2018, el año que podría ser aún más mortal para los periodistas en México

Por: Dainerys Machado

Este mes de noviembre se cumplen seis meses desde el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez. El autor de laureadas investigaciones como Narco periodismo (2016), Huérfanos del narco (2015) y Con una granada en la boca (2014) fue baleado el 15 de mayo de 2017, después de salir del semanario Ríodoce, que había fundado hacía una década y media en Culiacán, Sinaloa.

Parecía que su nombre, reconocido internacionalmente, y la airada reacción que organismos no gubernamentales y sociedad civil tuvieron ante su asesinato iban a detener los atentados en contra del gremio en México. Pero no fue así. Tres días después, el 18 de mayo, fue secuestrado Salvador Adame Prado, propietario de un canal de televisión local en Michoacán, un estado ubicado a 365 kilómetros al oeste de la capital mexicana. El 26 de junio, el cuerpo de Adame se encontró calcinado. Hasta la fecha, ningún culpable ha sido juzgado por estos crímenes.

Lamentablemente, los nombres de Valdez y Adame se convirtieron en parte de una larga lista de comunicadores asesinados en el país, que suman once en lo que va de año. La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que de los 130 homicidios perpetrados desde el 2000 hasta la fecha, 38 han ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Más terrible aún es que, cuando se pregunta a los periodistas mexicanos sobre estas estadísticas, aseguran que empeorarán en los próximos meses, rumbo a las elecciones presidenciales que vivirá el país en julio de 2018.

Jaime Brito, corresponsal de la revista Proceso en el Estado de Morelos, comenta: “siempre en diciembre hay un exacerbamiento de la violencia en el país, que este año, con la cercanía de la elección, puede ser aún peor. Esto por la polarización entre los grupos políticos”.

Con más de 20 años en el ejercicio del periodismo, Brito ha visto cómo el gobierno del Estado de Morelos cerró dos noticieros de radio que él dirigía y metió en una crisis económica sin salida a La Jornada Morelos, donde había sido editor por diez años. A la desaparición definitiva de esos tres espacios, Brito suma las amenazas contra su vida que sufrió, precisamente durante las elecciones intermedias que se celebraron en México en 2015.

En la actualidad, se encuentra en un programa de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, creado por la Secretaría de Gobernación federal. Desde sus experiencias y temores reconoce, sin embargo, que ninguna medida es suficiente cuando se mantienen tan altos los niveles de impunidad relacionados con los crímenes en contra de comunicadores.

“Estamos frente a los peores meses, los que vienen, de aquí a julio (de 2018) serán muy complicados en esa materia. Aquí mismo en Morelos, corresponsales y periodistas estamos tratando de establecer diálogo con funcionarios del Gobierno, para alertarlos de la necesidad de establecer medidas de seguridad, protocolos y demás para el tiempo de las elecciones”, cuenta Brito.

Asegura que las instancias federales y estatales conocen de estas amenazas. Pero insiste en que las medidas que implementan son a veces inútiles porque muchas veces los representantes políticos son parte del problema.

“Durante las elecciones los roces entre la prensa y los equipos de campañas, entre la prensa y los propios candidatos de partidos políticos y sus equipos de seguridad son mucho más fuertes de lo que suelen ser. Por eso estamos tratando de construir, a partir de nuestra propia experiencia un protocolo de seguridad mínimo”, afirma el corresponsal de Proceso.

Este protocolo consiste, entre otras medidas, en realizar coberturas a noticias en grupos de trabajo y en mantenerse constantemente comunicados con otros colegas o familiares. Pero estas son estrategias a mínima escala, que compiten con otras muchas dificultades económicas y políticas para ejercer el periodismo en México.

A más de 500 kilómetros de Morelos y de las preocupaciones de Jaime Brito, el experimentado periodista Jorge Saldaña tiene opiniones similares sobre el asunto. Saldaña es director del medio La Orquesta, en San Luis Potosí. Su proyecto, que nació como un semanario, es en el presente un diario con una plataforma web en franco crecimiento. Saldaña lleva 18 años en el oficio y asegura que “no existe una estrategia desde el gremio para enfrentar este escenario de violencia”.

