta denuncia de los 41 colaboradores y colaboradoras que valientemente han hecho sirva de algo para cambiar lo que está sucediendo. Yo ya no tengo nada que perder, ya me despidieron, pero espero que a futuro algo sea distinto, que no ocurra como anteriormente, que ya tenían conocimiento de algunas denuncias”, pero desde su experiencia nada cambió, solo empeoró.

El director de Culturas Populares ya había sido denunciado

En marzo pasado, Animal Político informó que al menos siete trabajadoras denunciaron tratos violentos en el espacio de trabajo por parte del director, particularmente contra mujeres, lo que en algunos casos llevó a que las colaboradoras renunciaran a su puesto.

Al respecto, la Secretaría de Cultura informó que se estaban investigando tres quejas, y remarcó que en la institución tienen una política de “cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus modalidades”. Aunque, de acuerdo con las denunciantes, las situaciones que motivaron sus denuncias continuaron, e incluso recibieron amenazas virtuales por haber procedido contra el director.

Animal Político tuvo acceso al correo electrónico en el que de manera anónima se amenazó a las denunciantes del funcionario, texto en el que se lee: “Nadie las va a ayudar, a Frino nadie lo quita, lo mejor para ustedes es que renuncien esta misma semana o tendrán que atenerse a las consecuencias”.

El correo electrónico, con asunto “Tómenlo en serio”, menciona a las denunciantes que “no saben con quién se están metiendo”, que “están solas y nadie va a jugarse su chamba por ayudarlas” y les advierte que tienen sus nombres —aunque debieron permanecer anónimas para el acusado— y sus direcciones.

Las denunciantes afirman que a partir de que ingresaron su queja dejaron de tomarlas en cuenta para el desempeño de las funciones que corresponden a sus puestos, les interpusieron diversas quejas infundadas en investigaciones laborales y en uno de los casos se determinó que la trabajadora afectada tenía que cambiar de área laboral.

La funcionaria que fue movida a otra área por la queja que interpuso explicó que el cambio se dio el pasado 15 de septiembre, luego de que acudió ante el Comité de Ética para manifestar “que yo ya no podía con la situación de provocaciones constantes y violencia, entonces se determinó que se quedara el violentador y me llevaran a mí por quejosa a otra dirección”.

“Yo quiero trabajar, necesito trabajar, y no soy la única que tiene necesidades, entonces no podemos seguir permitiendo que un señor siga ahuyentando a la gente con sus actitudes violentas, nuestra carta con 41 firmas es una manera de mostrarle a él y a la Secretaría que no vamos a callarnos y seguiremos luchando porque nuestro espacio laboral sea un lugar tranquilo y sin maltratos”, comentó en entrevista.

Otra de las firmantes —quien interpuso su queja desde marzo pasado— contó que a partir de estas denuncias se detuvo por un tiempo la actitud violenta del director, pero al poco tiempo dejó de asignarle trabajo, es decir, la hizo a un lado, además de que “comenzó a canalizar su furia hacia otras personas, porque él es así, violento, pasivo agresivo, burlón, y es cosa de todos los días”.

En su caso, dijo que “ha sido muy desgastante este  proceso, el venir a la oficina me produce ataques de ansiedad”, por lo que incluso está considerando renunciar “para cuidar mi salud mental y emocional, afortunadamente tengo otros ingresos, pero me preocupan mis compañeras, es injusto que para conservar nuestro trabajo y nuestro salario tengamos que aguantar”.

Las mujeres entrevistadas anunciaron que en los próximos días acudirán ante el Comité de Ética para proporcionar evidencias con las que cuentan sobre las conductas violentas del titular de la DGCPIU, y se mantendrán pendientes de las determinaciones que tome la Secretaría de Cultura.