Las "zonas de sacrificio medioambiental" en Chile buscan respiro en una nueva Constitución

Natalia A. Ramos Miranda
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Por Natalia A. Ramos Miranda

SANTIAGO, 22 dic (Reuters) - Cuando Chile votó en octubre para reemplazar la Constitución redactada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, los residentes de las llamadas "zonas de sacrificio medioambiental" fueron algunos de los más firmes partidarios del cambio.

En pequeñas ciudades del norte, centro y sur del país marcadas hace décadas por intensa actividad industrial con centrales termoeléctricas, faenas mineras, puertos y fundiciones, entre otras, la votación por el "Apruebo" en el plebiscito de octubre llegó al 80% e incluso superó el 90%, por encima del resultado nacional de 78,28%.

Esos lugares albergan a unos 200.000 chilenos. Y residentes, activistas y académicos que han estudiado la contaminación en esas áreas dicen que sucesivos gobiernos han antepuesto el desarrollo industrial del país a su salud y que una nueva Constitución podría solucionar estos problemas.

"Es el cansancio de nuestra comunidad por todas las expresiones de injusticia social e injusticia ambiental de las que somos víctimas desde hace más de 50 años, absolutamente abandonados por un Estado negligente", dice Carolina Orellana, portavoz de una asociación de mujeres en la zona industrial de Quintero, en la región central del país.

"Y es un llamado para comenzar a hacer una zona de recuperación y para que dejemos atrás el estigma de zona de sacrificio, con toda la vulneración y pobreza que conlleva".

La Constitución actual, promulgada en 1980 durante la dictadura militar pero sometida a varias reformas, establece "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" y el deber del Estado de velar por eso. Sin embargo, la directora de la ONG Oceana, Liesbeth van der Meer, dice que en la práctica eso es muy distinto.

"¿Por qué hay industrias que contaminan en la forma en que contaminan? No puede haber empresas que lancen metales pesados a la bahía de Ventanas o relaves al océano cuando hay actividades de pesca", como en Huasco, señala, asegurando que la clave es "cómo hacer para que el derecho de propiedad tenga incluido el cuidado medioambiental y el de las futuras generaciones".

Claudia Fuentes, responsable de proyectos de descarbonización de la ONG Chile Sustentable, dice que el dilema es cómo se define algo libre de contaminación. "Si no hay normas como por ejemplo para arsénico o compuestos orgánicos volátiles, porque no hay normas para todos los contaminantes, es como si ésta no existiera".

Para activistas y ONGs es fundamental fortalecer el sistema de vigilancia ambiental y mejorar la transparencia sobre fuentes contaminantes. Un tema crítico, agregan, es modificar las reglas sobre acceso al agua en Chile, donde se permite que privados soliciten derechos sobre su uso y extracción.

Hasta ahora, sin embargo, el texto de una nueva carta magna es especulativo y sólo comenzará a delinearse cuando en abril sean elegidos los 155 asambleístas que la redactarán, que requerirán alcanzar amplias mayorías de dos tercios para aprobar su contenido. Y el nuevo texto será luego sometido a un plebiscito aprobatorio.

Pero mientras Chile lucha por reactivar una economía golpeada por el coronavirus, salvaguardar los empleos y el papel de las industrias productivas también es fundamental, dicen ciudadanos y líderes empresariales.

Hace poco, la agencia Fitch señaló que la discusión constitucional en Chile podría llevar a posponer inversiones y que uno de los aspectos a evaluar era cómo podría conducir a nuevas políticas ambientales y requisitos más estrictos para las empresas.

MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO

Activistas y ONGs identifican cinco zonas de sacrificio en Chile. En el norte Mejillones, con industrias, pesca y puerto; Tocopilla con termoeléctrica y minería y Huasco, con una planta de pellets y termoeléctricas. El parque industrial de Quintero-Puchuncaví-Ventanas en el centro y, al sur, Coronel, que fue productor de carbón y hoy tiene industria y termoeléctricas.

Pero hay otros pequeños municipios donde también arrasó la opción "Apruebo", como Petorca, un centro productor de aguacates y escenario de constantes tensiones por el acceso al agua.