El potosino no pone en duda la solidaridad de todos los medios de comunicación cuando ocurre una tragedia, pero lamenta que esa solidaridad “no pasa de la denuncia. Desde mi experiencia, tras el primer golpe de buenas intenciones siempre viene la desbandada por temor a que un liderazgo lucre con la representatividad del resto de los medios. Los medios históricamente no toleramos que ningún otro compañero tome un liderazgo. ‘Nos van a vender’, se piensa y con ello terminan las iniciativas de colegios y asociaciones”.

Saldaña habla desde una experiencia cercana. El pasado 6 de octubre, el joven fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, colaborador de varios medios de prensa en San Luis Potosí, fue sacado a la fuerza de su vivienda por hombres que usaban uniformes de policía. Al día siguiente, su cuerpo apareció sin vida y con señales de tortura. Tampoco hay culpables detenidos por este caso.

Es el primer asesinato de un periodista ocurrido en el estado, asegura Saldaña. Y ahonda en sus significados y lecciones: “El gremio exigió en un primer momento atención de las autoridades. Se logró activar protocolos de protección, sin embargo, después no hubo más que penosos intentos de extorsión a la autoridad, aprovechando con vileza la ocasión para obtener prebendas y beneficios. Un asco desde mi punto de vista. Mientras esto ocurra y se repita, será más alto nuestro riesgo”.

Una semana y media después del asesinato de Esqueda Castro, la periodista y locutora radial Cecilia Méndez fue baleada en Jalisco, estado cercano a San Luis Potosí. La comunicadora sobrevivió al ataque, pero, hasta la fecha, continúa bajo cuidados médicos.

Para Jordy Meléndez, fundador y director de Distintas Latitudes, plataforma digital de información y análisis sobre América Latina y de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, las distancias son importantes para entender este fenómeno de la violencia: “México es un país con distancias enormes en términos geográficos y simbólicos. Prácticamente no hay lazos entre periodistas de Tijuana con los de Oaxaca, ni los de Tamaulipas con los de Chiapas”.

Meléndez se refiere también a trechos simbólicos porque “una cosa es un medio grande en la Ciudad de México y otra cosa muy distinta son las miles de pequeñas organizaciones periodísticas que existen y subsisten en los estados. Las distancias entre el periodista que sale en televisión nacional y gana millones de pesos al mes y el periodista del diario del municipio perdido en Guerrero son absolutamente abismales”.

La falta de institucionalidad para la protección periodística es algo que también preocupa a Meléndez: “no hay una asociación nacional de periodistas que cuente con un respaldo y una legitimidad generales, sino pequeños grupos que trabajan temas afines o por zonas o regiones. Creo también que las grandes empresas de radio y televisión en México concentran tanto poder y tantos espacios de influencia que prefieren que no exista una asociación o coordinación real entre pares, entre colegas”.

Las estadísticas le dan la razón. Sólo dos nombres en la larga lista de periodistas asesinados en el último año han hecho saltar las alarmas del periodismo nacional: el del conocido Javier Valdez, y el de la corresponsal de la revista Proceso en el estado de Chihuaha, Miroslava Breach, asesinada en marzo pasado. Esto no significa que los periodistas más reconocidos estén a salvo de presiones o amenazas en su contra. Pero ciertamente, los riesgos son mayores para quienes trabajan fuera de la Ciudad de México, alejados del centro del poder.

Para Brito esto se debe a que son los corresponsales o comunicadores locales quienes se encargan, con el trabajo diario, de hacer evidente “las relaciones entre los grupos de la delincuencia organizada y los grupos de poder estatal en general. Es en los estados, donde los periodistas revelan esas complicidades, las hacen públicas. Y es allí también donde los grupos que se sienten vulnerados reaccionan de manera cada vez más descarnada en contra de la prensa”.

El caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso por robos multimillonarios y
abuso de poder, así como el hallazgo de fosas clandestinas mantenidas por el Gobierno de Graco
Ramírez en Morelos, son algunos de los casos que demuestran en el último año cómo se hacen cada vez más imprecisos los límites entre el llamado “crimen organizado” y los grupos de poder político.

Para Jorge Saldaña estos borrosos márgenes han hecho que el periodismo cruce el umbral de ser una profesión peligrosa para ser una mortal. “A los políticos corruptos y a los integrantes de los grupos del crimen organizado, y en muchas ocasiones grupos híbridos de estas dos castas, les parece lo más sencillo del mundo atentar contra los medios de comunicación y sus integrantes porque saben que no serán castigados y porque es el método más rápido de generar miedo entre el resto del gremio para callar las historias que los exhiben”, afirma.

