A partir del 1 de enero los floridanos pueden demandar a los gobiernos locales por falta de vivienda para desamparados

A medida que aumentan las tasas de personas sin hogar en todo el país, los residentes de Florida obtienen el 1 de enero la capacidad de exigir a sus gobiernos locales por no hacer cumplir una prohibición estatal de acampar en público.

El proyecto de ley 1365 de la Cámara de Representantes, que prohíbe acampar, entró en vigencia parcialmente en octubre, después de que el gobernador DeSantis lo promulgara en marzo. La ley no afecta a los campamentos recreativos legales ni a las personas que duermen en automóviles estacionados y registrados legalmente.

Con el objetivo de acabar con la falta de vivienda, la ley obliga a los municipios a garantizar que la gente no duerma en sus calles, en sus parques o en cualquier otro lugar público. Esta disposición entró en vigor este otoño. Sin embargo, a partir de enero, no hacerlo puede dar lugar a demandas costosas para los gobiernos locales, lo que podría llevar a la cárcel a quienes se encuentren en situación de calle.

Tanto en Estados Unidos como en Florida, la falta de vivienda está aumentando. Desde 2023, la cantidad de estadounidenses sin hogar ha aumentado en más del 18%, según un informe reciente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. En Florida, ese aumento anual fue de solo el 2%.

Cada noche, casi 17.000 floridanos duermen en público. De ellos, el 30% son mayores de 55 años, uno de los grupos demográficos de personas sin hogar de más rápido crecimiento, junto con las familias con niños.

Desde octubre, los municipios de Florida tienen la obligación de mantener a la gente fuera de las calles. Pero ahora, después de un período de gracia de tres meses, no hacerlo podría llevarse a los gobiernos locales a los tribunales.

¿Qué pasa ahora?

Antes de exigir a su gobierno local, los residentes deben notificar por escrito cualquier infracción de la prohibición estatal de acampar en espacios públicos a la junta directiva de su municipio, que suele ser una comisión del condado. El gobierno tiene entonces cinco días hábiles para tomar “todas las medidas razonables” para “subsanar” la supuesta infracción.

Si no lo hace, los residentes pueden llevar a su municipio a los tribunales. Los gobiernos, si son encontrados culpables, podrían ser obligados a abordar el problema o incluso podrían ser multados, dice Stephen Schnably, profesor de derecho de la Universidad de Miami que se especializa en personas sin hogar. También serán responsables de los gastos legales del demandante. Como la ley no ordena el pago de daños y perjuicios, quienes presenten demandas contra sus gobiernos no obtendrán ningún beneficio monetario.

“Esta ley quizás les da poder a las empresas o residentes que quieren que se haga una limpieza para básicamente obligarla a que se haga”, dijo Schnably, haciendo referencia a las limpiezas del gobierno que expulsan a las personas sin hogar de los espacios públicos ordenándoles que se vayan y, en algunos casos, llevándose sus pertenencias.

Steadman Stahl, presidente de la South Florida Police Benevolent Association, un sindicato que representa a más de 6,500 agentes de los departamentos de policía del sur de Florida, estuvo de acuerdo con el profesor. Cuando se le preguntó cómo cree que será la aplicación de la ley, Stahl predijo que los departamentos de policía locales darán a las personas sin hogar tantas advertencias como sea posible, las harán seguir su camino y tratarán de encontrarles una vivienda.

“Los arrestos”, dijo Stahl, “serían el último recurso”.

En una declaración escrita al Miami Herald, el Departamento de Policía de Miami-Dade señaló que la nueva ley “no crea un delito penal o civil” que las fuerzas del orden deben aplicar. Pero, dijo, las ordenanzas del condado permiten a la policía arrestar a las personas que ingresan sin permiso a una propiedad y no se van después de que las fuerzas del orden les hayan advertido que lo hagan.

Aun así, dijo Stahl, los cargos por allanamiento normalmente conllevan una pena de cárcel de 24 horas, lo que significa que los infractores podrían volver a estar en la calle al día siguiente.

Por su parte, el Departamento de Policía de la ciudad de Miami le dijo al Herald que priorizará la ayuda a las personas sin hogar para encontrar refugio. Solo si se niegan, dijo, los oficiales “evaluarán la situación” de tal manera que se priorice la “salud y seguridad pública”.

El problema es que actualmente no hay suficiente espacio en el sistema de refugios de Miami-Dade para dar cabida a toda la población sin hogar del condado.

El condado ya está saliendo de un agujero de crisis de vivienda a corto plazo de cara al nuevo año. Camillus House, uno de los refugios más grandes de Miami-Dade, fue reducido recientemente a más de la mitad de su capacidad de refugio de emergencia.

Y aunque el condado ha compensado esa pérdida proporcionando camas en otros lugares, su agencia para personas sin hogar, Homeless Trust, aún tiene un largo camino para recorrer hasta que pueda sacar a todas de las calles, dijo el presidente de la fundación, Ron Book.

Pero Book ve una luz al final del túnel de la falta de vivienda.

El Trust está trabajando para obtener la aprobación para 150 minicasas, capaces de albergar a 300 personas, y espera ponerlas en funcionamiento este año.

En los próximos meses, el condado abrirá un “centro de navegación” de emergencia con capacidad para albergar a 80 personas. Ubicado en Gladeview, el “centro de recepción”, como lo describe Book (un gran espacio interior con camas y baños) albergará a personas durante estadías cortas, de dos semanas o menos, mientras se encuentran otras opciones de alojamiento.

Otras opciones de vivienda, incluido un complejo en Overtown para albergar a 20 mujeres, aproximadamente cuatro docenas de camas en una iglesia de Riverside y un hotel en Cutler Bay remodelado con capacidad para albergar a 130 personas mayores de bajos ingresos, podrían liberar espacio en el sistema de refugios del condado para quienes aún viven en las calles.

Todo esto, subrayó Book, se está haciendo para evitar construir un campamento al aire libre.

El proyecto de ley 1365 de la Cámara de Representantes faculta a los condados a crear “campamentos”, espacios al aire libre designados en los que las personas sin hogar pueden vivir. En un memorando que circuló a principios de este año, la oficina de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó esos campamentos como “plagados de preocupaciones”, citando estándares de atención inadecuados, la exclusión de personas con problemas de abuso de sustancias y posibles problemas de seguridad derivados de la combinación de diferentes poblaciones de personas sin hogar.

“HB 1365 es una oportunidad para que mejoremos nuestro desempeño”, gritó Book desafiante en una reciente reunión de la junta directiva de Homeless Trust.

Esta historia fue producida con el apoyo financiero de patrocinadores como The Green Family Foundation Trust y Ken O’Keefe, en asociación con Journalism Funding Partners. El Miami Herald mantiene el control editorial total de esta obra.