Alcalde de izquierda de Bogotá ante demanda que le puede costar su cargo

El alcalde de Bogotá, el ex guerrillero Gustavo Petro, enfrentará este martes ante el Consejo de Estado una demanda judicial que podría hacerle perder el cargo, más de 20 años después de haberse desmovilizado y de haber iniciado una actividad política legal. "El alcalde estará presente en la audiencia ante el Consejo de Estado. No va a hacer ninguna declaración sobre el tema hoy (lunes)", dijo a la AFP Jorge Fontanilla, vocero de la alcaldía. Petro, de 52 años, enfrenta una demanda que apunta a inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, esgrimiento una condena judicial en su contra de sus tiempos de guerrillero. El 1 de enero pasado, Petro asumió el segundo puesto político en importancia de Colombia, país aquejado por un conflicto armado de medio siglo, ilustrando el impacto político que puede llegar a tener un guerrillero que benefició de una amnistía. Desde la desmovilización en 1990 de la guerrilla nacionalista de izquierda Movimiento 19 de Abril (M-19), de la que fue militante, se desempeñó como diputado y senador en varias ocasiones, y fue candidato a la presidencia en 2010. El caso es inédito para la justicia colombiana, pues se trata de una demanda de pérdida de investidura como congresista, cargo que dejó de ejercer hace dos años, explicó a la AFP el jurista José Gregorio Hernández. "Lo que se le pide al Consejo de Estado es que analice si cuando Petro fue congresista se posesionó con una inhabilidad política o si por el contrario se posesionó de acuerdo a derecho", señaló el experto. Se deberá dilucidar si la amnistía concedida al M-19 amparó a Petro también en la condena de 1985 a 18 meses de prisión por porte ilegal de armas. "Petro fue cobijado por un indulto respecto a los posibles delitos cometidos cuando era guerrillero. Creo que por definición un guerrillero porta armas y no pide salvoconducto. Me parece que en este caso no existe propiamente una causal para la pérdida de investidura", opinó Hernández. "Es importante que el Consejo de Estado establezca si es posible determinar una pérdida de investidura para cargos ejercidos en el pasado, pues declarada a posteriori no tendría otro sentido que condenarlo a la 'muerte política'", dijo Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, al evocar la posibilidad de que se decrete una inhabilidad que le impida seguir ejerciendo como acalde. El Consejo de Estado es la máxima instancia de justicia administrativa en Colombia. Está previsto que este martes reciba en audiencia pública a las partes, para que luego se redacte un proyecto de fallo que deberá ser votado en sala plena. Aunque no hay un plazo estipulado para el fallo definitivo, se cree que el proceso puede terminar en unos 30 días, indicó una fuente del Consejo de Estado. La demanda contra Petro fue presentada por Orlando Parada, un concejal por Bogotá del partido de La U (oficialista, de derecha) que en el pasado intentó sin éxito impedirle al exguerrillero la postulación presidencial de 2010 y su candidatura a la alcaldía capitalina al año siguiente. Para el politólogo León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arcoiris, que estudia el conflicto armado de Colombia, y él mismo un ex guerrillero del guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), el trasfondo en la demanda contra Petro "es un ambiente que crece en oposición a los procesos de paz, incluso los del pasado". "Se les ataca en todos los campos: el político y el judicial. Petro es un símbolo de esos procesos de paz, porque es el dirigente que ha llegado más lejos", afirmó Valencia a la AFP. La demanda contra Petro ocurre en medio de tensiones políticas debido a la aprobación en el Congreso de una iniciativa conocida como "marco legal para la paz" que permitiría futuros diálogos con las guerrillas aún activas en Colombia, así como la suspensión de penas para sus comandantes. Gustavo Petro, el 30 de octubre de 2011 en Bogotá. Petro, acudirá el 24 de julio ante el Consejo de Estado para enfrentar una demanda de pérdida de investidura que al cabo de 20 años de actividad política legal pone en entredicho su cargo en la capital colombiana.