Ante esta realidad, Jaime Brito lamenta que “exista un sentido de gremio solo en torno a la tragedia. Cuando hay un asesinato, una amenaza, todos brincamos y la indignación nos da para una asamblea, para una marcha; pero nada más”.

La precariedad con que trabajan muchos periodistas en México es también un problema recurrente. La inexistencia de un sistema económico que fomente o proteja el trabajo de investigación ha dado a luz a otro fantasma que perjudica la veracidad de los medios de prensa: el chayote.

Los periodistas en México son acusados de “chayoteros”, denominación despectiva que se usa para deslegitimar a quien acepta dinero de alguna instancia gubernamental y tiene que responder luego a intereses editoriales específicos.

Saldaña asegura que “la acusación es histórica” y que se produce cada vez que un medio de comunicación critica a una institución o personaje. Pero el director de La Orquesta asegura que “lo que no se vale es que el prejuicio se use como pretexto para asesinar periodistas. Hay chayoteros, sí. Hay honestos, también. Pero ni a unos ni a otros hay que matarlos. La audiencia sabrá distinguirlos. Medir a todos con la misma vara y con ello justificar que ‘andan en malos pasos’, o involucrarlos en un asunto turbio es un exceso que incrementa el riesgo de nuestra labor”.

El director de La Orquesta insiste en que la violencia contra los periodistas se ha exacerbado también debido al nuevo contexto social y tecnológico, que facilita el flujo de información: “Ya no es como antes y las comunicaciones, en días de las redes sociales, son bidireccionales. No podemos esconder nada al público y cualquier imparcialidad es castigada por la audiencia”.

Meléndez es representante de esta nueva realidad, en la que el periodismo profesional y el social cada vez desdibujan más sus límites. Él lleva 7 años trabajando como periodista en la Ciudad de México, donde ha liderados además proyectos de gestión económica y de contenido.

Sobre el nuevo contexto informativo opina que en su país “la prensa tradicional se acostumbró a vivir de la publicidad oficial y a gozar de la cercanía del poder desde la existencia del PRI a mitad del siglo XX. El chayote fue una práctica común, conocida e institucionalizada en prácticamente todos los espacios de la vida pública que tenían o necesitaban algún tipo de atención mediática. La inercia del chayote no cambió ni se acabó con la alternancia en el 2000, cuando por primera vez en 71 años ganó la presidencia un partido distinto al PRI. Peor aún: se hizo más fuerte”.

Para Meléndez el problema está en “la absoluta discrecionalidad con que se ejerce el gasto de publicidad oficial que hace que muchos medios sean premiados por su línea editorial, sin importar si tienen o no audiencias reales, y otros sean castigados y asfixiados financieramente”.

Considera que una salida económica a esta disyuntiva sería “apostar por una estrategia agresiva de diversificación de los ingresos, en donde la publicidad oficial signifique menos del 50% del gasto anual del medio”.

Hugo Ortiz, quien hace quince años es caricaturista de medios impresos y digitales, considera que lo más curioso de estos condicionamientos económicos es que los Artículos 6o. y 7o. de la Constitución Mexicana regulan que la publicidad gubernamental no puede condicionar la libertad de expresión de los medios de prensa.

El artista plástico, oriundo del estado de Guerrero, lamenta que “el sistema sea tan corrupto que los mismos Artículos legales que existen para proteger a los medios, los emplea para someterlos económicamente a sus intereses”.

Ortiz, como Saldaña y Brito, ha sufrido amenazas en su contra. Su historia es la prueba de que no importa en qué lado del proceso periodístico se esté, en México parece no haber comunicadores a salvo. Lo más alarmante de este fenómeno es que la violencia en contra de periodistas es sólo un síntoma de cuánto puede agravarse la situación en un país donde se violan o manipulan los mecanismos de legislación estatales.

Dice Meléndez, citando a la asociación Artículo 19, que “en México más de la mitad de las agresiones a los periodistas vienen directamente de las autoridades o de funcionarios de gobierno. Esto crea pocos incentivos para tener investigaciones expeditas y para profundizar sobre las razones de las agresiones”.