Familias venezolanas piden justicia para los jóvenes heridos y detenidos tras las protesta

“Ahora dicen que aquí hay una guerra civil (…) Aquí no hay ninguna guerra civil, porque aquí se combaten ideas con balas. ¿Me entienden? Porque unas ideas no pueden amedrentar a un gobierno. Al contrario, señor: ¡Úselas!”. En el minuto que Liliana Gutiérrez pronunció estas palabras dirigidas al presidente venezolano Nicolás Maduro, su sobrino, Enyerson Ramos, de 18 años, estaba siendo atendido en una clínica de la ciudad venezolana de Valencia, tras recibir dos disparos, en el tórax y en el cuello, durante las protestas estudiantiles del martes 18 de febrero. En esa misma manifestación había sido herida Génesis Carmona, exreina de belleza, de 22 años, quien murió al siguiente día.

Aquella era la séptima jornada consecutiva de manifestaciones estudiantiles contra la gestión de Nicolás Maduro, que se han desarrollado simultáneamente en varias capitales del país y que aún continúan. Solo ese día ocho jóvenes fueron heridos de bala, en un estallido de violencia que los estudiantes y sus familias atribuyen a la intervención de bandas armadas, que habrían actuado por orden directa del gobernador del Estado.

“UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante. Diosdado (Cabello) dará la orden”, escribió el gobernador Francisco Ameliach el 16 de febrero en su cuenta de Twitter, ‏@AmeliachPSUV. Las UBCH son las Unidades de Batalla Hugo Chávez, dependientes del Partido Socialista Unido de Venezuela y ese el tuit al que se refiere Liliana Gutiérrez cuando interpela a las autoridades venezolanas para que investiguen de dónde provino el disparo que hirió a su sobrino y cuáles fueron las motivaciones políticas de quien apretó el gatillo: “No tenemos justicia. Aquí mandan, ordenan y todo queda impune y callado. Basta de ser tan mentirosos. Basta de (decirnos) fascistas, porque no somos ningunos fascistas. ¡Somos venezolanos! Venezolanos a los que nos duele todo lo que está pasando”, grita Gutiérrez a las cámaras.

También en Valencia algunos jóvenes detenidos durante las protestas han denunciado torturas de parte de la Guardia Nacional Bolivariana, la fuerza militar encargada de controlar el orden público. Golpizas, amenazas de muerte, choques eléctricos son algunas de las vejaciones descritas en los testimonios que han recabado las ONG venezolanas de derechos humanos entre las 506 personas que, según sus registros, han sido detenidas desde el comienzo de las protestas. De ellos, los peores martirios los habría sufrido el joven Juan Manuel Carrasco, el hijo de 21 años de Rebeca González, quien habla en el siguiente video.

“Mi hijo fue vilmente maltratado, humillado, violado, vejado por los del uniforme verde. No puedo creer que nuestras Fuerzas Armadas actúen como están actuando”, afirmó Rebeca González, también a las puertas de la clínica donde atendían las heridas de su hijo. Juan Manuel Carrasco fue detenido el 13 de febrero en una urbanización de clase media de Valencia y recluido en las celdas del Destacamento de Seguridad Urbana, en las afueras de la ciudad; al tercer día fue llevado ante un juez, que lo sentenció a 45 días de arresto domiciliario. “Quiero que ustedes vean los informes médicos. Mi hijo fue tratado como si fuera un perro (…) Ustedes me perdonan si grito, si digo, pero es que ya no puedo más”, dijo su madre a las televisoras locales al llevarlo al hospital. El 19 de febrero, el muchacho difundió una vez más la denuncia en la prensa internacional: mostró las marcas del maltrato -laceraciones en los hombros y los codos, hematomas en la espalda tan anchos como la palma de su mano-- y dijo haber sido abusado por los militares con el cañón de un fusil.

Tal y como le ocurrió a Carrasco, los estudiantes arrestados en otras ciudades del país permanecieron incomunicados entre 24 y 48 horas, sin que sus familiares o abogados, que se agolpaban frente a los centros de detención, tuvieran acceso a ellos. José Manuel Rincón, el padre de un estudiante de ingeniería de 19 años que lleva su mismo nombre, escuchó “por los caminos verdes” que su hijo estaba detenido en una brigada militar de Caracas pero al llegar al lugar, ningún funcionario le confirmó la noticia. Flor Madriz, madre del estudiante José Alejandro Pérez, de 19 años, denunció que a su hijo no le permitieron beber agua ni hacer una llamada durante las primeras 36 horas de su detención en un Regimiento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional en Caracas.

No fue sino hasta el viernes cuando el presidente Maduro respondió a estas denuncias. “En Venezuela no se tortura, ni se violan derechos y si algún funcionario se descubriera, investigamos al funcionario y se lo entregamos a la Fiscalía. Aquí se respetan los Derechos Humanos”, dijo, durante una conferencia de prensa con medios internacionales en Caracas. “Para torturar necesitas que alguien dé la orden. (…) Las órdenes que hemos dado son aplicar la ley y respetar a los ciudadanos”, agregó el presidente y aseguró tener “plena confianza” en la actuación de la Guardia Nacional y de la policía en el control del orden público. Ninguno de los oficiales presuntamente responsables de los abusos denunciados ha sido investigado por las autoridades venezolanas o suspendido de sus funciones.