Las zonas de sacrificio volvieron a quedar expuestas a mediados de 2018 cuando cientos de personas resultaron intoxicadas en la zona de Quintero, que alberga una docena de industrias como la fundición y refinería de cobre de la estatal Codelco, una terminal petrolera de la estatal ENAP y una termoeléctrica de la privada AES Gener, entre otras.

La justicia aún investiga a ENAP por emisiones tóxicas desde su terminal marítimo y su responsabilidad en los sucesos de 2018. A raíz de este episodio, el año pasado el presidente Sebastián Piñera pidió "disculpas" en la cumbre climática en Nueva York y la Corte Suprema acogió recursos de protección en favor de ciudadanos y ordenó acciones al respecto en ese lugar.

"Vivir en esta zona de sacrificio implica todo el daño de las emanaciones del cordón industrial. Todo eso ha ido en aumento a medida que pasan las décadas y las personas siguen expuestas a los contaminantes", dice Carolina Orellana.

Enap dijo a Reuters que "como empresa debemos respetar la voluntad de los chilenos y los cambios que se vayan adoptando en el marco de una nueva Constitución", asegurando que colabora con la estrategia chilena de carbono neutralidad y que tiene proyectos ambientales por unos 350 millones de dólares para varias zonas.

Codelco y AES Gener declinaron comentar sobre las zonas de sacrificio y el resultado del plebiscito.

El exministro de Medio Ambiente de Chile, Marcelo Mena, dijo que la necesidad de frenar el impacto del cambio climático debería reflejarse en la futura carta magna. Esto incluiría reequilibrar el acceso al agua de residentes y empresas en el país sudamericano, afectado actualmente por una dura sequía, y salvaguardar los glaciares, un importante barómetro del cambio climático.

Sandra Cortés, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, lideró un reciente estudio en Tocopilla, Huasco y Mejillones, a pedido de Chile Sustentable, sobre mortalidad y atención hospitalaria de enfermedades respiratorias, circulatorias, cerebrovasculares y tumores asociados a combustión de carbón.

Entre otros hallazgos, el estudio determinó que en Huasco el riesgo de morir por una enfermedad cerebrovascular es 281% mayor que en el resto del país y en Tocopilla el de muerte por tumores en la tráquea, bronquios y pulmón es 172% más elevado.

Por eso, dijo que una nueva Constitución debe asegurar "el derecho a tener un entorno verdaderamente libre de contaminación" y garantizar un acceso universal de salud, considerando que gran parte de la población de las zonas afectadas depende del recargado sistema público.

En enero de este año ante el Congreso, consultada sobre las zonas de sacrificio, la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt pidió perdón a las familias afectadas por la contaminación que han soportado durante décadas.

"Las familias que viven en las zonas de sacrificio que por más de 50 años han estado expuestas a contaminación, como las de Concón, Quintero y Puchuncaví, no confían en los políticos, no confían en el Estado y tienen razón en no confiar", dijo.

Schmidt señaló que ya estaban vigentes un programa de descontaminación que limita las emisiones y planes de emergencia que ya habían reducido en un 58% las alertas emitidas cuando los niveles de contaminación superan la norma acordada.

El Ministerio de Medio Ambiente no respondió a consultas de Reuters.

Chile planea cerrar hasta 2040 la treintena de plantas termoeléctricas a carbón que operan hoy y que representan poco más de un tercio de su generación eléctrica. Los vecinos a ellas quieren acelerar los cierres y el Congreso debate una ley sobre eso, pero el gobierno señala que los plazos no pueden adelantarse para no poner en peligro la estabilidad energética.

Y también debido a que, en las llamadas zonas de sacrificio, las industrias muchas veces son la mayor fuente de empleo.

En Huasco, localidad costera junto a un valle famoso por sus olivos, el cierre de las termoeléctricas a carbón está programado para 2040. Y la planta de pellets del grupo minero y siderúrgico CAP sólo dejará de lanzar relaves al mar dentro de unos años mientras construye un depósito en tierra.

"Acá nos instalaron esas empresas que causaron mucho daño, pero vemos que ahora nos quedaremos sin trabajo", dice Daniel Díaz, activista ambiental y ahora miembro del concejo municipal de Huasco, asegurando que se requieren inversiones, subsidios y actos de reparación que permitan delinear el futuro.

(Reporte de Natalia Ramos, editado en español por Gabriela Donoso)