Suicidio asistido: un debate vivo sobre la muerte

La muerte de la canadiense Susan Griffiths, los reclamos de la suiza Alda Gross y la irlandesa Marie Fleming, y el paso de una legislación sobre el suicidio asistido en Vermont han reflotado la polémica sobre este tema en las últimas semanas. Las encendidas discusiones han vuelto a poner sobre la mesa los argumentos de quienes consideran este acto como "el último derecho humano" y los que alertan sobre la amenaza de su aceptación sobre grupos vulnerables.

El suicidio asistido ocurre cuando una persona enferma o decidida a morir demanda la ayuda de otra para consumar la acción. Este apoyo en el momento final puede venir de la mano de un familiar, un amigo o de un profesional de la medicina, que prescribirá las drogas necesarias para provocar el fallecimiento del paciente. La diferencia esencial con respecto a la eutanasia reside en la voluntad expresa del suicida, que por voluntad propia da luz verde al fatal tratamiento.

Aunque el debate sobre el suicidio asistido ha tomado fuerza en décadas recientes, en las antiguas Grecia y Roma la muerte voluntaria se aceptaba como una solución válida a la extensa agonía. No obstante, el famoso Juramento Hipocrático, base de la ética médica occidental, prohibía la prescripción de drogas terminales o cualquier tipo de tratamiento para acelerar el fallecimiento.

Morir con diginidad

El deceso de la canadiense Gloria Taylor en octubre pasado no cerró el proceso legal iniciado por los defensores del derecho a morir en la Columbia Británica. Esa disputa, que obligó al gobierno conservador de Ottawa a apelar una decisión de las cortes de esa provincia, podría extenderse durante los próximos meses hasta ascender a la Corte Suprema. Taylor sufría de una esclerosis lateral amiotrófica –conocida también como enfermedad de Lou Gehrig--, un padecimiento neuromuscular degenerativo.

La historia de Taylor precedió el desenlace del drama vivido por Susan Griffiths, una canadiense aquejada desde hacía dos años de atrofia multisistémica, un síndrome neurológico similar a la enfermedad de Parkinson. Griffiths viajó en abril pasado a una clínica especializada en Suiza, el único país del mundo que acepta el suicidio asistido para no residentes. Antes de partir envió un mensaje al parlamento de Ottawa con el fin de reabrir el debate sobre este tema y adoptar nuevas leyes, que permitan a los canadienses obtener asistencia médica para morir dignamente.

Los casos de Taylor y Griffiths han impulsado una nueva discusión sobre la existencia de pacientes atacados por enfermedades degenerativas o con pronósticos definitivos a corto plazo, lo cual justificaría la decisión de morir para evitar el dolor físico y el deterioro mental. Sin embargo, la voluntad de suicidarse ante la pérdida progresiva de capacidades a causa de la vejez abriría otra difícil interrogante.

La suiza Alda Gross ha tratado de acabar con su vida desde hace ocho años. Después de haber fallado en un intento de suicidio en 2005, esta octogenaria mujer ha acudido en vano a profesionales de la salud del país helvético. Como no padece ninguna enfermedad terminal, los médicos se niegan a suministrarle alguna droga para apurar el desenlace de su lento, pero natural deterioro.

El pasado 14 de mayo la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, exhortó a la Justicia Suiza a aclarar el alcance de las leyes vigentes sobre el suicidio asistido. En esa nación centroeuropea el Código Penal solo condena a prisión a quienes incitan a otras personas a suicidarse, empujados por “razones egoístas”. No obstante, los galenos suizos suelen ofrecer ese servicio solo a los pacientes con un diagnóstico inexorable.

Derecho a morir vs. efecto dominó

Los promotores del derecho al suicidio asistido y la eutanasia demandan a los gobiernos el reconocimiento de un hecho: para algunas personas la vida carece de sentido a causa del sufrimiento físico y la pérdida de su dignidad como seres humanos. Según el sitio canadiense ethics-euthanasia.ca, “el deseo de un enfermo terminal de morir no es solo una cuestión de dolor, sino también de calidad de vida.” La prolongación de los días gracias a los llamados cuidados paliativos o la posibilidad de sobrevivir mientras se soporta una discapacidad durante años, no serían razones suficientes para coartar el derecho a decidir sobre el destino de su propio cuerpo, afirman los autores de esta web.

En uno de los casos más sonados en Canadá, Sue Rodríguez se cuestionó en un video sobre el poder de las autoridades sobre su persona. “Si no puedo dar el consentimiento para mi propia muerte, ¿A quién pertenece mi cuerpo? ¿Quién es el dueño de mi vida?”, interrogó. Como Gloria Taylor, Rodríguez padecía esclerosis lateral amiotrófica. Tras la decisión de la Corte Suprema de Canadá contra su petición de aceptar el suicidio asistido en 1993, esta residente en la Columbia Británica se quitó la vida con la ayuda de un médico no identificado al año siguiente.

Del otro lado militan fundamentalmente grupos vinculados con la Iglesia Católica y otras tendencias religiosas, además de defensores de los derechos de las personas discapacitadas. El argumento fundamental de este campo se resume en las consecuencias del llamado “efecto dominó”: la aprobación de legislaciones favorables al suicidio asistido en el caso de enfermos terminales provocaría una cascada de normas similares que alcanzarían a grupos vulnerables como los discapacitados y las clases con dificultades económicas y acceso limitado a los servicios médicos.

La organización británica Care Not Killing estima que “incluso en una sociedad democrática hay límites para la libertad humana y la ley no debería ser cambiada para acomodarse a los deseos de un pequeño número de personas desesperadas y decididas.” Este grupo teme el incremento de las muertes asistidas tras el paso de una nueva legislación al respecto.

Los estudios estadísticos sobre el efecto de las leyes vigentes en cuatro países europeos y tres estados estadounidenses difieren según la fuente, aunque en general no hay indicios de un aumento notable de la tasa de mortalidad entre grupos vulnerables de estas regiones. En Suiza se reporta un incremento de los casos de 43 en 1998 a cerca de 300 hace tres años, pero la mayoría eran personas afectadas por el cáncer o enfermedades degenerativas.

¿En qué países es legal el suicidio asistido?

Bélgica: los pacientes deben sufrir una enfermedad terminal y haber sido tratados por los médicos durante mucho tiempo. La decisión final sobre el caso debe ser aprobada por al menos dos profesionales de la salud.

Luxemburgo: La eutanasia y el suicidio asistido se legalizaron en 2009.

Países Bajos: La eutanasia y el suicidio asistido por un médico están regulados por una normativa en vigor desde 2002. Los pacientes deben expresar su voluntad de fallecer, sin que en esa decisión haya infludo algún tratamiento con medicamentos. El procedimiento final debe ser consultado con otro miembro del equipo médico.

Suiza: El código penal exime de culpas a quienes asistan a una persona que desee morir, si esta ayuda no se sustenta en intereses egoístas. No se requiere la presencia de personal médico para ejecutar el suicidio no se exige que los pacientes sean residentes en Suiza.

Estados Unidos: Los estados de Oregón, Washington, Montana y Vermont han aprobado legislaciones locales que, bajo determinadas restricciones, aceptan el suicidio asistido.

En otros países como México (D.F., Aguascalientes y Michoacán) se acepta la desconexión del apoyo vital o la interrupción del tratamiento en pacientes con una enfermedad terminal, lo cual se reconoce como “eutanasia pasiva”.