Zoques temen que cancelación minera no sea definitiva

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JUCHITÁN, Oax., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Si algo comparten las autoridades municipales de San Miguel Chimalapa y el Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas, es la duda sobre si el gobierno federal o de "la Cuarta Transformación", canceló la concesión que permitía por 50 años la explotación minera a cielo abierto de yacimientos de cobre mezclado con oro y plata en La Cristalina, o solamente rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó la empresa Minaurum Gold.

En 2008, en los tiempos en que Felipe Calderón era presidente de México y Ulises Ruiz gobernador de Oaxaca, esta compañía canadiense recibió la concesión para explorar y explotar una superficie de 7 mil 310 hectáreas, en un polígono llamado Santa Martha; poco después, cuando los comuneros zoques se enteraron, expresaron su rechazo mediante tomas del paraje.

El pasado miércoles 11 de noviembre, 12 años después de que se otorgó la concesión, el gobierno municipal de San Miguel Chimalapa emitió un ambiguo comunicado tras reunirse con la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores. En dicho documento acordaron "unir esfuerzos para no permitir los trabajos de minería en las zonas concesionadas, y en su lugar, fomentar la preservación del ambiente con un proyecto alterno de ecoturismo.

Dicho comunicado provocó dudas y confusiones en el Istmo de Tehuantepec, donde hay una férrea resistencia a la minería a cielo abierto, por ejemplo en municipios como Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, Ciudad Ixtepec, Santiago Laollaga y La Ventosa, Juchitán, que desde hace años han mostrado su rechazo a la minería, pues consideran que contamina ríos y suelos.

"No sabemos si el gobierno de AMLO canceló la concesión minera. Nosotros vamos por la cancelación definitiva de esa concesión y no vamos a parar hasta lograr esa demanda", responde ante la duda el presidente municipal de San Miguel Chimalapa, Francisco Sánchez Gutiérrez.

Ni si quiera el oaxaqueño Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), quien participó en el encuentro del miércoles en la Ciudad de México sabe a ciencia cierta el alcance del anuncio. Explica que quizá fue una negativa de la Semarnat a la MIA que presentó la minera; pero asegura que si en el corto plazo se presenta otro estudio, se analizaría siempre desde la perspectiva favorable de los intereses de las comunidades indígenas.

Durante la reunión, se coincidió que él encabece un proyecto ecoturístico alterno a la mina que contemple costos y tiempos en la zona de influencia del río La Cristalina. Al respecto Regino Montes asegura que ratificó la voluntad del presidente López Obrador, en el sentido de que este gobierno no emitirá ninguna concesión minera y que respetará el territorio y los recursos naturales de las poblaciones indígenas.

Tras conocer el comunicado, donde la Semarnat y el INPI afirmaron que seguirán "trabajando por el bienestar de los zoques", el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas expresó inicialmente su reconocimiento "a la justa lucha en defensa de la madre tierra", pero horas después, surgieron las dudas. "No sabemos si se canceló la concesión", reconocen.

A partir de esas dudas, el coordinador del comité, Miguel Ángel García Aguirre, indica que solicitarán a la Semarnat que informe con detalles si negó la MIA a la empresa minera y que, además, explique el sentido de su resolución. "No queremos que sea una tomadera de pelo o que quieran pactar un proyecto ecoturístico a cambio de la instalación minera a futuro", dice.

García Aguirre, destaca que que en Zanatepec, Tapanatepec, Ciudad Ixtepec, Laollaga y La Ventosa hay un poco más de 50 mil hectáreas concesionadas desde 2008 y por más de 50 años a compañías canadienses interesadas en el cobre, la plata y el oro de esas tierras, "sin que a ninguna autoridad le interese la contaminación de nuestros ríos".

Tan sólo la empresa Minaurum Gold, proyecto del que aún no se define su cancelación definitiva en La Cristalina arrojaría sus sustancias tóxicas a los ríos La Cristalina, Ostuta y Espíritu Santo, que nacen en la parte alta de la selva zoque, conocida como Cerro Atravesado. "Es por esa razón que vamos a defender nuestro territorio", advierte Francisco Sánchez Gutiérrez, el edil de San Miguel Chimalapa.